Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los 126 asesinatos registrados en la región, 70 (más del 50%) ocurrieron en Colombia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que expresa su preocupación por los elevados índices de violencia que han vivido los defensores de derechos humanos durante 2023 en América tras registrar le asesinato de 126 personas.
A nivel general, mientras que entre enero y agosto hubo 69 casos registrados, en los últimos 4 meses del año (septiembre a diciembre) se reportaron 54 asesinatos. Los principales perjudicados fueron los defensores de medio ambiente, territorios y líderes indígenas y afrodescendientes.
Colombia, permanece primero
La CIDH lamenta que Colombia sigue liderando las cifras de asesinatos en la región en el sector de la defensoría de los derechos humanos y los territorios. Tras el registro de estos crímenes, el organismo reconoció las medidas implementadas por el gobierno alineadas al respaldo y reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos en el país.
El detalle clave de este informe es que los departamentos más violentos para los defensores fueron Putumayo, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde la tendencia también incluye a una amplia presencia de grupos armados, narcotráfico y producción de cocaína, por lo que esta presencia delictiva y el asesinato de defensores está relacionada.
Los últimos 4 meses
La Comisión incluyó los nombres de cada líder asesinado durante los últimos 4 meses del 2023 para dar cuenta de la criminalidad y que la situación de violencia no se quede solo en cifras. Diciembre fue el mes en el que más asesinatos se registraron:
En diciembre fue asesinada la lideresa comunitaria Martha Yolanda Benavides en Linares, Nariño; el líder indígena Eliécer Puyo Chocué en Caldono, Cauca; el líder social John Freiman Ramos Ocaña en Santander de Quilichao, Cauca; el líder campesino Carlos Arturo Quijano Velasco en Silvia, Cauca; el líder social Carlos Alberto Romero Martínez en La Dorada, Caldas; el líder indígena Marino Paví Julicue en Toribío, Cauca; el líder social Diego Antonio Arrieta López en Turbo, Antioquia; la defensora LGBTI Rozana Delgado en Bogotá; la lideresa social Tulia Carrillo Lizarazo en Tame, Arauca; el líder campesino Robert Fernández en Cajibío, Cauca; el defensor ambiental Camilo Osuna en Cali, Valle de Cauca; el líder social Robiro Rojas Benavides en Los Andes Sotomayor, Nariño; el líder social Pedro Pablo Salas Sánchez en Puerto de Asís, Putumayo; el defensor indígena Phanor Guazaquillo en Puerto Asís, Putumayo; la lideresa social María Isabel Ramos en Solita, Caquetá; y el defensor indígena Manuel Maria Carlosama Oco en Puerto de Asís, Putumayo.
En noviembre, fue asesinado el líder comunitario Daniel Andrés Rivas en Puerto Caicedo, Putumayo; el líder comunitario José Luis Alape en Puerto Guzmán, Putumayo; el líder comunitario Hermilson Layton Forero en Tame, Arauca; el líder comunitario Lennis Rojas Silva en Tesalia, Huila; el defensor del medio ambiente Elkin Jesús Díaz en Puerto de Asís, Putumayo, el defensor indígena Rogelio Chate en Caldono, Cauca y el líder comunitario Luis Alberto Quintero Díaz en Tibú, Norte de Santander.
En octubre fue asesinado el defensor afrodescendiente Samuel Avendaño Lopez en Carmen del Darién, Chocó; el líder comunitario Rubén Darío Patiño Cuervo en Palmira, Valle del Cauca; el defensor afrodescendiente Gustavo Adolfo Ortiz Murillo en Buenaventura, Valle del Cauca; el líder comunitario Jamile Bernal García en Villagarzón, Putumayo; el líder comunitario Miller Silva Rosero en Argelia, Cauca; y el defensor afrodescendiente Felipe Castro Pinillo en El Charco, Nariño.
En septiembre fue asesinado el defensor del medio ambiente Johan Ferney Aguilar en Falan, Tolima; el defensor Silvio Rosero Arteaga en Taminango, Nariño; el defensor Steven Chalarca en Yolombó, Antioquia; el defensor indígena José Arley Cruz Chucue en Miranda, Valle del Cauca; y el defensor indígena Milton Santacruz Aguilar en Necocli, Antioquia.
