El citado Convenio 1097 de 2017, para la atención de la Primera Infancia, pasó de costar $20 mil millones a 90 mil millones y fue firmado durante la administración de Alejandro Char.
E
n el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han sucedido durante años una serie de hechos de corrupción que deberían llamar la atención de los organismos de control del país.
Para citar solo un caso, nombremos un Informe Confidencial de 56 páginas que realizaron funcionarios de la misma entidad, de la Oficina de Control Interno, denunciando múltiples incidentes de corrupción, pero que han mantenido oculto por los graves hechos que allí se revelan.
Dicho estudio es de la época en que Karem Abudimen era la Directora del ICBF, a mediados de 2017, durante la administración del presidente Juan Manuel Santos.
En el informe se habla del gigantesco Convenio Interadministrativo 1097 de 2017, para la atención de la primera infancia, que se hizo entre la entidad estatal dirigida en ese momento por Abudimen y la Alcaldía de Barranquilla (Atlántico) en tiempos del mandatario Alejandro Char Chaljub.
El negociado inició en el 2012 (cuando era alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera) por casi 20 mil millones de pesos y luego, año tras año, se fue incrementado dicho valor del citado Convenio por casi 90 mil millones, que fue la última suma reportada en 2019.
CÚMULO DE IRREGULARIDADES
Dentro de las anomalías se encontró que el distrito de Barranquilla nunca dio cumplimiento a dicho Convenio, en relación a los aportes de contrapartida, a pesar de recibir semejante cantidad de dinero.
En la página 39 NC2 (No Conformidad) del Informe se denuncia que el Convenio Interadministrativo arranca sin supervisión. Se da inicio a la ejecución del acuerdo sin delegación al supervisor que para el caso debió ser el Director de Primera Infancia del ICBF de la época.
A la fecha, el mencionado Convenio no se ha podido liquidar y quienes ejercieron la supervisión del tema se encuentran ad portas de una sanción disciplinaria.
En la NC3 (No Conformidad). La Alcaldía de Barranquilla no reporta información sobre el citado convenio a pesar de los requerimientos del ICBF. O sea, la administración local de Alex Char ocultó información a los funcionarios de la Oficina de Control Interno.
En el NC4 (No Conformidad). La Alcaldía de la Capital del Atlántico entregó complemento nutricional sin componenetes calóricos esenciales para la nutricion de los niños, lo cual no contó con la supervisión y valoriación del ICBF. Por ejemplo, no hay aprobación de la Dirección de Nutrición de la entidad estatal para que el Distrito de Barranquilla entregara colombiharina en vez de bienestarina.
Los funcionarios de la Oficina de Control Interno descubrieron que el talento humano contratado por la Alcaldia de Barranquilla no cumplió con los perfiles estipulados por el ICBF, en el manual técnico operativo, en las diferentes modalidades de atención. Se contrató personal para el ejercicio de labores por encima de los costos de refrencia estipulados en la canasta de cada modalidad.
Se evidenciaron constantes bajas coberturas en la prestación de los citados servicios. El Convenio se firmó para atención de 46.800 niños y la Alcaldía barranquillera nunca alcanzó esa cobertura o cantidad tal como lo muestra el sistema de información misional del ICBF y constantemente se solicitaron reinversión de los recursos sobrantes en diferentes rubros a fin justificar el gasto y no la devolución de los recursos no ejecutados.
Se registraron 1.744 niños atendidos, los cuales no eran parte de las bases de datos de Sisben o de los registros de menores necesitados por su extrema pobreza. Es decir, no eran niños vulnerables. ¿De dónde salieron estos menores? ¿Será que en este fueron cuposo asignados a la burocracia de la política regional?
No se evidenció para el primer desembolso de dicho Convenio, el plan de trabajo que era requisto previo para el mismo. O sea, se da inicio a la atención sin el lleno de los requisitos, aprobando un primer desembolso sin dicho plan.
Los funcionarios en vista de supervison a las entidades contratadas lograron evidenciar, que las fundaciones contratadas les descontaban a su personal 50 mil pesos mensuales para actividades varias, lo cual es irregular. ¿A dónde fueron a parar esos recursos?
La Alcaldía de Barranquilla pagó 4.000 millones de pesos que no debieron ser desembolsados a los operadores (32 en total), porque iniciaron tarde la prestación del servicio. El Distrito de Barranquilla debió descontar dichos recursos a los operadores contratados y no lo hizo. La Administración local debió reintegrar 13 mil millones al ICBF, por inicio tardío del mencionado Convenio, pero no se evidencia dicha devolución.
En la página 44 del Convenio se encuentran las recomendaciones que hace Control Interno del ICBF y que nunca se llevaron a cabo, toda vez que a la fecha dichas recomendaciones no se cumplieron lo que imposibilita la liquidación del Acuerdo.
LUPA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
Estas son solo algunas de las anomalías del Convenio 1097, firmado entre la Alcaldía de Barranquilla y el ICBF, lo cual debería ser investigado por las autoridades penales, disciplinarias y fiscales del país, para descubrir quiénes son los responsables de estas irregularidades que le han causado un posible detrimento patrimonial al Estado.
Por alguna inexplicable razón, el caso se ha mantenido en secreto y fuera de la vista de los organismos de control durante varias administraciones del ICBF, pero nuestro portal lo revela para que la nueva Directora de la entidad, Lina María Arbeláez Arbeláez, quien ha mostrado públicamente su interés en combatir la corrupción, tome cartas en el asunto.
Por otra parte, Carlos Alberto Aparicio Patiño, Director de Primera Infancia del ICBF a nivel nacional, debería responder, no solo estas irregularidades en el Convenio 1097, sino por las constantes denuncias de corrupción en todo el territorio nacional que giran en torno a la dependencia que él maneja. Se dice en las quejas que llegan a nuestro medio de comunicación que su equipo de colaboradores, contratados con altos honorarios, ha hecho de la entidad una casa de coimas en beneficio del mejor postor, temas que estaremos publicando en futuras entregas.
La Otra Cara, como Veeduría Ciudadana, le solicita a las entidades de control que comiencen a investigar los procesos de contratación en Santander, Cundinamarca, Bogotá, Bolivar, Sucre, Cordoba y Atlántico, departamentos en los cuales, con el apoyo de los directores regionales, se han entregado contratos a operadores para favorecer a los políticos locales.
Lea AQUÍ el INFORME COMPLETO SOBRE EL CONVENIO 1097-2017 DE BARRANQUILLA
Defraudar, robar, esquilmar la comida de los niños o de esa población vulnerable, es el Delito más atroz qué hay que rechazar y sancionar con la pena más alta que establezca el Código Penal para esos si vergüenzas. No hay Derecho.
Lo felicito por su excelente información para el pueblo abran los ojos de los que administran nuestro recurso.
Sería bueno una investigación exhaustiva en los años antes mencionados y que le caída el peso de la Ley a los implicados,ya que con la alimentación ,salud, la vida ,etc de la niñez no se juega
Es extraño, esta denuncia es contra Alex Chat y al final de la página tiene publicidad de olímpica
la contraloría general en vez de estar haciendo torcidos internos como son nombramientos de parentelas muy cercanas y de otros corruptos enquistados ahí, debe cuanto antes meterle mano al multimillonario negociado.