Iván Cancino, defensor de la ex Congresista vallecaucana, niega relación de esta con el detenido ex fiscal Anticorrupción, pero las investigaciones en Colombia por el Cartel de la Toga apenas comienzan.
El escándalo que sacude a la Corte Suprema de Justicia por el llamado Cartel de la Toga, es decir, magistrados que supuestamente recibían sobornos para manipular procesos penales en ese Alto Tribunal, podría ser la razón por la cual el caso de lavado de activos de la actual Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tenga más de nueve años congelado allí sin que se resuelva.
Se sospecha que el proceso fue puesto en el congelador como consecuencia de las maniobras fraudulentas lideradas por el detenido ex fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, de quien se dice fue apoderado de Toro en las sombras en un caso contra un supuesto falso testigo, pues nunca apareció legalmente como su defensor ante la citada Corte.
Recordemos que Moreno ratificó públicamente que trabajaba bajo las órdenes de su «papa», el entonces poderoso magistrado y exPresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, quien está en el ojo del huracán de la opinión pública y bajo investigación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante porque supuestamente recibió dineros del citado exfiscal Anticorrupción, con el fin de manipular procesos penales en esa corporación.
Hay una veintena de políticos en investigación en la Suprema porque, al parecer, habrían pagado al ex fiscal Moreno para favorecese en los procesos que tienen en ese Alto Tribunal por diversos delitos. Una de las nombradas en esas averiguaciones es la médica vallecaucana Dilian Francisca Toro Torres, quien primero fue Presidenta de Senado como uribista y ahora es santista.
La pesquisa global en la Corte comenzó porque el detenido senador cordobés Musa Besaile Fayad reveló a los medios de comunicación que le entregó $2.000 millones a Moreno para manejar con algunos magistrados, como Bustos, su expediente por parapolítica, que efectivamente duerme en el congelador de la Corte durante años. Luego se supo que otros parlamentarios habrían hecho lo mismo.
Hay que preguntarse: ¿Tuvo alguna ingerencia Moreno y su otrora protector Bustos en el proceso contra Toro? ¿Por qué el expediente de Toro tiene tanto tiempo sin moverse en la Corte? ¿Le pasó lo mismo que al caso del senador Musa Besaile? … las investigaciones y Moreno, quien será extraditado a Estados Unidos, lo dirán.
A finales de julio de 2012, Toro estuvo detenida por este caso de supuesto lavado de activos, por lo cual renunció a su curul en el Congreso de la República para conseguir que su proceso saliera de la competencia de la Corte Suprema de Justicia y fuera asumida en su fase de investigación por la Fiscalía General de la Nación. Luego, Toro recobró su libertad y pudo convertirse en mandataria de los vallecaucanos.
La investigación contra Toro tiene que ver con las negociaciones que entre 2005 y 2007 realizó la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual hace parte la excongresista, para adquirir las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle), predios que pertenecieron a poderosos miembros del millonario Cartel del Cali, grupo narcotraficante que en los años 90 financió la campaña política de Ernesto Samper Pizano para que llegara a la Presidencia de Colombia.
En 2013, un fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en contra de la exsenadora del Partido de la La U, pero el juicio por supuesto lavado de activos no avanzó porque la poderosa política vallecaucana apeló la decisión.
El reconocido jurista Iván Cancino, apoderado de Toro, ratifica en su cuenta de Twitter que la información sobre la Gobernadora es imprecisa porque no hay relación entre Moreno y su defendida y argumenta que el detenido ex fiscal Anticorrupción nunca fue abogado de la citada ex parlamentaria.
Sin embargo, la investigación sobre el Cartel de la Toga solo está empezando y faltan muchas verdades por salir a flote. Moreno debe hablar sobre este caso en Colombia y Estados Unidos y las autoridades competentes revelar la verdad.