Por Ulises Durán Porto
Abogado Penalista.
Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo colombiano no presenciaba un acontecimiento político de esta naturaleza. Después de la votación de la consulta ciudadana contra la corrupción, ver congregados a todos los actores políticos legales alrededor de un tema, como es la “Corrupción”, cuyo costo económico, moral y político es devastador para una democracia estable y un Estado Social de derechos que pretende beneficiar a todos los ciudadanos por igual en sus derechos legítimos.
Las prácticas corruptas no tiene color político, pero tampoco su rechazo y la lucha política contra este flagelo perverso. América latina es un buen ejemplo de este fenómeno, en donde hoy se resiente la credibilidad y legitimidad de la democracia, como consecuencia del desbordamiento de la corrupción, la cual ya de lejos sobrepasó lo que el ex presidente Turbay Ayala llamaba “la justa proporción” de la corrupción, como fenómeno connatural del sistema político. Frente a este fenómeno, las ambiciones del presidente Duque son más robustas, de tolerancia cero, y su Gobierno pretende erradicar las estructuras corruptas del sistema con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Con el primer gran acuerdo político del Palacio de Nariño se inaugura una verdadera Política de Estado sobre este tema. Ya están listos los proyectos legislativos de los diferentes partidos y del gobierno y basta conciliar sus textos y alcances para que se implementen en políticas y controles efectivos.
Así como resulta plausible y positivo un gran Acuerdo Político sobre la corrupción por todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso, también es importante y necesario que este acto sirva de base para estructurar otros acuerdos “sobre lo fundamental”, como los propuso hace mucho tiempo el visionario político Álvaro Gómez Hurtado, quien con la audacia que lo caracterizaba decía que a la Guerrilla había que preguntarle “qué quería”, porque siempre vivía en un discurso de rodeo y sin claridad, como hoy se encuentra el ELN, y concluía que los males de Colombia se explicaban por el régimen político existente en esa época.
El Gobierno actual tiene claro hasta donde llegar en las pretendidas negociaciones que se intentan con el ELN, lo mismo que la implementación de los acuerdos con las Farc.
El Presidente Duque apuntala su plan de gobierno sobre el trípode del emprendimiento, la equidad e inclusión social y sobre todo en la legalidad. Pues bien, es la legalidad la madre de las soluciones democráticas que se requieren en Colombia, tanto para el control de la corrupción como para el tema de “seguridad” en las ciudades y campos del país, del orden público y de las fronteras nacionales.
En este orden de ideas, será posible que el próximo Gran Acuerdo Nacional se concrete precisamente en una Política de Estado de la Legalidad, apoyada por todos los actores políticos legales, en donde se conmine a la Guerrilla del ELN a su conversión en partido político y se controle por el Estado todo el territorio nacional, se erradiquen los cultivos de coca y se reduzca sustancialmente el crimen callejero y de cuello blanco ?. Este acuerdo sobre la legalidad integral, que ya tiene su primera expresión en la lucha contra la corrupción, será el próximo desafío del Gobierno y de las fuerzas políticas con presencia en el Congreso de la República. El primer gran acuerdo es necesario pero no suficiente.
