La Contraloría General de la Nación demostró que en el proceso de subasta (venta) de vehículos de propiedad del Senado de la República hubo un daño patrimonial de $1.765 millones por el menor valor percibido que se dio luego de un contrato desarrollado por la Comercializadora Nave LTDA.
Los carros fueron valorados de manera errónea. En materia fiscal se encontró que en algunos casos existen diferencias entre las características de los bienes subastados que fueron tenidas en cuenta para la realización de los avalúos, y las características que figuran en los certificados de tradición, especialmente en la línea, modelo y cilindraje de los vehículos, así como una aplicación inexacta de los valores de las tablas emitidas por el Ministerio de Transporte. Estas diferencias implican valoración errónea de los bienes.
La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras hizo varios hallazgos en el contrato 420 de 2012, suscrito entre el Senado y la Comercializadora Nave LTDA., cuyo objeto es la «contratación de los servicios de un promotor o profesional idóneo, para la subasta pública de estos vehículos».
Se realizaron descuentos por conceptos que no corresponden a los permitidos en la ley o a la dinámica de ejecución del contrato, entre ellos «descuento por vicios ocultos», pese a que los bienes se venderían «en el estado en que se encuentran», y «otros descuentos» que incluyen «logística de retiro, tiempos de entrega, tiempos de reventa y fluctuación del mercado», es decir costos ya comprendidos en la comisión del intermediario comercial.
El blindaje
“En el avalúo de los vehículos se omitió incrementar el 10% del valor cuando los vehículos son blindados”, detalla la Contraloría en su informe.
También se estableció que sólo en algunos casos se tramitaron los permisos para el uso de blindaje ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es decir, que en el resto de los casos se hizo la entrega de los carros sin la certificación de esa entidad estatal.
“Se verificó que existían vehículos blindados de propiedad del Senado de la República que nunca tramitaron el correspondiente permiso ante la citada Superintendencia”, ratificó el ente de control.
Los traspasos
En el informe del organismo además se asegura que hubo incumplimientos e irregularidades en los procesos de traspasos de los vehículos, ya que proceso -dice la Contraloría- se adelantó por fuera de los términos legalmente establecidos. Pero el problema más grave es que aún existen bienes que, aunque fueron adjudicados, siguen apareciendo ante los organismos de tránsito como propiedad del Senado.
“Algunos de estos vehículos se traspasaron a nombre de persona indeterminada, y otros en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales de las subastas”, explica la Contraloría.
