Desde mediados del siglo XIX en Europa se empezó a hablar del CUARTO PODER, atribuyéndole a la prensa una dimensión equiparable a los tres pilares de la democracia, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Tan solo cuando se ha sido víctima de esta fuerza incontenible e invisible, es posible entender la dimensión de este fenómeno que en el mundo moderno cada vez toma más espacios, y si bien hemos visto como a través de los mismos medios se protegen las libertades ciudadanas, también hemos presenciado la debacle de la moralidad a manos de aquellos que de manera irresponsable aprovechan la libertad de prensa para violentar, vulnerar y amenazar otras garantías y derechos constitucionales que nos protegen a todos como personas dentro de un estado de derecho.
Pero este llamado cuarto poder nos ha puesto en jaque a todos, a los ciudadanos y a los verdaderos poderes públicos, pues enarbolando la bandera de la libertad de prensa, cada día nos hemos llenado de información que, a la velocidad de la luz, circula por la internet, la televisión, la radio y la poca prensa escrita que aún queda.
Todos los poderes públicos se someten a la regla de los pesos y los contrapesos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y protegen a los ciudadanos de los abusos, pero ¿qué pasa con este monstruo que hemos creado?, quien lo controla?, ¿quién puede contra un medio de comunicación que se empeña en destruir la hora y el buen nombre de aquellos que no profesan su misma línea o corriente política, religiosa, económica, moral, etc.?, ¿O que no pauta en sus espacios?, ¿Quién vigila que los medios de comunicación no sean vehículos de promoción de la corrupción?.
Nuestro ordenamiento jurídico ha analizado en diferentes oportunidades estas relaciones de poder y exige que se cumplan unas condiciones para poder alegar la libertad de prensa en dos sentidos, frente a la generación de opinión y frente a la información, exigiendo de esta última parámetros de veracidad e imparcialidad y de la primera predicando que se deben cumplir estos parámetros cuando la opinión se fundamente en hechos los cuales deben estar revestidos de tales condiciones.
Pero no basta con que el poder judicial proclame a voz en cuello las condiciones para que los medios puedan publicar información, en mi caso particular y en mi calidad de víctima del cuarto poder, hoy veo como impunemente mi honra y buen nombre no solamente continúa siendo mancillados por la prensa, sino como que se aprovecha mi nombre para enriquecer las arcas del medio, que, cuando carece de información para llenar sus escasas páginas por falta de investigación, publican alguna nota, cargada de imprecisiones y de odio para vender más ejemplares.
No han bastado la infinidad de acciones iniciadas ante la Fiscalía General de la Nación para obtener la protección de mis derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, no han bastado las acciones de tutela, las solicitudes de rectificación, entre otras, procurando poner en conocimiento de la justicia que EL MERIDIANO DE CÓRDOBA ha faltado a la verdad, a la ética y la moral que debe revestir la profesión, y mientras me ha hundido en la burocracia y formalidades; se regodea en su mismo medio de comunicación de sus tristes triunfos por la inoperancia de nuestro aparato judicial.
No hay que cesar en la tarea de obtener la protección de los derechos. No es posible que los medios actúen fuera de la Ley, y que ante los ojos de las autoridades se me sigan vulnerando mis derechos fundamentales. Continuaré en la defensa dentro del marco del estado social de derecho, nunca por fuera de la Ley, aunque con los constantes embates vea como mi condición de víctima solo se refuerza y como día a día soy expuesto hasta en mi seguridad, por no aceptar el velado soborno de pagar para que publiquen de mí tan solo loas y felicitaciones.
Ante la fiscalía General de la Nación, todos los que hemos sido víctimas del cuarto poder debemos pedir el reconocimiento de nuestra condición a la luz de la declaración sobre los principios fundamentales de la justicia para víctimas del delito y del abuso de poder proclamada el día 29 de noviembre de 1985 por la resolución 4034 de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas: “ Se entenderá por «víctimas» las personas que, individualmente o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.”
Invito a todos los que nos encontramos en esta situación de víctimas del cuarto poder a no parar en la búsqueda de las acciones para que legalmente sean acallados los victimarios, para que sean condenados penal y civilmente a responder por sus actos, pero también invito a los lectores para que asuman su responsabilidad ante la información. No es suficiente con que a los medios se les exija, mientras que el lector consuma sin distingo ni análisis y se alimente de la sangre que cubre las páginas de todos los medios.
