No se debe desviar la atención como es evidente que se está haciendo, el país sufre hoy un cáncer llamado falsos testigos.
El director nacional de CTI, Julián Quintana, de la Fiscalía General de la Nación, en rueda de prensa, reconoció que en efecto sí existe «el Cartel de Falsos Testigos», la pregunta es ¿Quién está detrás de ellos? y cómo se financian para vivir con costosos lujos y suspender penas por las que ya han sido condenados. (Escuchar audio el Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones del ente acusador) http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/20150127.mp3
Lo anterior no tiene que ver con el escenario político ni con las chuzadas, que yo mismo he demandado ( Ver artículo llamado «Presentarán demanda contra decreto que autoriza interceptaciones telefónicas» en El Espectador)
Tampoco se trata de la polarización política que sufre el país, ni del Uribismo o el Senador Cepeda, como lo quieren hacer ver desviando la atención de las contundentes pruebas que existen contra testigos mentirosos que enredaron a Luis Alfredo Ramos a Nancy Patricia Gutiérrez o al almirante retirado Arango Bacci, inclusive a varios senadores o líderes de la oposición, esto va más allá y es que en efecto el testimonio se vende o se compra para afectar las personas de bien y engañar a la justicia, cabe decir que en los procesos que adelanta la Fiscalía donde es reconocido como víctima Luis Alfredo Ramos, existen pruebas contundentes, videos, grabaciones de llamadas y evidencia probatoria que establecen que existen falsos testigos. ¿quiénes están detrás de ellos?
Es la justicia quien lo establecerá y no un abogado defensor , como erradamente se ha dicho para crear una cortina de humo, y evitar dar el debate de fondo. Aun así, llama la atención que las afirmaciones mentirosas del testigo sindicado por falso testimonio que ha aplazado la audiencia de imputación de cargos en cuatro oportunidades diferentes Carlos Areiza Arango, quien estafó incluso a un Monseñor, el mismo que el propio Cepeda tilda de mentiroso, sí fue tenido en cuenta para inculpar a un candidato presidencial.
Denunciar los testigos mentirosos no es un delito es un deber, le aporta a la democracia y es sano para el país, no es una estrategia para empañar el debate que se le hizo al uribismo hecho que no guarda relación con Luis Alfredo Ramos, ni con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General por falso testimonio, es importante revisar las fechas de las pruebas donde en efecto se evidencian que los orígenes de ellas se dan incluso años atrás del debate al que hace referencia el senador Cepeda, ¿por qué no desmiente y denuncia a los testigos que lo mencionan?.
El país no los conoció antes toda vez que el juicio del Dr. Luis Alfredo Ramos inicio a finales de Enero y la ley procesal no permitía hacer publica la investigación por ser secreta y solo hasta el juicio se hace publica, (Ley 600 de 2000, es por ello que es ahora y no antes que se hacen públicas las pruebas). Sobra decir que las pruebas testimoniales que incriminan al Senador Cepeda como el supuesto determinador de los falsos testigos se recaudaron por la Fiscalía mucho antes del debate que él marca como la causa de los señalamientos, existen otros tipos de evidencias probatorias que lo señalan, y debe ser la justicia quien determine si existe responsabilidad del Senador o si por el contrario se tratan de más mentiras del los mismos falsos testigos que habían incriminado falsamente al Dr. Luis Alfredo Ramos y que hoy señalan al Senador Cepeda.
Finalmente cabe resaltar que la defensa de Luis Alfredo Ramos no hace parte de ninguna estrategia política como lo señala el senador Cepeda, se trata de abogados defensores, profesores y catedráticos con consideraciones jurídicas y no de otra índole. Situarlos en el actual escenario por un Senador de la República no sólo pone en riesgo la vida propia de la defensa sino también a la de sus familias ya que lleva a grupos «revolucionarios» a catalogarnos como detractores.
«Sobra decir que soy de pensamiento liberal mis convicciones políticas no guardan relación con los derechos constitucionales de las personas que defiendo en ejercicio de la defensa de su prosecución de inocencia en el marco de un Estado de Derecho, desviar la atención y poner en entredicho mi ejercicio profesional no solo es un absurdo sino también un acto de irresponsabilidad».
«Exijo espeto, por mi vida, mi seguridad, mi honra, mi profesión y no desviar así la atención de lo que realmente está pasando, yo soy un abogado defensor que ya fue amenazado».
Por Gustavo Moreno Rivera
Profesor de derecho penal.
