En la larga cadena de hechos de presunta persecución que ha denunciado el Concesionario que opera mediante un contrato público los Cementerios Distritales de Bogotá contra la UAESP, la entidad que controla este tema en la ciudad, se destacan las actuaciones irregulares de la firma de interventoría del citado contrato.
El Consorcio San Marco recibió casi 7 mil millones de pesos ($6.896 millones) de manos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que pertenece a la Alcaldía de Bogotá, para ser el interventor, es decir, el vigilante y garante equitativo del Contrato de Concesión 415 de 2021, el cual le fue entregado a la empresa Jardines de Luz y Paz, para menejar los cementerios de la capital.
Sin embargo, Jardines de Luz y Paz denuncia que algunos funcionarios de esa interventora, al parecer realizaron varios informes supuestamente amañados y carentes de veracidad para afectar su imagen y allanar el camino para que la UAESP comenzara una serie de acciones contra el Concesionario y al final decidiera quitarles ese contrato por supuesto incumplimiento.
Detrás de todo este plan estaría la mano negra oculta del coordinador Rommel Oswaldo Amaya Medina, quien fue Representante Legal de la mencionada interventoría durante 7 meses. Se dice que todas sus acciones habrían sido coordinadas con la propia gente de la UASEP, bajo el mando de Consuelo Ordóñez de Rincón, una camaleónica política de Bucaramanga, ahora mano derecha del Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mujer que ha enfilado sus baterías contra la Concesionaria Jardines de Luz y Paz para quitarles el millonario contrato de los cementerios.
Amaya Medina es un especie de «fantasma» que no aparece por ningún lado, pero según las denuncias, es el encargado de estructurar todas los informes aparentemente amañados en la interventoría contra Jardines de Luz y Paz.
Otra persona que supuestamente actúo en este plan contra la Concesionaria es María Paula Castañeda quien era la mano derecha de Amaya Medina, pero luego de sus acciones contra Jardines de Luz y Paz sorpresivamente ahora se dice que está a punto de formar parte de la UAESP como funcionaria de alto nivel, lo cual es muy sospechoso. Se comenta que de esta forma Ordóñez le pagaría el favor.
Castañeda sería la flamante administradora del Cementerio del Sur en Bogotá, con lo cual triplicaría su salario.
Además está Paola Cruz, quien era ambientalista en la interventoría y también suena para ser contratada por Ordóñez en la UAESP. Sería la administradora del Cementerio Central de la Capital, donde duplicaría su sueldo como funcionaria de esta entidad distrital. Al parecer estas damas se ganaron la confianza de los jefes de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos por sus actuaciones contra la empresa Jardines de Luz y Paz.
La hoja de vida oculta del Coordinador de la interventora
La Concesionaria ha solicitado mediante Derechos de Petición y hasta Tutelas ante la justicia la hoja de vida del interventor Rommel Oswaldo Amaya y la UAESP se la negado a entregarla. Una actitud que es violatoria a la ley y al derecho a la libertad de información consagrado en nuestra Constitución Nacional, más cuando se trata de una entidad pública que debe tener abierta a la ciudadanía todos manejos, por eso hay que preguntarse: ¿Qué se esconde?
Se requiere confirmar la formación académica y la experiencia de Amaya Medina en el ramo para determinar si era apto con sus conocimientos para generar los informes especializados sobre los supuestos incumplimientos de la Concesionaria.
La Denuncia sobre la Coima que habría pedido Ordóñez
Recordemos que el Representante Legal del Consorcio Jardines de Luz y Paz, el ingeniero Eder Parada Carreño, denunció ante la Fiscalía a la señora Consuelo Ordóñez porque esta supuestamente le pidió una coima o soborno de 5.000 millones para dejarle el contrato de los cementerios. El caso está avanzando en el Ente Investigador y pronto habría decisiones.
Aclaremos que la queja fue por los posibles delitos de Concusión, tipificado en el artículo 404 (Código Penal) y Constreñimiento Ilegal (182 Código Penal). Esta es la DENUNCIA PENAL CONTRA CONSUELO ORDOÑEZ:
Pero a su vez Ordóñez denunció a Parada por calumnia, proceso en el que recientemente hubo un intento de conciliación que fracasó porque el Representante Legal de Jardines de Luz y Paz se reiteró en su señalamiento contra la Directora de la UAESP, es decir, que esta le pidió una alta cantidad de dinero para dejarle el contrato.
Lo extraño del caso es por qué luego de esta grave denuncia de supuesto soborno contra Ordóñez esta no ha renunciado al cargo para defenderse y sigue como Directora de la UAESP por el apoyo del Alcalde Galán, un hombre que se ha declarado anticorrupción y toda su campaña la hizo diciendo que iba a combatir este flagelo y que no toleraría un mínimo cuestionamiento contra cualquiera de sus funcionarios.
Por el contrario Ordóñez enfiló todas las baterías de la administración distrital contra el Concesionario y varias entidades de la Alcaldía, al parecer, también comenzaron una campaña de persecusión contra esta empresa.
El bloqueo de la Secretaría de Salud contra el Concesionario
La Directora Ordóñez llegó al punto de articular acciones con la Secretaría de Salud Distrital, a través de su subalterno, el señor Luis Jonathan Gutiérrez Cantor, Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, contra el Consecionario.
A la Secretaría de Salud se envió un oficio firmado por Gutiérrez Cantor para que le suspendiera a Jardines de Luz y Paz las licencias de Inhumación (el entierro de los cadáveres), Exhumación (la sacada de los cuerpos) y Cremación (la quema de los restos). Es decir, la Concesionaria ya no pudo prestar más estos servicios a la población capitalina, lo cual afectó sus finanzas.
No se están prestando algunos servicios en los cementerios
Eso significa que en la actualidad en la Capital de la República en los cuatro cementerios públicos manejados por la Concesión Jardines de Luz y Paz (Central, Norte o Chapinero, Sur o Matatrigres y Parque Serafin) no hay esos servicios por la falta de licencias de la Secretaría de Salud.
Con esta medida se obligó a la ciudadanía más pobre de Bogotá a pagar hasta cuatro veces más por esos servicios, porque deben acudir a los cementerios privados para tal fin y muchas veces no cuentan con los recursos para ese propósito.
Pero con esta decisión de Ordóñez sí se está beneficiando a varias empresas dueñas de los cementerios privados. Por ejemplo, en los establecimiento manejados por Jardines de Luz y Paz una Inhumación cuesta entre 550 y 600 mil pesos, mientras que en los privados vale entre 3 millones 700 mil pesos y 5 millones.
La Procuraduría confirma las acciones del Consorcio San Marcos contra el Consecionario
El caso de los supuestos informes amañados de la interventora San Marco ya ese de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación que desde septiembre de 2024 abrió una investigación disciplinaria en la cual confirma estos actos irregulares por parte de ls citada firma contra la consecionaria.
¿Pero por qué persiguen a la Concesionaria? Según, reiteran los voceros de esta empresa, la idea es quitarles el contrato y sacarla del juego para darle el negocio de los cementerios a los amigos de Ordóñez. Lo que ha denominado como un supuesto «Concierto para Delinquir» entre la interventoría y la UAESP contra Jardines de Luz y Paz.
