Tres mil empleados de Caprecom fueron estafados en cerca de medio billón de pesos por dos Cooperativas, a las que la entidad de salud también les dio numerosos contratos sin requisitos, a dedo, por otro medio billón, en sólo tres años, y luego se declaró en quiebra. Ocultan Auditoría. Este caso supera temas como El Carrusel de la Contratación de Bogotá, la Universidad San Martín o Interbolsa.
Por Sixto Alfredo Pinto
En Colombia se han conocido muchos temas de corrupción como El Cartel de la Contratación de Bogotá, la Universidad San Martín e Interbolsa, pero ninguno igual a la de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), donde unas cooperativas defraudaron medio billón de pesos de los ahorradores, y su directora mantiene el caso en secreto. Esta es la historia que La Otra Cara les va a revelar en exclusiva.
Este gigantesco fraude salió a la luz pública luego de conocerse los resultados de una auditoria forence contratada por la propia directora general de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar Pulecio, con el fin de inspeccionar la situación actual de la entidad, que es la única EPS estatal del país y se encarga de prestar servicios de salud a los empleados del Estado.
El estudio fue adjudicado a la empresa JAHV McGregor S.A., que hace parte de la Unión Temporal Auditoría Forence, representada legalmente por Gildardo Tijaro Galindo, el 10 de diciembre de 2013 con el número 0327, costó la no despreciable suma de 4.563 millones de pesos, y verificó la situación de los contratos en Caprecom, teniendo en cuenta sólo los años 2010, 2011 y 2012. Aclaremos que Luisa Fernanda Tovar entró a la entidad prestadora de salud en el 2012. Esta Auditoría la dirigió la experta María Victoria López Colón, amiga personal de Tovar, y quien en el pasado, desde el 2002 al 2008, se había desempeñado como Subdirectora Administrativa en la citada caja de previsión. López Colón le confirmó a La Otra Cara que ella no terminó el estudio y que se retiró antes de entregar el informe final, al parecer porque no le gustaron muchas cosas que se encontraron allí.
Cooperativas con negocios de $496.000 millones en tres años
Se descubrió que Caprecom venía contratando desde el año 2002 con dos cooperativas de trabajo asociado llamadas Cooperamos CTA y Coopservicios CTA, cuya misión u objeto era hacer las veces de bolsas de empleos y manejarles todos los trabajadores a la entidad prestadora de salud.
El asunto consistía en que dichas cooperativas tenían el control legal para buscar o convocar a los empleados que iban a ingresar a la entidad, seleccionarlos, contratarlos y finalmente pagarles sus honorarios. Esta tercerización se prestaba para realizar nóminas paralelas, lo que no salido a la luz pública. Además les brindaban a los trabajadores estatales el servicio del ahorro voluntario, para que tuvieran a futuro, créditos o préstamos para mejora su calidad de vida, por ejemplo, para comprar casas, vehículos o estudios, etc. Les descontaban del sueldo a los empleados asociados para sus préstamos.
Pero lo más sorprendente es que entre 2010 y 2012, Caprecom les hizo pagos a estas empresas por más de 496 mil millones de pesos.
Adiciones de los contratos
Según la Auditoria, como si fuera poco, a los dos contratistas mencionados se les hicieron adiciones periódicas por 84.000 millones de pesos, entre el mismo período 2010 y 2012. Se destaca, además, que ambas cooperativas funcionan curiosamente con la misma dirección y domicilio en la ciudad de Manizales (Caldas), a pesar de justificar legalmente ante Caprecom que eran empresas independientes.
Así lo confirman los hallazgos de la Auditoría: “Pagos a cooperativas durante el periodo 2010 – 2012 por valor $496.336 millones de pesos, por servicios de suministro de personal asistencial, operativo y administrativo, de los cuales el 45% de la contratación se realizó con las cooperativas Cooperamos y Coopservicios, que aparte del contrato inicial por valor de $238.155 millones de pesos tuvo adiciones periódicas por valor de $84.033 millones de pesos. Situación que denota una importante concentración de recursos en cooperativas que pretenden mostrarse como empresas independientes pero figuran con la misma dirección del domicilio social”. El estudio completo lo pueden consultar en este enlace: COOPERATIVAS.
Estos son los contratos de Caprecom con dichas cooperativas, año por año, desde el 2010 hasta el 2012 con sus respectivas adiciones:
Lo curioso del asunto es que el valor de contratación de estas cooperativas con Caprecom representa 8 veces el gasto de la nómina total de la planta de personal de esta entidad, y eso es sólo en los tres años que supervisó la auditoria. Imagínense lo que pasó en tiempo atrás, del 2002 al 2010, cuando estas firmas comenzaron su relación comercial con la Caja de Previsión, lo cual no fue auditado.
«Dicho valor representa la contratación tercerizada de aproximadamente 8 veces el total del gasto de la nómina de la planta de personal durante dichas vigencias», aclara el estudio.
El jugoso negocio de los primos Giraldo
Estos multimillonarios contratos fueron a parar, principalmente, a las manos del señor César Augusto Aristizábal Giraldo, que es el dueño y fundador de Cooperamos, y de su primo Juan Carlos Giraldo Bernal, el dueño y fundador de Coopservicios. Ambos son de Manizales.
Otras cooperativas del mismo núcleo familiar de los primos Giraldo, también están en el jugoso negocio con Caprecom. Ellas son Servigen, Coomedicol y la firma Coomprender, a la cual las autoridades investigan si actúo como una captadora ilegal de dinero, porque no tenía permiso de la Superintendencia Financiera para hacer préstamos a los empleados y los realizó desde el 2002 hasta 2012.
En los pasillos de Caprecom se dice que que la firma de medicamentos Disfarma, de José Eugenio Gómez, de Bucaramanga, funciona con dineros de César Aristizábal, lo cual es materia de investigación por parte de las autoridades que recibieron la denuncia de esta revista. Disfarma ha contratado con la mencionada caja de previsión estatal cerca de 85.000 millones de pesos.
Se sabe que César vive en Manizales y tiene grandes extensiones de tierra en La Dorada (Caldas) y sus socios viven en Estados Unidos y Panamá, donde poseen lujosas propiedades.
Curiosamente, estas cooperativas entraron a Caprecom el año 2002, cuando era director de la entidad el también manizalita Carlos Tadeo Giraldo.
Así fue el fraude a los empleados
Las verdaderas víctimas de esta historia son los trabajadores. En el 2012, a pesar de haber recibido casi medio billón de pesos en contratos de Caprecom, tanto Cooperamos como Coopservicios, anunciaron que entraron en liquidación, afectando a más de 3.000 empleados de la entidad estatal y a sus familias, quienes habían depositado sus aportes en dichas cooperativas desde su fundación en 2002 como ahorro voluntario, con el fin de buscar unos beneficios, entre ellos, intereses y toda clase de préstamos. El promedio de los aportes de cada empleado, era un mínimo de 70 mil pesos mensuales, para los que menos ahorraban, y aumentaban dependiendo el salario del trabajador.
Solamente en la Regional de Bogotá se perdieron 9.000 millones de pesos de los ahorradores.
Las firmas entraron en liquidación y se evadieron con la excusa de que Caprecom les debía 16 mil millones de pesos de facturas por su servicio de bolsa de empleo. Es decir, aprovecharon que la entidad del Estado se retrasó en ese pago y acaban su relación contractual, perjudicando a los empleados. No obstante, no tuvieron en cuenta que Caprecom les habían facturado ingresos por cerca de 500 mil millones en tres años, del 2010 al 2012.
Esta información del fraude a los empleados no está recogida en la Auditoría, pero los damnificados están dispuestos a llevar el caso a instancias legales para recuperar sus ahorros, según le contaron a La Otra Cara varios de ellos.
Caprecom asume deudas de Cooperamos y Coopservicios
Como si faltara algo, según la Auditoría, ahora a Caprecom le toca pagarle miles de millones de pesos a sus trabajadores porque las cooperativas no les han cancelado sus prestaciones de ley (primas, vacaciones, cesantías y pensiones). Al parecer en el negocio no había garantías verdaderas de cumplimiento.
«Las cooperativas anotadas según la información recaudada, incumplieron de manera reiterada, en algunos casos, el pago oportuno de las compensaciones a sus trabajadores asociados, lo que dio lugar a múltiples procesos judiciales en contra de CAPRECOM, dentro de los cuales, como medida cautelar, se ordenó el embargo de las cuentas bancarias y en consecuencia la constitución de Títulos Judiciales por valor de $12.996 millones de pesos, por ese concepto, a cargo de la Entidad», sostiene el estudio de McGregor.
Hay que preguntarse: ¿por qué Caprecom no le hizo cumplir a las firmas aseguradoras (que emitieron esos valiosos documentos) las citadas Pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, que supuestamente eran las garantías con las que estaba amparado el negocio y, de paso, protegidos los empleados? ¿Hay omisión en este caso por parte de las directivas de la entidad?
No hubo garantías
Las empresas Cooperamos y Coopservicios primero recibieron y firmaron los contratos, y luego, a su antojo, expidieron sus Pólizas de Seguros de cumplimiento, a los 26 o 56 días después de haberles entregado los negocios y haberse iniciado los mismos, lo cual es irregular porque eso es un requisito previo para pactar cualquier contrato en Colombia.
Estos son los ejemplos que entrega el estudio: «PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 21-44-101082615. Se evidencia que el contrato inició el 07/01/2011 por consiguiente la póliza fue expedida 26 días después de iniciar el contrato, es decir el 03/02/2011, tiempo en el cual suponemos se estaría sin cobertura en caso de presentarse un siniestro. No obstante se puede apreciar en la misma que se da como fecha inicial la fecha del contrato.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 21-03-101001191. Se evidencia que el contrato inició el 07/01/2011 por consiguiente la póliza fue expedida 56 días después de comenzar el contrato, es decir el 21/03/2011, tiempo en el cual se supone que estaría sin cobertura en caso de presentarse un siniestro. No obstante se puede apreciar en la misma que se da como fecha inicial la fecha del contrato».
Contratos a dedo
En todos los contratos de las dos cooperativas mencionadas tampoco se encontraron incluidos los siguientes documentos, que son de carácter obligatorio, de acuerdo con las leyes colombianas, lo que es un caso único en el país.
Esto afirma la Auditoría: «En gran parte de los expedientes soporte de la contratación, no se encontraban incluidos en la Carpeta Individual de cada contrato, todos los documentos que soportan el Proceso Precontractual, Contractual y Postcontractual, a saber:
Justificación de la contratación.
- Derechos de publicación en la Imprenta Nacional.
- Pólizas de Seguros actualizadas.
- Hoja de vida de la Función Pública.
- Certificado de Antecedentes emitidos por la Procuraduría, Contraloría, Policía.
- Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Supersolidaria.
- Propuesta económica del proveedor.
- Certificado de afiliación y el pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de sus asociados.
- Informe de productividad y rendimiento de cada establecimiento penitenciario operado y la certificación de cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato expedida por el Supervisor del mismo.
- Algunos documentos soporte no son originales sino copias, que en algunos casos son ilegibles».
Es decir, que ninguna de las dos empresas cumplía los requerimientos para ganarse los contratos. Lo anterior significa que los millonarios negocios de Caprecom con estas cooperativas y sus respectivas adicciones fueron adjudicados a dedo, pues no tenían casi ningún requisito.
Cooperativas no tenían capacidad de contratación
Las cooperativas que negociaron con Caprecom tampoco tenían el sustento legal para hacer un contrato de esta magnitud, pues estaban endeudas y no poseían respaldo económico.
«Llama la atención que se contrataron Cooperativas con niveles de endeudamiento cercanos al 80%, es decir, sin ningún respaldo patrimonial para prestar estos servicios. Así mismo, se destaca que dichas cooperativas poseían al momento de la contratación un patrimonio muy inferior al 1% del valor total de la contratación», sostiene la Auditoría.
Pagaban las facturas sin soportes
Caprecom pagó más de 4.000 millones de pesos de forma irregular a las cooperativas sin los soportes legales. Es decir, los funcionarios encargados en la entidad confirmaban en los informes que estos contratistas habían cumplido parcialmente con los requisitos para los pagos y les faltaban documentos, pero certificaban que tenían un cumplimiento total de dichos requerimientos legales y se procedían a su posterior pago.
«En el resultado del examen documental a las carpetas de contratación, se identificó la existencia de hechos cumplidos por valor de $4.620 millones de pesos, en desarrollo de los contratos objeto de auditoría; práctica contraria a lo normado, según lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 115 de 1996 que reza: «Artículo 22. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma«, manifiesta el informe.
Lo anterior podría convertirse en un claro detrimento patrimonial a las arcas del Estado.
Serviría para hacer hospitales o miles de casas gratis
Sólo con el dinero defraudado a los trabajadores de Caprecom por parte de las cooperativas, sin nombrar los recursos públicos que se malversaron en el proceso de contratación de tercerización con estas empresas para que hicieran las veces de bolsas de empleo y también de patrono, el Gobierno Nacional podría construir 20 hospitales del Primer Nivel, bien dotados, a razón de 25.000 millones de pesos cada uno.
También se podría llevar a cabo, por lo menos, gran parte del sueño del Ejecutivo de dotar de viviendas gratis a los ciudadanos más pobres de Colombia. Con ese medio billón de pesos, se podrían construir 10.000 casas de interés prioritario o social en todo el país, a razón de 50 millones cada una.
Silencio absoluto
Luego de conocer los sorprendentes hallazgos de la Auditoría que ella mando a hacer, Tovar no se ha pronunciado al respecto y este estudio parece haber desaparecido misteriosamente de su despacho. Los empleados, que causaron revuelo cuando se hizo el examen en el 2013, no saben los resultados de ese estudio y uno de los dos sindicatos de la entidad, sospecha que hay muchas irregularidades, pero las desconoce al detalle, ya que han pedido copias del mismo, pero se las han negado.
El rumor en los pasillos de la entidad es que allá «se sabe lo que pasa, pero todos callan porque muchos están implicados en casos irregulares, incluyendo uno de los sindicatos, el cual apoya a la administración».
Los empleados de Caprecom, que son víctimas de las cooperativas, se preguntan: ¿Tovar ya denunció o puso en conocimiento de las autoridades competentes este grave hecho? Porque si no lo ha hecho, podría haber incurrido en una posible conducta penal o disciplinaria por omisión.
¿Qué piensa de este caso la jefe de Control Interno de la EPS estatal, Consuelo Ovalle, que no se ha pronunciado al respecto? La Otra Cara intentó comunicarse varias veces con Tovar para conocer su versión sobre los hechos, pero fue imposible contactarla. Uno de sus asesores directos, Miguel Rodríguez, le confirmó a esta revista que no conocía la Auditoría y que en su debido tiempo averiguaría sobre el asunto y se pronunciaría sobre el tema.
Se dice que Caprecom es la Caja Menor de los políticos colombianos, lo cual no está comprobado legalmente, pero lo que sí esta probado es que este caso de malversación y fraude, en en el que están envueltos las empresas Cooperamos como Coopservicios, y otras más, al igual que las directivas del más alto nivel de la entidad estatal, supera por lejos otros temas de corrupción en Colombia.
El Cartel de la Contratación de Bogotá, donde se habla de unos 500 mil millones de pesos desparecidos; Interbolsa, que pasa de los 200 millones de dólares estafados, y la Universidad San Martín, en el que mencionan cerca de 300 mil millones de los estudiantes defraudados, se quedaron cortos. Aquí, en tres años, se dieron contratos a dedo por cerca de medio billón de pesos a unas cooperativas amigas y estas, no contentas con el botín, le estafaron otro medio billón a sus clientes: los trabajadores de Caprecom.
