Una comisión de la Superintendencia investiga en la Gobernación de Córdoba, temas como el Cartel de la Hemofilia y la desatención a 300 niños pobres discapacitados, a quienes no les paga los tratamientos.
La Superintendencia de Salud decidió ponerle la lupa a los sonados temas de corrupción en el sector que ocurren en Córdoba, donde se presentan casos con el llamado Cartel de la Hemofilia y la desatención de más de 300 niños discapacitados por parte de la Gobernación del citado departamento de la Costa Caribe colombiana.
En Córdoba, la Secretaría de Salud Departamental, que depende de la Gobernación, habría pagado 44.812 millones de pesos del erario público a dos Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por dar el supuesto servicio a pacientes hemofílicos inexistentes, sin que mediara una EPS; con exámenes de laboratorio alterados y además se reportó el pago de medicamentos no POS que nunca se suministraron.
Los pagos se realizaron a las IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. y San José de la Sabana S. A. S., en el 2013, el 2014 y el 2015. Esto sucedió durante la administración del Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.
Por otra parte, está el caso de los 300 menores pobres en condición de discapacidad, a quienes el actual Gobernador del departamento, Edwin Besaile Fayad, está perjudicando, porque no le paga a la Fundación FUNTIERRA, que les hizo los tratamientos médicos de rehabilitación a los niños.
Su argumento es que los menores no existen y que el servicio no se ha prestado. Sin embargo, La Otra Cara publicó un informe en el que se da fe del drama que viven estos jóvenes cordobeses. Ver AQUÍ.
Debido a los no pagos a FUNTIERRA, por parte de la Secretaría de Salud Departamental, la citada firma tuvo que parar sus servicios y despedir a su personal experto. Como resultado de esa acción, los menores quedaron desamparados porque no tienen quien les brinde el servicio especializado para sus enfermedades. Para lograr los tratamientos, las madres de estos niños, de escasos recursos, deben poner tutela contra la administración departamental y de esa forma consiguen que se les preste el servicio.
Por todo lo anterior, a Montería se trasladó un grupo especial de varios expertos de la Superintendencia, desde el pasado lunes 21 de noviembre de 21 de 2016 hasta 25 del mismo mes. La idea era conocer de primera mano las denuncias, especialmente de la ciudadanía, sobre estas irregularidades.
Se espera que en los próximos días los integrantes de dicha comisión rindan su informe sobre estos escándalos en la salud que afectan a la sufrida región de Córdoba.
