Las finanzas de las Farc son un tema vedado

Nadie sabe con ciencia cierta si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tienen una gran cantidad de dinero oculto o sus finanzas son acomodadas para sobrevivir con la economía de la guerra, como los mismos miembros del equipo negociador de esa guerrilla en los diálogos de paz con el Gobierno en La Habana, Cuba, lo han reiterado.

Es de entero conocimiento por parte de la opinión pública colombiana, que la revista británica The Economist publicó un informe en el cual calculaba la fortuna de las Farc. La prestigiosa publicación informó que la riqueza del grupo subversivo podía superar los 10.500 millones de dólares, o sea, unos 33 billones de pesos.

Esa cifra escandalosa pone a los rebeldes en una situación embarazosa porque, además, de justificar su procedencia (la cual seguramente incluye asaltos o robos, secuestros, extorsiones, vacunas, cobros de peajes por droga y el mismo narcotráfico), tendrían que aportar parte de mencionado capital para indemnizar a sus víctimas en el conflicto, lo cual no quieren aceptar, porque sugieren que eso debe hacerlo el Estado.

El tema puso a hablar al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se encontraba fuera del país y los periodistas internacionales le indagaron sobre el asunto. Se dice que eso lo molestó, porque el Mandatario no esperaba la difusión de esa información. Además el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, salió inmediatamente a desmentir el artículo. En su cuenta de Twitter aseguró: “Qué pifia la The Economist. Debiera revisar sus fuentes y no creer en cuentos sobre fortunas imaginarias de la insurgencia”.

Luego se supo que la información al diario inglés la suministró Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), quien tuvo que reconocer que se reunió con la corresponsal de la revista extranjera en Colombia. Algo que no sabían ni el Presidente Santos, ni los miembros del equipo negociador del Gobierno y la guerrilla en La Habana. Eso le costó el puesto al destacado funcionario público.

El caso es que el Gobierno, muy contrariado, consideró que esa indelicadeza de Suárez, pudo poner en riesgo las conversaciones en Cuba y para que las Farc estuvieran tranquilas y sin la presión del espinoso tema de sus finanzas, prefirió salir del alto funcionario.

El Gobierno aclara el caso

La UIAF emitió dos comunicados para aclararle a las Farc y la opinión pública la situación. Este es el primero:

«Comunicado de prensa

Sobre la entrevista concedida a The Economist

Bogotá, 23 de abril de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), informa que el pasado 3 de marzo de 2016 el director de la entidad, Luis Edmundo Suárez, concedió una entrevista off the record a la corresponsal de The Economist en Colombia, una condición que durante estos cinco años ha sido política de la entidad para recibir a los medios de comunicación.

Aunque el interés de la periodista, entre otros temas, era conocer datos concretos sobre las finanzas de las Farc, la UIAF fue enfática en explicarle a la comunicadora que “la Unidad no había podido obtener resultados concluyentes que permitieran dar cifras confiables sobre este tema”.

Concretamente, se le aclaró que “no existe un estudio válido sobre las finanzas de las Farc”, tal y como se informó en el comunicado publicado el pasado 19 de abril en la página web de la UIAF. En ese contexto, se mencionó un rango de cifras sin validez técnica.

Así se le hizo saber a la periodista durante la entrevista, bajo la presunción de buena fe y en el marco de la autorregulación periodística.

Es importante aclarar que dada la naturaleza especulativa de estas cifras, la UIAF no las había compartido con el Gobierno Nacional.

Con respecto a la entrevista concedida, ni el Presidente de la República ni el Ministro de Hacienda tuvieron conocimiento de forma oportuna. Solo hasta el día de ayer se les informó sobre los hechos ocurridos.

Ante las circunstancias descritas, el Director de la UIAF ha presentado renuncia ante el Señor Presidente de la República».

Pero luego sacó una segunda comunicación, en la que reiteraba que la citada entidad estatal no tenía estudios o informe sobre las finanzas de las Farc:

El artículo que generó la polémica

Este es el artículo de The Economist que puso en alerta a los hombres de las subversión:

«Las finanzas de las FARC: Dinero poco gracioso

El gobierno colombiano quizá nunca pueda ponerle la mano a las ganancias ilícitas de la guerrilla.

Cuando el gobierno de Colombia y el grupo rebelde FARC no cumplieron con el plazo autoimpuesto del 23 de marzo para firmar un acuerdo de paz, los principales puntos de fricción fueron cómo desmovilizar a 6.500 combatientes de las FARC y cómo sería ratificado el acuerdo. Ambas partes expresaron su confianza en que un acuerdo que pone fin a su lucha de medio siglo se firmará a finales de 2016.

Una cuestión polémica que ya no está en el orden del día es el dinero. En su momento de mayor fortaleza, a finales de 1990 y principios de 2000, las FARC tenían 18.000 combatientes y un cofre de guerra rebosante de dinero en efectivo producto de la extracción de oro ilegal, extorsión, secuestro y el tráfico de drogas. Las estimaciones de los ingresos anuales de las FARC oscilan entre $ 200 millones y $ 3,5 mil millones. Desde entonces, la fortuna de las FARC se ha desvanecido, tanto en el campo de batalla como en el banco. Sus finanzas “no son lo que eran hace 15 años”, dice un funcionario del gobierno.

Sin embargo, el grupo puede haberse aferrado a gran parte de su botín. De acuerdo con un estudio no publicado por analistas del gobierno, incluso después de pagar para mantener a sus combatientes las FARC todavía tenían activos por valor de $ 10,5 mil millones en 2012. En las negociaciones de paz que han tenido lugar en La Habana el gobierno trató de obtener parte de ello para compensar a las víctimas de los crímenes de las FARC. Después de más de un año de discusiones, las FARC acordaron “contribuir a la reparación material de las víctimas”, pero afirmaron asimismo que estaban en la ruina.

“El gobierno es bienvenido a hacerse cargo de nuestras cuentas bancarias en el extranjero”, dijo el principal negociador de las FARC, Iván Márquez, en una entrevista con la BBC. “Pero no tenemos ninguna.” Nadie conocido por su vinculación con las FARC (o el ELN, un grupo guerrillero más pequeño con el que el gobierno va a sostener conversaciones) se encuentra entre los 850 colombianos cuyos nombres figuran en los“Panama Papers“, documentos filtrados que revelan la riqueza oculta de miles de clientes de una firma de abogados con sede en Panamá (ver artículo). Márquez está, sin duda, feliz de que los principales negociadores del proceso de paz por parte del gobierno -Humberto de la Calle, que dirige las negociaciones con las FARC, y Frank Pearl, que maneja el ELN- aparezcan en dichos documentos. Ambos dicen que las compañías offshore que establecieron eran legítimas, que las autoridades fiscales colombianas estaban informadas, y que ya no están activas.

Proceso de paz de Colombia, en los gráficos

Analistas financieros creen que gran parte del tesoro de las FARC, sus orígenes criminales disfrazados, se invierte el interior de Colombia, en empresas de transporte, en propiedades rurales e incluso en el mercado de valores. Alguna parte probablemente ha sido escondida en el extranjero, en Costa Rica, Venezuela y Ecuador, así como en Panamá. Agentes anti-lavado de dinero en las empresas colombianas temen que una parte de este dinero regresará al país después de que el acuerdo de paz finalmente se firme. De acuerdo con una encuesta realizada en 2015 por Lozano Consultores, una empresa de consultoría, el 61% de los funcionarios bancarios en el área de cumplimiento de las normas se sentía mal preparado para identificar y reportar dicho dinero al gobierno.

Un acuerdo de paz no va a disuadir a las autoridades de tratar de localizar los activos de las FARC. Bajo las leyes de Colombia, pueden confiscar las fortunas de las personas que misteriosamente se enriquecen, hasta que puedan justificar su riqueza. Pero es poco probable que los investigadores encuentren mucho. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen calcula que, a nivel mundial, los gobiernos detectan sólo 20 centavos por cada $ 100 de dinero lavado. Es una pena. El costo de implementar cualquier acuerdo de paz, que incluye el pago para el desminado y para la infraestructura, es probable que esté entre $15 mil millones- $30 mil millones de dólares en un periodo diez años. La fortuna oculta de las FARC podría pagar una gran parte de ello».