Alerta sobre penales de Antioquia y Cúcuta por inconvenientes con los contratos del personal médico. Enfermos no ha recibido atención por parte de Caprecom. Brote de tuberculosis.
La Defensoría del Pueblo a través del Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, José Manuel Díaz, alertó sobre el preocupante panorama que ronda la salud de las personas privadas de la libertad en las cárceles de Antioquia, ante la suspensión de los servicios de atención en los 19 establecimientos de reclusión de ese departamento.
La situación sucedió porque el pasado 27 de julio no se renovaron los contratos suscritos con el personal médico, lo que puso en riesgo a la población carcelaria, máxime si se tiene en cuenta la posibilidad de una propagación de tuberculosis en por lo menos dos establecimientos, ya que en Itagüí han sido identificados cuatro casos de internos contagiados, mientras en Bella Vista hay tres enfermos que no han recibido ningún tipo de atención por parte de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), que es la única Empresa Prestadora de Salud (EPS) del Estado.
Vale la pena recordar que desde hace 8 meses, la Defensoría del Pueblo viene documentando una sensible desmejora en la asistencia a los reclusos en el departamento de Antioquia. En junio del año pasado, por ejemplo, se advirtió cómo de los 19 establecimientos, sólo 7 contaban con personal médico, circunstancia que llevó a la Entidad a instaurar una acción de tutela para restablecer los derechos de las personas privadas de la libertad.
El 11 de marzo del presente año, el Defensor Jorge Armando Otálora Gómez, emitió una Resolución Defensorial, exigiendo a las entidades responsables dar cumplimiento a lo previsto en la legislación, a fin de garantizar la atención en salud de los internos. Sin embargo, durante visitas de inspección posteriores, la Entidad ha evidenciado casos lamentables como el de una persona que ingresó con tutor externo por herida de proyectil en una de sus piernas, sin que le hayan hecho curaciones ni se haya retirado el implante 4 años después de realizado el procedimiento. Así mismo, hay varios pacientes con úlceras en su piel, las cuales presentan claros síntomas de infección, sin ningún tipo de tratamiento.
Por lo anterior, además del incidente de desacato que interpondrá la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, la Defensoría del Pueblo puso el tema en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía, para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se establezcan las sanciones a que haya lugar.
De otra parte, en relación con la cárcel metropolitana de Cúcuta y a partir de hallazgos puntuales como la insuficiencia de personal médico para la atención de los internos, la inadecuada asignación de citas médicas, la falta de continuidad en los procedimientos, la carencia de especialistas y la ausencia de atención pediátrica a los niños menores de 3 años (hijos de las mujeres actualmente recluidas en la cárcel metropolitana de Cúcuta), el Tribunal Superior de la capital nortesantandereana acaba de impartir órdenes perentorias para que se garantice el derecho a la salud de esta población, fallando positivamente una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo.
Escuche las declaraciones del Delegado para la Política Criminal, José Manuel Díaz, en este audio:
