La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José de Costa Rica condenó al Estado colombiano por el caso de 11 personas desaparecidas en la operación de recuperación del Palacio de Justicia por parte del Ejército, luego de que el movimiento guerrillero M-19 se lo tomara el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 29 años.
Según la Corte, en el expediente hay pruebas contundentes de que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o de colaborar con el M-19”. Esta es la condena número 15 del Sistema en contra de Colombia.
La sentencia agrega que “los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”. Entre los lugares a donde fueron trasladados menciona la Escuela de Caballería, donde el coronel Alfonso Plazas Vega (condenado en segunda instancia) era comandante; y el Batallón Charry Solano. Allí el jefe militar era el cuestionado general Iván Ramírez, quien fue absuelto en primera instancia.
De acuerdo con el tribunal internacional, “Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la Cafetería) y la guerrillera Irma Franco Pineda fueron separados de los demás sobrevivientes, conducidos a una institución militar, torturados y desaparecidos”.
“Respecto a las demás presuntas víctimas desaparecidas, la prueba en el expediente refiere que fueron consideradas sospechosas de colaborar en la toma del Palacio de Justicia por autoridades estatales y que varias personas consideradas sospechosas, además de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, fueron víctimas del mismo modus operandi”, afirma la sentencia estampada en 212 páginas
Según una comisión de la verdad creada para investigar los hechos, el móvil del M-19 para tomarse el Palacio fue destruir los archivos de los procesos penales de narcotraficantes para evitar su posible extradición a Estados Unidos. Dicha comisión aseguró que esa violenta toma a sangre y fuego fue patrocinada por el gran capo de la mafia Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, cercano a algunos líderes del grupo subversivo y enemigo número uno de la extradición.
Algunos miembros del M-19 aseguran que el suceso se produjo para presionar un proceso de paz con el gobierno de turno de Belisario Betancourt.
Coincidencialmente este fallo de la Corte se produce cuando en Colombia se habla de que la Corte Suprema de Justicia, en casación, se apresta a tomar una decisión en el proceso contra el coronel Plazas Vega y se habla de una posible exhoneración por falta de pruebas a favor del oficial. La decisión podría influir en el fallo que está a punto de salir en nuestro país.
En Colombia el tema simboliza una lucha entre la izquierda y la derecha. La decisión judicial internacional le da pie a los diferentes colectivos de abogados que operan en nuestro país de recibir millonarias indemnizaciones por parte del Estado a nombre de las víctimas del hecho. Son más de 7 millones de dólares que saldrán de los impuestos que le pagan al Estado todos los colombianos, aunque esa cifra es menos de la tercera parte de las pretensiones de las familias de las víctimas y sus representantes.
