Javier Suárez Corzo, hermano del ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez, sostuvó que le mandó $800 millones al magistrado Leonidas Bustos para que le arreglara el proceso en la Corte Suprema a su pariente, quien al final fue condenado por parapolítica.
María Jimena Duzán es una columnista de la Revista Semana con mucho reconocimiento en un sector de la ciudadanía colombiana. Esta comunicadora es conocida por ser punzante y basarse en testimonios reales para no exponer su prestigio. Se podría decir que no escribe sobre cosas que no tenga seguras o bien confirmadas.
Recientemente la comunicadora publicó una columna titulada «Lo que está por estallar», en la cual reveló que se espera un gran escándalo en la Corte Suprema de Justicia por un entramado de supuesta corrupción.
La periodista se basa en una denuncia que interpusieron, el 16 de mayo del 2013, ante el propio Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, María del Rosario González y Javier Zapata.
Estos juristas denunciantes les pedían a la Fiscalía que investigara unas declaraciones realizadas por Javier Suárez Corzo, hermano del polémico ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, quien fue condenado a 27 años de prisión por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez, ocurrido en 2003. El ex funcionario norte santandereano luego apeló ese fallo, en casación ante la Corte Suprema, y su proceso lo tenían tres magistrados de la Sala Penal: María del Rosario González, encargada de redactar la decisión, Javier Zapata y Leonidas Bustos, los mismos de la queja ante el organismo investigador que dirige Eduardo Montealegre.
Javier Suárez Corzo reveló que le había mandado una cifra considerable de cientos de millones de pesos al magistrado Leonidas Bustos, actual presidente de la Corte, para que lo ayudara con una decisión favorable en el caso de su hermano Ramiro Suárez, que debía quedar exhonerado de toda culpa. Al parecer, supuestamente, la intención era que el dinero se repartiera con los magistrados González y Zapata.
El sustento de la querella de González y Zapata fue publicado por la Revista Semana y cuenta textualmente la siguiente historia: “La hija del magistrado Bustos, odontóloga de profesión, estudia un posgrado en la Universidad Sergio Arboleda y en este ciclo académico también está Javier Suárez Corzo. Al momento de la presentación de los estudiantes, Suárez Corzo se le acercó a la hija del magistrado. Le dijo que necesitaba hablar con su padre. Ella lo escuchó de manera normal hasta que soltó una frase tremenda: ‘Necesito hablar con él porque le mandé 800 millones de pesos para que colaborara con un caso nuestro, una decisión’. El (supuesto) dinero debía repartirse con los magistrados María del Rosario González y Javier Zapata”.
Semana dice que la hija de Bustos se indignó ante semejante acusación y emplazó a Javier Suárez a que dijera eso mismo ante los tres togados. La mujer indicó que en medio de la conversación, Suárez Corzo le afirmó que el dinero se lo había entregado a una persona de la Corte Suprema, pero no reveló su nombre. La reunión con los tres magistrados nunca se llevó a cabo porque Javier Suárez Corzo no asistió.
Luego del suceso, los tres togados decidieron firmar la denuncia ante la Fiscalía, pero solo María del Rosario González y Javier Zapata fueron a llevársela personalmente al fiscal Montealegre. Pero González fue la única que no le bastó ir a presentar la denuncia ante el Fiscal, sino que días después volvió a acudir a la Fiscalía para presentar un escrito en el que planteó tres posibles causas del presunto soborno: corrupción real de algunos funcionarios de la Corte Suprema, retaliación de las bandas criminales contra la Corte e intención de obligarla a marginarse de la revisión de la sentencia.
Debido a lo anterior, cuenta Semana, González autorizó levantar la reserva financiera y bancaria de sus cuentas a fin de que se investigara su patrimonio, una decisión que no han realizado ninguno de los togados de la Corte Constitucional, luego de que estallara en ese alto tribunal el escándalo del magistrado Jorge Pretelt.
En diciembre de 2014, la Corte Suprema, con ponencia de la magistrada González, ratificó la condena de Ramiro Suárez Corzo, mientras que la denuncia de los tres magistrados en la Fiscalía no prosperó, porque en noviembre de ese mismo año, Javier Suárez Corzo falleció a causa de un cáncer y sus declaraciones eran la pieza fundamental del proceso, que se quedó sin comprobar sí hubo o no, un soborno a los togados.
González renunció al alto tribunal a falta de unos meses para terminar su periodo y Leonidas Bustos es ahora el Presidente de la Corte Suprema.
Luego de exponer todo este caso, la columnista María Jimena Duzán dice que aunque se pretenda tapar, «algo muy grave está por estallar en la Suprema».
También hay que preguntarse: ¿Quién recibió los 800 millones de los Suárez Corzo? ¿La plata le llegó al togado Bustos o se quedó en el camino con algún amigo de confianza o con algún magistrado auxiliar?
Los implicados contaron con suerte porque Javier Suárez se murió, pero recordemos que en el sistema de justicia de Colombia, los muertos hablan y sus testimonios sirven para procesar y condenar a los implicados. Por ejemplo, los ex paramilitares conocidos como «Néver» y «El Chino», testigos estrellas de la Corte en algunos casos basan sus testimonios en versiones de «El Pollo» y «Chocolate», ambos muertos. Estas afirmaciones sirvieron para diseñar el gran proceso «madre» de la parapolítica en la Costa Caribe, con el que ha sido investigados y penalizados ex congresistas de esa región como Javier Cáceres, entre otros. Basta consultar ese expediente, al igual que otros procesos de la parapolítica y se encontrarán versiones relacionando a personas muertas.
En conclusión, si los implicados no fueran los tres magistrados, sino cualquier otro ciudadano o personalidad con fuero quien estuviera acusado en un proceso penal por un fallecido de renombre, podría recibir una condena, paradójicamente ejecutada en la Corte Suprema por el mismo togado Bustos y sus compañeros. Pero porque la versión del desaparecido Suárez Corzo afecta a estos altos funcionarios judiciales, el caso se cerró inmediatamente.
¿Qué pasaría si el reo Ramiro Suárez Corzo, quien ya no tiene nada que perder porque está condenado por la Corte Suprema, confirma la versión de hermano Javier?
Estamos a la espera de que se produzca «la bomba» que anunció María Jimena Duzán, porque el destape de los temas de corrupción es bueno para que el país conozca algunas verdades de la justicia colombiana.
Por Matías Redes
