La Contraloría General ha investigado este tema con eficacia, pero la Asociación Red Nacional de Veedurías y La Otra Cara realizarán una Vigilancia Técnica de los contratos del PAE, para denunciar la corrupción en ese Programa Escolar.
Por Eduardo Padilla y Sixto Alfredo Pinto.
Este es un breve relato de la corrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Costa Atlántica colombiana.
En la mayoría de los departamentos de la región Caribe, se presentaron casos de operadores (entidades sin ánimo de lucro) que suscribieron tres o más contratos y que hicieron presencia en una o más entidades territoriales, a veces con diferentes razones sociales, pero siendo la misma persona jurídica, según constaba en su identificación tributaria.
En los 35 casos en que las entidades territoriales optaron por hacer la Licitación Pública para seleccionar el operador del Programa de Alimentación Escolar, se evidenció que en 29 casos (87.9%), se presentó un solo oferente.
Las irregularidades más frecuentes que encontró el equipo auditor de la Contraloría Delegada para el Sector Social, fueron las siguientes:
Los operadores del Programa de Alimentación Escolar no entregaron a los estudiantes el total de las raciones contratadas. En promedio dieron apenas el 57%, sin embargo, cobraron y recibieron el pago correspondiente al 100%.
Por eso, les relataremos año por año, desde el 2016, cómo ha transcurrido el tema del PAE, especialmente en esa región del norte del país.
Año 2016
Se robaron el dinero para la comida de los niños en siete departamentos del Caribe: La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Felipe Córdoba, reportó hallazgos fiscales por 12.745 millones de pesos en los programas de alimentación escolar en los siete departamentos de la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, donde ponen a los ratones a cuidar el queso del PAE).
Se trata de un informe de 800 páginas, que recoge 210 hallazgos, de los cuales 42 son fiscales por 12.745 millones de pesos, 206 con connotación disciplinaria y 4 con presunto alcance penal, dice un comunicado del organismo.
“Al margen de este resultado, ya de por si preocupante, el panorama que encontraron los auditores es sencillamente desolador: muchos escolares de esta región del país que son beneficiarios del PAE no solo recibieron en ese año menores cantidades de alimentos a las contratadas, sino que estaban expuestos a consumir productos descompuestos, preparados en cocinas inapropiadas y almacenados en condiciones sanitarias deficientes”, indicó el informe.
Y hubo casos de estudiantes que se vieron precisados a comer en espacios improvisados, de pie o en el piso, cuando no lo hacen en comedores escolares sin condiciones físicas, higiénicas, sanitarias y de calidad óptimas”, agregó el estudio de la Contraloría.
En cuanto a los insumos del PAE, se encontró que no se llevaba un control de las raciones diarias entregadas, lo recibido en cada institución educativa, ni en calidad ni en cantidad.
Fueron también varias las fallas detectadas en materia de contratación, en las visitas realizadas por la Contraloría a 143 instituciones educativas de 41 municipios de la Costa Atlántica, desde julio de 2015.
A mediados de 2016 el PAE se encontró en el ojo del huracán de los órganos de control por el carrusel de fundaciones que accedieron de forma irregular a la administración de estos recursos en 49 municipios de la Costa Caribe. El modus operandi consistía en crear fundaciones y consorcios que cambiaban de razón social para ganar en diferentes licitaciones.
Las dueñas del monopolio en la Costa eran Leda Guerrero, Adiela Álvarez y Katia Rosado y los Ávila de Cordoba durante las administraciones del Clan Jattin en Lorica.
Año 2017
A raíz de las irregularidades que la corrupción cometió ese año en Córdoba, en el Programa de Alimentación Escolar, se abrieron tres procesos: Uno por 745 millones de pesos, otro por 444 millones de pesos y un tercer proceso por 235 millones de pesos.
Las anomalías en los procesos de los recursos del PAE tuvieron que ver con los sobrecostos al momento de la contratación, pues los costos no coincidieron con lo establecido en el Ministerio de Educación Nacional. La Procuraduría tramitó 152 procesos disciplinarios, 45 de ellos investigaciones formales.
Año 2018
Se siguieron sintiendo los efectos de la investigación: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) descubrió un cartel de 28 empresarios que durante 10 años manipularon la contratación del PAE. La SIC probó que por medio de presiones y tutelas eliminaron a la competencia, logrando incidir en 21 procesos por 1,5 billones de pesos del PAE, que deberían beneficiar a 750.000 niños.
Año 2020
El robo a los dineros que debían destinarse a la alimentación de los niños en los colegios del país es quizás una de las caras más tristes de la corrupción en Colombia. El clientelismo se apropió de buena parte de las necesidades de los cerca de ocho millones de pequeños que asisten a 13.000 colegios y escuelas de 1.103 municipios del país. Por se hecho la Contraloría abrió varias investigaciones.
Ese es el mismo dinero que el Estado le giró en años pasados a las universidades públicas. Hoy, se estima que en ese robo podrían estar implicados por lo menos 5 gobernadores, 2 alcaldes, 3 congresistas, 6 ex gobernadores y 52 ex alcaldes de Colombia.
En el caso de Córdoba, hay ejemplos como este: En un sólo desayuno, en un sólo día, en un sólo colegio los del consorcio se llegaron a ganar cerca de $290.000 (descontando los $8.400 que le pagaban a cada operaria). Y en total atendieron 85 colegios en ese departamento. ¿Cuánto dinero se “embolsillan” cada día? ¿Cuánto de los $23.000 millones del contrato con la Secretaría de Educación en ese entonces se va a sus bolsillos en vez de destinarse a alimentar a los niños? ¿Que se espera para el 2020 cuando el mismo operaron se acaba de ganar un contrato de $36.000 millones? No es extraño que esos operadores sigan con el negocio por se dice que pertenece a la casa política Besaile. A este contrato la Asociación Red Nacional de Veedurías y La Otra Cara le harán una vigilancia especial.
La Fiscalía por su parte, haciendo una gran función, capturó a 93 personas en 12 departamentos, e imputó cargos a 57 personas, en departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena y Bolívar.
Los contratistas de la peor avaricia que no tienen escrúpulos a la hora de dejar a cientos de miles de niños sin alimentos con tal de llenar sus bolsillos de billetes y la deficiencia de un Estado que en 80 años no ha logrado tener una infraestructura clara y un modo de operar que permita salvaguardar de los corruptos la comida de los niños y niñas.
La reforma que se hizo en 2011 y 2015 que le quitó el Plan de Alimentación Escolar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y lo dejó en manos de las alcaldías y gobernaciones, a pesar de las buenas intenciones que pudo haber tenido, se chocó con dos realidades complicadas: una, la ineficiencia y falta de experiencia de las administraciones de turno, y dos, los carteles y mini-carteles de la contratación expertos en quedarse con los recursos del Estado local. En total, 52 de las Entidades Territoriales Certificadas (el 41%) presentaron una gestión antieconómica de los recursos del PAE, lo que implicó no sólo un mayor valor pagado por ración, sino el pago a favor de operadores y contratistas por raciones no entregadas.
Es urgente la necesidad de revisar el Programa de Alimentación Escolar de forma integral.
Dentro de las imputaciones descritas, en procesos adelantados por las Gerencias Departamentales se destaca la imputación que involucra al ex Alcalde del Distrito de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, a quien la Contraoría le imputó una cuantía de $1.206 millones y hasta le embargó su bienes por ese hecho de corrupción.
Se destacan igualmente 3 fallos de Impacto Nacional, por recursos del PAE que manejó el ICBF en los departamentos de Sucre y La Guajira, en cuantía total de más de $2.797 millones».
EL CASO DE BARRANQUILLA
Recordemos que hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (cti) de la Fiscalía General de la Nación allanaron el pasado 13 de febrero las instalaciones de la Alcaldía de Barranquilla y de cuatro municipios más del Atlántico, incluyendo a Soledad, Malambo, Campo de la Cruz y Sabanalarga, en busca de pruebas por supuestas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los períodos 2014 y 2015.
Los operativos estuvieron bajo la coordinación de una fiscal de Administración Pública en la Seccional Atlántico y se produjeron en respuesta a un informe de la Contraloría, en el que se referenciaron 73 casos con posible incidencia penal y disciplinaria. Los operativos se llevaron a cabo después de que el ente investigador no había recibido respuesta ante la solicitud anterior de uno documentos.
Los investigadores están recopilando los contratos por más de 20.000 millones de pesos, que se firmaron en dicho periodo y en Barranquilla coinciden con el tiempo en que estuvo como secretario de Educación Distrital, Dagoberto Barraza, a quien hace unos meses le fue dictada medida de aseguramiento domiciliaria, por su responsabilidad en presuntas irregularidades en la firma de contrato del PAE para la Gobernación del Atlántico.
La Asociación Red Nacional de Veedurías y La Otra Cara realizarán una Vigilancia Técnica de los contratos del PAE, acompañados de ingenieros de alimentos y de elementos ténicos para tomar el peso de las raciones de las comidas que se les dan a los niños en la Costa Caribe o en cualquier región del país.
Los descubrimientos de la corrupción dentro del PAE apenas comienzan…
