Si la Fiscalía colombiana y la justicia norteamericana quieren saber el hilo conductor que les puede llevar al descubrimiento de un plan gigante de impunidad para favorecer y manipular procesos penales, debería seguir la pista de Hernando José Padauí Álvarez —el popular Picho— exmiembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia.
Picho Padauí saltaba de un solo pie cuando el 6 de octubre de 2016 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, nombró a Luis Gustavo Moreno Rivera como Fiscal Anticorrupción de esa entidad que hoy tiene un pie en La Picota y otro en una cárcel norteamericana.
¿Por qué el Picho —quien fuera proceloso miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes— de Cambio Radical, estaba tan alegre? Con la llegada de Moreno a ese alto cargo del organismo de investigación, se capturaba todo el aparato de justicia central para garantizarle impunidad a los aliados políticos de ese partido que estaban implicados en procesos penales, especialmente los relacionados con la parapolítica y la corrupción administrativa. Quiero contarle la historia con pelos y señales para que no haya duda de la inmoralidad del político más destacado que Magangué tiene en la actualidad.
Moreno, aliado de Picho
Picho necesitaba un abogado como Luis Gustavo Moreno, y durante el período 2011-2015 lo apadrinó desde la Cámara de Representantes. Al principio iba más seguido a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del parlamentario (Vea), porque era su asesor en la Comisión de Acusaciones. Pero en la medida en que recibía más clientes de la parapolítica y se convertía en exponente de la teoría del falso testimonio, se iba granjeando la amistad con los jefes de Cambio Radical, como Germán Varón Cotrino, Germán y Enrique Vargas Lleras. De igual forma se le facilitó su entrada al circulo de tres pesos pesados de la justicia suprema: los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, quienes según la justicia norteamericana y colombiana habrían manipulado y direccionado procesos de la parapolítica y otros delitos a favor de senadores, y compartía escenarios para debatir sobre su teoría del falso testigo con destacados juristas como Humberto Sierra Porto y Juan Gossaín.
Cuando Luis Gustavo Moreno, en compañía de Sigifredo López y de otros personajes involucrados en proceso que la Corte Suprema de Justicia venía investigando por su presunta concertación con grupos paramilitares para hacerse elegir, escribí un artículo donde predije el fin de los procesos de la parapolítica. Este fenómeno surgió a partir de una presión de la justicia norteamericana que develó una lista de presuntos parlamentarios relacionados con grupos armados. La justicia colombiana se vio en la necesidad de iniciar en 2006 lo que posteriormente se conoció como parapolítica. Tal como está sucediendo con el Caso Lyons.
Pero hay un hecho que ha pasado desapercibido por los medios de comunicación nacional; el abogado Moreno no solo asesoró a los parapolíticos para salir de la cárcel sino que también asesoró a Servicio Postal 472, del cual fue protagonista de un hecho que vale la pena resaltar.
En el mes de agosto de 2016 —antes de ser Fiscal Anticorrupción— le entregó a un periodista de investigación de El Espectador (Felipe Morales) fotocopia de una denuncia ante la Fiscalía de un falso testigo, según el cual en la empresa estatal Servicio Postal 472, dirigida por Adriana Barragán, esposa del hoy secretario Secretario General de Presidencia, Alfonso Prada, había una red de traficantes de estupefacientes hacia países como la China. El periodista publicó un artículo que obligó a la directora de la entidad contratar al exdirector del CTI, Julián Quintana Torres, para investigar los hechos e iniciar los procesos necesarios, de acuerdo a la información de elexpediente.co La trama era colocar contra las cuerdas a la esposa de Prada.
Quintana presentó una denuncia contra indeterminados, pero tenía la plena prueba que el documento lo filtró el abogado Moreno al periodista, ya que éste lo delató por haberlo engañado con el documento del falso denunciante que utilizó el nombre de Marco Antonio Fernández. La Fiscalía se encuentra investigando este caso que podría dar luces sobre las influencias del abogado de la parapolítica que luego se convirtió en el Fiscal Anticorrupción.
De concejal a capo de la política
Empiezo por recordar que cuando, en 1998, el Picho le ganó la alcaldía a Arturo Zea Solano para suceder en el cargo a Alfredo Posada Viana, comenzó la debacle de ese importante puerto del Río Grande de la Magdalena.
Lo conocí cuando era concejal de ese municipio. Su ambición se dibujaba en cada palabra que pronunciaba y en cada gesto que hacía. Es habilidoso, inteligente y astuto… para la maldad. El alcalde de ese entonces quería que el alcalde fuera Zea, pero nadie supo de qué cubilete sacó su aspiración a la alcaldía, ¡y la ganó!
Como alcalde de Magangué, además de dejarla endeudada, creó las primeras concesiones privadas; se quedó con el servicio de aseo e hizo negocio con Alfonso Turco Hilsaca para entregarle el alumbrado público de Magangué. En uno de esos negocios tuvo un choque directo con los intereses del grupo de la Gata por el aseo y otros contratos donde participaba como socio por intermedio de otras personas. Cuando Jorge Luis Alfonso López se ganó la alcaldía, los gatosle mandaron unos emisarios, y el Picho de inmediato sufrió una crisis nerviosa que lo hizo preparar maleta para Miami en donde, al parecer, estuvo en tratamiento médico para su salud mental. Alfonso Turco Hilsaca lo ayudó y lo instaló en La Florida donde montó una pequeña clínica conjuntamente con su esposa de ese entonces. Aunque se presentó como médico general en Estados Unidos, de medicina no sabe nada. Según el relato de una de sus funcionarias, siendo alcalde, en una de sus andanzas en chalupa sobre el río Magdalena, alguien se hirió en un accidente, y Picho pedía a gritos un médico, y otro le recordó que el médico era él. A lo cual respondió:
“¡Miércoles, allí si nos jodimos!”
Algunos allegados al parlamentario me manifestaron que luego de haber salvado su pellejo, se arrodilló y le pidió perdón a Enilce López, y pudo regresar a Colombia para seguir en sus viejas andanzas, ya no como enemigo del grupo de ella sino como aliado. “Si no puedes con tu enemigo, únete a él“, le repetía a sus amigos de Magangué. En esa época había un imperio gatuno que los magangueleños —acostumbrados a chacharear en voz alta en parques, esquinas y en los bajos de la alcaldía— comenzaron a hablar pasito en la intimidad de sus hogares.
El Turco le volvió a dar abrigo y le consiguió un empleo en Cardique. De aquí le financió su campaña a la Cámara de Representantes alcanzando una curul. Ya en la corporación, se granjeó unas excelentes relaciones para escalar en el poder político hasta llegar a ser miembro de la Comisión de Acusaciones.
Picho siempre se cae pá arriba, me comenta un magangueleño que le conoce su vida. Y es cierto, cuando todos creían que salía de circulación política, se hizo poderoso en la Cámara de Representantes y, es muy probable, que realice el salto al senado en las próximas elecciones.
Moreno, incondicional del Picho
Regresemos a la actualidad. Luis Gustavo Moreno Rivera era un incondicional de Picho que se prestaba para toda su vagabundería en el mundo de la política y de la administración pública. Cuando Moreno se alió a Picho, se juntaron la comida con las ganas de comer. Al fin y al cabo, los dos se parecen por ser embaucadores, tramposos y requetevivos. Capturar la Fiscalía Anticorrupción era oro puro para el Picho, porque obedecía a una estrategia política de su jefe máximo, Germán Vargas Lleras, para blindar a todos sus amigos investigados por corrupción, y también servía de látigo para ablandar a sus enemigos con miras a las elecciones presidenciales.
Pero a Picho eso no le bastaba. Es un hombre muy ambicioso, aunque se rompa el saco. Nombrado Moreno en el cargo se podía beneficiar de doble vía: en lo político y en lo económico. Quienes lo conocen, aseveran que el parlamentario le gusta tanto el dinero que no hace un favor gratuito. Siempre hay una contraprestación económica, aparte de lo político. Si el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, incurso en procesos penales, quería beneficios con la actuación criminal del fiscal anticorrupción, no bastaba que fueran de la misma cuerda política, sino que tenía que financiar los gastos que ello demandaba, según la lógica del modus operandi descubierta a Moreno. Esta conducta criminal se devela en las centenares de horas grabadas por la justicia norteamericana a los protagonistas de esa historia que mantiene en el pabellón de los extraditables al socio del Picho.
Esa fue la verdadera esencia de la captura del cargo por uno de los individuos más inescrupuloso que el congreso tiene. Tan es así que de las 72 investigaciones que tenía en la fiscalía, la procuraduría y la contraloría, después de desmantelar la alcaldía de Magangué (1998—2001)-, casi todas se las archivaron con la ayuda del Turco. O sea, Picho le aplica la lógica criminal ya que tiene mucha experiencia para burlar a la ley y evadir las investigaciones. Por algo fue miembro de la Comisión de Acusaciones siendo médico , y aspiró a ser presidente, pero Yair Acuña —también muy habilidoso— le ganó por un golpe de mano.
Se dice que Picho le conseguía los clientes a Luis Gustavo Moreno cuando éste litigó en la parapolítíca, (Moreno defendió al Turcco Hilsaca) pero todo hace indicar que su relación con el exFiscal Anticorrupción, lo puede llevar al final de su azarosa vida de parlamentario.
Por LUCIO TORRES
