El Consejo Nacional Electoral (CNE), con ponencia del magistrado Renato Contreras, decidió el 18 de febrero de 2020 abrir investigación administrativa y formular cargos contra Gustavo Petro Urrego, la gerente de su campaña a la Presidencia, Blanca Inés Durán, el Auditor, Dylan Fabián Fragua, y al partido Mais por la utilización de fuentes de financiación prohibidas durante la campaña presidencial de 2018.
La decisión del Tribunal se tomó por cuenta de tres aportes a la campaña del año 2018 de personas que en ese momento desempeñaban funciones públicas, lo que está prohibido por la ley electoral.
El auto dice textualmente: «En el informe de ingreso y gastos» de la campaña de Petro en la primera vuelta presidencial «hay relacionadas tres personas que al momento de realizar contribuciones o donaciones desempeñaban funciones públicas».
La indagación preliminar se dio por una denuncia sobre supuestos aportes irregulares de una empresa de capital venezolano (Sociedad Monómeros S.A.) a la campaña petrista, pero el CNE no encontró evidencia sobre ese tema.
Para llegar a esta decisión, el CNE solicitó información a la Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Agencia Nacional de Contratación Pública, en la cual encontró que los servidores públicos habrían aportado a la campaña de Petro, lo que constituiría una supuesta falta a las normas electorales.
De ser declarado responsable de la supuesta irregularidad, el senador Petro podría ser sancionado con una multa de hasta $134 millones.
En la misma decisión, el tribunal electoral remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia para que actúe en lo pertinente, tomando en cuenta que esa instancia es la encargada de procesar a los congresistas.
Por su parte, Petro, en su defensa, dijo que que la investigación «es porque una profesora donó a la campaña 95.000 pesos».
Recordemos que en el 2013 Petro fue sancionado para ejercer cargos públicos por 15 años, a raíz de la crisis de las basuras en Bogotá cuando fue Alcalde de la Capital, decisión tomada por el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, pero se declaró perseguido político e hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washignton, de corte izquierdista, le decretara a su favor medidas cautelares, con lo cual luego tumbó el fallo del Ministerio Público colombiano.
En esa oportunidad, Petro fue defendido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una ONG de izquierda que siempre ha apoyado a los líderes socialistas en nuestro país. El citado Colectivo interpuso la petición a favor del exalcalde bogotano en la CIDH y se la concedieron. Al final, ex Petro no cumplió la sanción de la Procuraduría.
Ahora, el excandidato presidencial de la Colombia Humana pondrá en marcha su mismo juego para salirse de la investigación del CNE y la Corte Suprema.
QUIEN NO LA DEBE NO LA TEME. PETRO CONTINUA CON LOS FRAUDES Y NUNCA HA PAGADO UNA FALTA YA QUE A LOS QUE LE TOCA ENJUICIARLO LO DILATAN