En Colombia de los 6.3 millones de jóvenes que hay en el mercado laboral, casi el 70 % trabaja en la informalidad y 1.3 millones están desempleados. Diversos son los factores que llevan a que un joven tenga que sobrevivir y la necesidad lo obliga a aceptar cualquier oferta de trabajo, arreglársela como pueda.
Existen contradicciones en el sistema, cada año incrementan los costos de matrícula en la Educación superior, el costo del transporte urbano, los arriendos, los alimentos, pero los salarios en la mayoría de los empleos, para no decir que en todos, en términos generales se mantienen iguales.
De este planteamiento surge el primer interrogante ¿De qué le sirve a un joven gastar millones de pesos en la educación superior? Si al final, termina regalándose en cualquier trabajo, si es que lo encuentra, para adquirir la experiencia profesional suficiente, para poder postular su hoja de vida a un trabajo que medianamente le alcanza para vivir. (Ver informe OIT)
Pero a la experiencia laboral hay que sumarle los posgrados que exigen como requisitos, que hasta en las “Universidades Públicas” son costosos; y por último, el padrino político que ahora incluso hasta las empresas privadas lo exigen, y si no lo tiene, en las entidades estatales, ni lo sueñe.
Y eso que solamente estamos hablando de los jóvenes que tienen pensado educarse o se han educado, porque no podríamos esperar lo mismo de un joven que estuvo 18 años en un Bienestar Familiar, criado por una madre soltera sustituta que a la vez cría quien sabe a cuántos niños más, sin incluir a los propios. ¿A qué salen estos jóvenes sin educación?
Esta situación es precisamente lo que ha llevado a miles de jóvenes Colombianos a emigrar a otros países como Canadá, Australia y Alemania. ¿Se han imaginado la cantidad de jóvenes que tienen que buscar horizontes en otros países porque el Estado colombiano no brinda garantías?
En Colombia los jóvenes deberían estar en un pedestal, porque al final sí terminamos siendo el futuro. Los jóvenes somos el activo humano más importante del país, luchamos incansablemente por intentar cambiar la difícil forma de pensar de los dirigentes y de las nuevas generaciones, que han sido educadas para pasarse la ley de ruana. Por eso no sorprende que para muchos el término corrupción es relativo y hasta subjetivo.
Es triste, deprimente, decepcionante, más cuando los mismos dirigentes y la ciudadanía en general son testigos de los avances y participación de los jóvenes en la nueva construcción de país, el aporte de tipo académico, cultural, político, social, la contribución significativa para el proceso de paz, los movimientos como Paz a la Calle o Red Juvenil de La Paz consolidados para la defensa de la implementación de los acuerdos.
El Estado tiene una deuda social gigante con todos nosotros, para el acceso a la educación superior, empleo e ingreso al ejercicio de la política.
La manera cómo se está haciendo la política no es referente para los jóvenes colombianos. La institucionalidad no nos da respuestas estructurales frente a los grandes escándalos de corrupción, al contrario, las instituciones estatales son las mayores vulneradoras de derechos.
Hoy en día no solamente protestan los estudiantes sino también los maestros, y lo peor, por falta de pago o por los bajos salarios, así que pertenecer al magisterio tampoco es rentable. Quien decide ser maestro lo hace por vocación. Pero parece que siempre será rentable ser congresista sin importar los medios, porque a ese circo, llega de todo.
No podemos desconocer que el Estado está intentando dar respuesta a la gran demanda de jóvenes, que cada año obtiene su título, pero los intentos siguen siendo insuficientes, sobre todo para las proyecciones contempladas por la OIT.
Los jóvenes tenemos la esperanza, confiamos en nuestro talento, en nuestras fuerzas y capacidades; creemos que con la ayuda de Dios vamos a alcanzar nuestras utopías, nuestros sueños; y a pesar de las adversidades no renunciamos a seguir aportándole al país, nuestro sentido de pertenencia es grande, y en Colombia esperamos que algún día se abran las puertas, para que los jóvenes podamos echar raíces.
El próximo presidente debe invertir aún más en educación. Una persona educada no delinque porque está bien cimentada dispuesta a lanzarse al ruedo, encontrar un trabajo de acuerdo a su perfil y no al todo vale. El Estado tiene que ser garante de Derechos, propio de un Estado Social de Derechos.
Por el momento a muchos como a mí sí nos toca estudiar y trabajar muy duro para seguir alcanzando todas nuestras metas, no todos somos dueños de Zonas Francas.
Por Andrés Mauricio López Sánchez
Guadalupano. Defensor de los Derechos Humanos- Abogado, Universidad Sergio Arboleda.
Tomado de conlaorejaroja.com
