«Para quienes no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves –y sean hallados culpables– habrá penas de hasta 20 años”, aseguró el Presidente Santos.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que se acordó crear una Jurisdicción Especial para la Paz que se conformará “en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, respetando los lineamientos del derecho internacional a los que Colombia está obligada”.
Tras su encuentro con los negociadores de las Farc en La Habana, el Jefe del Estado indicó que esa jurisdicción busca, fundamentalmente, “la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición”.
Anotó que se les da a las “organizaciones de víctimas y de derechos humanos la oportunidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables”.
Explicó que la mencionada jurisdicción “también tendrá en cuenta las investigaciones y sentencias de nuestros fiscales y jueces. Es un trabajo de décadas que se valorará y será punto de partida esencial”.
“En esto quiero ser claro: no acordamos un sistema extrajudicial”, subrayó.
Y afirmó que por el contrario “acordamos una jurisdicción especial que va a investigar, juzgar y sancionar a través de un tribunal –con unas salas especializadas de justicia–, integrado por magistrados de las más altas calidades, a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos”.
Amnistía e indulto
Puso de presente, con respecto al otorgamiento de amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos, permitido por la Constitución y establecido por el Derecho Internacional Humanitario, que “eso lo vamos a hacer en los términos que establezca una ley de amnistía que precise los criterios de conexidad”.
Aclaró que “hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional –ni sobre todo nuestra propia conciencia–, nos permiten amnistiar o indultar”.
En ese sentido señaló delitos, como: “los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción”.
Paz sin impunidad
El Presidente Santos expresó que para los colombianos es muy importante que los responsables de los delitos graves y representativos “reconozcan sus delitos y cuenten la verdad” e indicó que para estas personas “habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia”.
Indicó que tales sanciones “tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas”.
Y agregó que para quienes “no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves –y sean hallados culpables– habrá penas de hasta 20 años”.
Hizo énfasis en que así se logra “el objetivo que nos hemos trazado desde un principio: ¡Una paz sin impunidad!”.
Con ello, continuó, “también habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz”.
Los participantes en el conflicto
Aseveró que “ni este sistema de justicia ni esta jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las Farc”.
Durante su alocución el Presidente señaló que “todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y –en particular– los miembros de la fuerza pública”.
Hizo énfasis en que como él lo ha dicho siempre, “a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las Farc si no hay –al mismo tiempo– un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías”.
Advirtió, también, que no “habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. ¡Así de claro! Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley”.
“Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”, puntualizó el Presidente de la República.
«Todos los participantes en el conflicto y que hubieren cometido delitos con ocasión de éste, incluyendo a miembros de la Fuerza Pública, pueden someterse a esta justicia transicional».
«La Jurisdicción Especial “también tendrá en cuenta las investigaciones y sentencias de nuestros fiscales y jueces”.
«Quienes reconozcan su delito y cuenten la verdad tendrán sanciones de máximo ocho años y mínimo cinco años».
