Más de 1.270 cubanos, incluidos unos 300 menores de edad, integran el grupo de extranjeros que permanece bajo condiciones de vulnerabilidad en ese puerto del Urabá Antioqueño.
La Canciller colombiana, María Ángela Holguín, confirmó públicamente desde Estados Unidos que el Gobierno Nacional definitivamente tomó la decisión de deportar a los miles de ciudadanos cubanos que se encuentran hacinados en el municipio de Turbo (Antioquia), luego de salir de su país con rumbo a norteamérica.
Es decir, esos cubanos serán repatriados a su isla caribeña, de donde salieron por no estar de acuerdo con el régimen comunista que gobierna ese país, comandado por Raúl Castro.
Recordemos que la Defensoría del Pueblo hizo presencia en Turbo, donde la situación es particularmente delicada por la llegada masiva de extranjeros, y verificó durante varios días la situación de los migrantes cubanos que se encuentran allí abandonados o atrapados a su suerte, pretendiendo llegar a suelo estadounidense por llamado «sueño americano», que consiste en conseguir empleos, mejorar su situación económica y educar a sus hijos.
Salieron de Cuba en el Atlántico y dieron una gran vuelta por varios países pasando por Guyana y Brasil, bordearon por el sur a toda Colombia y volvieron otra vez al norte de nuestro país, por el Urabá, donde quedaron varados, al ser abandonados por algunos de sus guías pagados y al no poder cruzar la peligrosa e inhóspita selva del Tapón del Darién, que separa nuestro país de Panamá.
Con el apoyo de las autoridades civiles en ese puerto del Urabá Antioqueño, el organismo de control nacional consolidó el censo correspondiente a los isleños que permanecen alojadas en una bodega y en los alrededores de la misma, y que constituyen el principal foco de preocupación en estos momentos en la región.
Los datos obtenidos de manera directa en Turbo y por fuentes primarias, permitieron establecer que hay un total de 1.273 cubanos, incluidas 452 personas de sexo femenino y 821 de sexo masculino, entre las que se cuentan niños, niñas y adolescentes, de los cuales más de 20 tienen problemas de salud por distintas enfermedades.
El equipo, conformado por la Defensoría Regional de Urabá y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Institución determinó que dentro de este colectivo hay 11 mujeres gestantes (incluida una menor de edad), 426 universitarios y que apenas 60 personas comen tres veces al día, ya que la mayoría 962 solamente puede hacerlo una vez en las actuales condiciones.
Entre los principales hallazgos en materia de vulneración a los derechos humanos, la Defensoría constató factores de alto riesgo en salubridad por la presencia de vectores (insectos y roedores) dentro de los albergues improvisados, evidente cercanía entre el lugar de preparación de los alimentos y el sitio para la disposición de desechos en estado de descomposición y más grave aún, solo hay cuatro baterías sanitarias para los 1.273 migrantes cubanos.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo llamó la atención del Gobierno Nacional y las autoridades competentes para que mientras se surten los procedimientos administrativos de ley, se adopten las medidas necesarias para garantizar la convivencia de estas personas en condiciones dignas, sin que se afecten su integridad y derechos fundamentales.
Sin embargo, la Presidencia de la República planea deportarlos porque no ve otra salida legal para este problema, que también podría poner en riesgo sus buenas relaciones diplomáticas con Cuba, país en el cual se desarrollan los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
