¡La consulta anticorrupción!

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Por: mario arias gómez

No hay causa más rentable para los sepulcros blanqueados -que abundan en Colombia-, que enarbolar con hipocresía supina, la consulta contra la corrupción sistémica, que tiene agobiado al país, a la ciudadanía de bien, intensamente aprovechada por las bullosas inquisidoras, que no perdonan a los opositores del engendro, por costoso, inútil, innecesario, motivado por mezquinos y recónditos intereses politiqueros, dudosamente éticos. ‘Torquemadas’ defensoras -de labios para fuera- de la moral pública, de la que adolecen y reclaman de los demás, con anacrónico, inaceptable, inédito y soez lenguaje de alcantarilla.

Francotiradoras que disparan a quienes se niegan (amos) a servir de idiotas útiles, ni digieren los sofísticos galimatías, con el que sustentan la convocatoria, opositores señalados por ser dizque socios de alguno de los muchos carteles que esquilman y desvalijan el erario. Con conocimiento de causa, luego de medio siglo de actividad pública, con la supremacía de no haber sido llamado por autoridad alguna, a aclarar o responder por actos de servicio, como concejal, diputado, representante, senador suplente o funcionario, me juzgo con la capacidad de machacar las razones de la discrepancia con las promotoras de la consulta.

Preámbulo que hace de lado el deseo de mortificar, menos ahondar en la malsana polarización, inmune como estoy por los años, a escudarme en quiméricos dilemas. Respecto a la primera pregunta, referida a la sustancial y tajante reducción de los salarios de los congresistas y altos funcionarios, reitero que contraría la Constitución, que en forma automática ordena la corrección anual de los mismos. Desconocerla -vía el atajo de la susodicha consulta- es imposible legalmente, pues demanda de una reforma constitucional.

Razonamiento extensivo al límite de los tres períodos, para que una misma persona, sea elegida y ejerza en una misma corporación -Senado, Cámara, asambleas, concejos, juntas administrativas locales-, al adolecer de idéntica insolvencia legal, limitación, no contemplada por la ‘Charta’. De prevalecer -ambas preguntas-, se originaría un choque institucional, que podría desembocar en un conflicto de legitimidad política, de impredecibles consecuencias.

Nada garantiza que con limitar la reelección, se termina la corrupción, se amarra a los corruptos, todo, en perjuicio de prójimos impolutos, con probada vocación de servicio, de representar decorosa y dignamente los intereses comunitarios que, al paso de los años se decantan, aportan experiencia, refinan el saber, la disposición, la habilidad, nada desdeñables, para venir ahora a dilapidar esos decorosos y esmerados valores humanos, que suelen ser más que los pícaros, los taimados, que se alimentan del  soborno, las prebendas, del CVY. Inocente remedio contra los aceitados clanes familiares, que al desaparecer uno por muerte, o por violar la ley, su relevo está presto y entrenado.

Antidemocrática restricción que refuerza la profesionalización de estas infectas, inmorales y podridas castas. Remedio que resulta peor que la enfermedad.

Max Weber, (1864-1920), sociólogo alemán, para quien la historia, evolución social y lucha de clases, tienen menos importancia, que otros factores de naturaleza cultural, religiosa o filosófica, incluso ética: “Quien hace política -escribió- aspira al poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas), o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere”. Es a través de estos matices donde encontró una diferencia de orden sustancial. Para él hay dos modos de hacer de la política una profesión: «o se vive para ella o se vive de ella”. De ahí brota le premisa de tomar el riesgo de que los mediocres (y a veces los malos) pasen los filtros.

La ascendente complejidad del manejo del Estado, requiere de gente íntegra, especializada, cualificada crecientemente, semejantes que hay que retribuir bien y brindarles la oportunidad de ascender en el servicio civil. Lo prioritario es moralizar los cuerpos colegiados, que le tuerzan el cuello a la corrupción, tarea emprendida ya por el presidente Duque, al proponer eliminar las listas abiertas para Cámara y Senado, obligando a los partidos a asumir la responsabilidad de la escogencia y moralidad de los ungidos, restándole poder a los caciques de todos los pelambres.

Por razones de espacio, no toco las preguntas sobre los principios de contratación; discusión de los presupuestos de inversión; publicidad del patrimonio e ingresos de los funcionarios, quisicosas redundantes, duplicadas en textos legales, enunciados en mi columna anterior, que en esencia disponen lo mismo. Aunque fracase la consulta -como espero-, el compromiso del gobierno y la opinión decente que lo acompaña en su empeño, es firme con la decisión irreversible de erradicar la corrupción.

Bogotá, D. C. 26 de agosto/2018

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