El 19 de agosto de 2011 un ciudadano radicó en la Fiscalía Seccional de Sincelejo (Sucre) una denuncia sobre la desaparición de unos cuantiosos recursos oficiales que eran para hacer unas obras en el principal colegio público del municipio sucreño de Sampués, con el cuales se pretendía brindar mejor facilidades para la educación de los niños necesitados de la región.
El entonces alcalde sampuesano Sergio Hernández Vergara, realizó el contrato interadministrativo No. 001 de 2011, firmado en abril del citado año, con la asociación de municipios del Alto Sinú y San Jorge «TVP» Municipios por un valor de $4.700.000.000, con el fin de hacer la construcción de aulas, vías, obras de reconstrucción del auditorio y baños, entre otras, en el colegio estatal Mariscal Sucre, el más popular y concurrido de la zona.
Lo peor del asunto es que dicho contrato se hizo de forma directa, a «dedo», sin licitación, es decir, sin llenar los requisitos legales. Con lo anterior el mandatario local habría violado la Ley 80 del 1.993. Lo cual constituye un delito, según los artículos 408, 409 y 410 del Código Penal colombiano.
La Ley 1150 de 2007 al respecto, manifiesta: “ARTÍCULO 10. TRATAMIENTO PARA LAS COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DE ENTIDADES TERRITORIALES. “Las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidarios de carácter público estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La celebración de contratos de entidades estatales con asociaciones o cooperativas de entidades territoriales y en general con entes solidarios, se someterán a los procesos de selección de que trata la presente ley, en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares”…
Sin embargo, las obras no se terminaron en el periodo del Alcalde Hernández Vergara, ya que desde su inicio duraron la mayor parte paralizadas.
El Alcalde no obligó al contratista a terminar las obras
Después llegó al poder el nuevo alcalde, Alejandro Sierra Marzán, quien le hizo dos adiciones al contrato Interadministrativo No. 001 de 2.011, entre Sampués y la asociación «TVP» Municipios, en un plazo de tres meses por un monto de $749.871.831, por lo cual el costo total de la contratación fue aproximadamente de $5.500.000.000. No obstante el negocio estar cancelado en un 90% desde septiembre de 2011 y las obras paralizadas.
Para no despertar las críticas de su comunidad, el Alcalde Sierra Marzán, el 15 de Febrero de 2013 firma un acta de liquidación del contrato. Pero el burgomaestre local extrañamente, en lo que parece un presunto favorecimiento, no requirió o conminó al contratista, en este caso, la asociación «TVP» Municipios, a terminar las obras inconclusas o en su defecto devolver los recursos pagados y no ejecutados. O sea, cancelarle solo las obras realmente culminadas.
Se contrató dos veces el mismo objeto
El 12 de septiembre de 2013, Sierra Marzán contrató con otra Asociación de Municipios, llamada Asociación Regional de Municipios del Caribe “AREMCA”, con la cual hizo un nuevo Contrato Interadministrativo, el No. MS-670-002-2013, cuyo objeto fue: “ADECUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AUDITORIO Y BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS”, por un valor de $376.663.716.
Este negocio también fue sin los requisitos legales, en forma directa, a «dedo» y sin licitación, incurriendo en los delitos que establece el Código Penal en los artículos 408, 409 y 410.
Es decir, que estas obras de reconstrucción del auditorio fueron contratadas y pagadas presumiblemente dos veces, ya que las mismas hacían parte del primer contrato Interadministrativo No. 001 de 2011, celebrado por el antiguo alcalde Hernández Vergara con la asociación de municipios «TVP» municipios.
En el caso interviene la Contraloría
Luego de varias visitas de auditorías realizadas entre el 11 y el 22 de marzo de 2013 a las obras del colegio Mariscal Sucre en Sampués y a la Alcaldía local, la Contraloría General de la República, con base en una querella presentada por un ciudadano, emitió, el 9 de septiembre de ese mismo año, su informe final sobre este caso.
La Contraloría confirmó la denuncia de la ciudadanía y sostuvo tajantemente que hubo un detrimento patrimonial superior a $1.490.000.000 y que, entre otras cosas, la administración municipal en la ejecución del contrato violó el principio de planeación.
A raíz de esto, la Contraloría abrió el juicio de responsabilidad fiscal No. 007 de 2014, proceso que lleva la funcionaria delegada Mónica Certaín Palma.
En las calles de Sampués se rumora que la plata la desaparecieron porque la usaron, supuestamente, para financiar la campaña política de uno de los dos alcaldes vinculados al tema.
Estos son los facsímiles de una parte del informe de la Contraloría donde se habla del presunto despilfarro de los dineros públicos.
Los hallazgos de la Contraloría llegan a la Fiscalía
El 15 de noviembre de 2013, un ciudadano puso en conocimiento de la Fiscalía 4 Seccional de Sincelejo, en ese momento a cargo de Aquiles Huertas Cumplido, sus hallazgos para que esta hiciera sus respectivas investigaciones penales por el presunto detrimento patrimonial de los $1.490 millones. La queja quedó radicada en los expedientes números 7000160010332011003363 y 700016001037201100149.
El denunciante le recordó al Ente Investigador local el valor probatorio que tiene el informe de la Contraloría, basado en el Artículo 271 de la Constitución Nacional, el cual dice texualmente:
«Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente».
Sin embargo, Huertas Cumplido extrañamente puso a dormir en el olvido el tema y nunca tomó una decisión al respecto, haciendo caso omiso a las denuncias ciudadanas y de la Contraloría. ¿Sería esto un acto de corrupción del señor Fiscal?
Luego Huertas Cumplido se fue, y lo reemplazó como Fiscal 4 Seccional, Hermes Pineda Román, quien también siguió con la política del silencio de su antecesor y nunca se pronunció sobre el caso.
Hasta a la misma Dirección Nacional de Fiscalías Seccionales, en el papel de superior jerárquico de Pineda Román, le quedó imposible hacer mover el tema, pues en repetidas oportunidades le pidió, mediante oficio, al citado fiscal resolver el caso y este nada ha hecho. Para la muestra este comunicado No.0492, del 12 de abril de 2016, en el cual la propia Directora Seccional de Sincelejo, Constanza Bustos Porto, le solicita una definición del asunto en los términos de la ley:
Pero el funcionario público, a la fecha, no le ha respondido, ni ha tocado el caso, a pesar de haber todos los elementos probatorios que entregó la Contraloría, que destacó la falta de planeación, para hacerles imputación a los implicados, basado en el artículo 271 de la Carta Política.
Hay que preguntarse: Si la ley obliga a los concejales sampuesanos de la época a hacer control político, ¿por qué no lo hicieron en estas contrataciones? Su posible negligencia podría considerarse como un presunto delito de Prevaricado por Omisión.
Los que sí actuaron fueron los habitantes de la población. Varios ciudadanos como Fernán Bravo Cabrales y Gustavo Tafur Márquez, preocupados por el manejo de los dineros públicos de la localidad sucreña, han dirigido solicitudes ante la Procuraduría, la propia Fiscalía y la Contraloría para que se defina el tema y nada se ha logrado por el silencio casi cómplice del mencionado investigador encargado.
Esta es una prueba de sus peticiones:
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La justificación de la Alcaldía de Sampués y que, al parecer, también acoge la Fiscalía sincelejana, con una insólita complacencia, es que para ellos no hubo ningún detrimento patrimonial, porque al final las obras del colegio Mariscal Sucre se construyeron. Pero lo que no tienen en cuenta ambas partes es que el dinero del contrato inicial No. 001 de 2011 nunca se recuperó y las construcciones sí se hicieron, pero con otro contrato, el No. MS-670-002-2013, por lo cual el municipio tuvo que sacar ese dinero extra para terminar lo que ya había contratado. El detrimento sigue vigente.
En las calles de Sampués afirman que la actuación de la Fiscalía parece un jugada dilatoria que buscaría una posible prescripción del proceso.
¿Qué pasa en la Fiscalía local?
Este largo tema, en el cual se perdieron dineros destinado a mejorar la calidad de los estudiantes sucreños, deja muchos interrogantes por parte del Ente Investigador regional.
¿Qué esconden en la Fiscalía de Sincelejo en este caso? ¿El Ente Investigador está tratando de proteger a alguien? ¿Por qué no quiere cumplir su deber constitucional de investigar las denuncias de la ciudadanía? ¿En verdad busca que los delitos prescriban? ¿Conocen en la Fiscalía General de la Nación la actuación de su sede en esta provincia costeña?
Sampués es famoso en la Costa Caribe por su gran producción de toda clase muebles en madera para el hogar, los cuales tienen como destino los principales almacenes del sector en las distintas ciudades de Colombia. Pero todo parecer indicar que la corrupción no ha sido ajena a este bello municipio de Sucre. Lo más lamentable es que los organismos de control, ni Fiscalía, ni Contraloría, ni Procuraduría no actúen ante los presuntos punibles resaltados en este informe y, por el contrario, hagan el juego para que las anomalías con los recursos públicos se reproduzcan.
*Espere en la segunda parte de esta investigación: «El largo juicio fiscal por las obras de un colegio en Sampués».
