Una investigación de la Red Colombiana de Veedurías y La Otra Cara
No cesan las denuncias sobre irregularidades en el departamento de La Guajira. En este caso es sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Guajira, con sede en su capital Riohacha, en la cual la Red Colombiana de Veedurías, que dirige Eduardo Padilla Hernández, y la Veeduría de nuestro portal de noticias La Otra Cara, revelan la manipulación de los contratos de los operadores que brindan el servicio de alimentación a los niños pobres de la zona.
Todo eso para obtener beneficios económicos y personales, dificultando el acceso de estos servicios a una población necesitada.
Un claro caso de corrupción descarada por parte de ciertos funcionarios que han convertido esta maquinaria estatal en parte del engranaje de su negocio ilegal que solo beneficia a unos cuantos personajes sin corazón, la mayoría guajiros, que ponen en peligro el futuro de los niños de esta parte del país.
Un tema al que las autoridades competentes deben poner bajo la lupa para desmontar el negocio y las componendas de esos malos funcionarios. La Red Colombiana de Veedurías habla de personajes como Luis Gómez Pimienta, Luis Lobo, Edwin Ceballos, Astrid Cáceres, Wilder Navarro, Tais Romero, Martha Tovar Turmequé, Claudia González Rodríguez, Gloria Sampayo, Rodrigo Daza, Margarita Dcoff, Gloria Brito, Yosbelis Vega, Leonides Forero, Pedro Manjarrés y el pediatra Dasuki, entre otros.
LA DENUNCIA CONCRETA (I)
Esto es lo que dice textualmente la denuncia de la Red Colombiana de Veeduría:
«Enfáticamente, la denuncia se encamina a exponer a los funcionarios que han hecho de esta seccional su caja menor a través de movimientos administrativos obscuros. Ha de iniciarse con el hecho que quien se autodenomina el gerente de la Regional, LUIS GÓMEZ PIMIENTA, no cuenta con un acto administrativo que lo designe como tal y no habrá, pues la presidencia de la República, en respuesta a la solicitud realizada por el Dr. (abogado) José Abuchaibe indicó que la vinculación del señor se está tramitando y será una orden por prestación de servicios.
La actuación del señor Gómez, se vincula con los bloqueos y la promoción de manifestaciones sociales por parte del señor LUIS LOBO. El objetivo ha sido ejercer presión social, pero no desde el derecho constitucional legítimo que les asiste a los ciudadanos y, especialmente, a las comunidades Wayuu, para exponer su situación, sino que han sido manipulados para poner contra las cuerdas a los operadores, buscando rescindir sus contratos y poder así vender la idea que se contratará directamente con las entidades sugeridas por los líderes de las comunidades, las cuales, como es de esperarse, deben contribuir a las expectativas económicas del grupo de “líderes” de la regional.
De este modo, con bloqueos de vías, de infraestructura y de contratos que impidieron la prestación de servicios de enero a marzo del año en curso, presionaron a los contratistas y prometieron contratación directa a las organizaciones: Wayuu Awarala, Wanjuinwuakuapia Panasawuaa Luesmaj, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Sainmaa Wayuu, Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Sutsuin Wayuu, Organización de Negritudes Fomento Desarrollo Matamba.
El caos suscitado por el mencionado Luis Gómez, desplegó una serie de denuncias que buscaron desestimar a los operadores, salvo los de su conveniencia como es el caso de la fundación Atujia Akuaipa en cabeza del señor EDWIN CEBALLOS, quien siguió contratando por cifras millonarias con el ICBF, el PAE y la Canasta Educativa, aun cuando sus servicios son de pésima calidad. Adicionalmente, organizaciones como MATAMBA, también cercan a los operadores buscando dádivas, al amaenazarlos con el bloqueo de los contratos.
A la lista de funcionarios denunciados, se suma la subdirectora del ICBF, ASTRID CÁCERES, quien junto a LUIS LOBO, LUIS GÓMEZ, WILDER NAVARRO, el pediatra DASUKI (aliado de la ex ministra Karen Abudinen), realizaron numerosas reuniones para determinar la estrategia para obtener el control de la Regional Guajira, posicionando en la dirección a la señora TAIS ROMERO el 21 de abril de 2023, para continuar con el cumplimiento del objetivo de terminar los contratos existentes, y vincular directamente a las entidades que podrían manipular según su interés.
Para ello, resultaron determinantes las actuaciones de las señoras MARTHA TOVAR TUMERQUÉ (quien fue encargada de la regional) y CLAUDIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (coordinadora jurídica y aliada de Gloria Sampayo), quienes entre abril y mayo realizaron un recorrido por las operadoras, y ante la dificultad de que no podrían terminar unilateralmente el contrato sin la mediación de un juzgado, decidieron saltarse a los supervisores e iniciar procesos de incumplimiento, como herramienta para que se cedieran los contratos a quienes representaban una ventaja para las funcionarias en mención. A ello se suman las numerosas denuncias a la señora Tovar Tumerqué, quien, de fondo como de forma, evidenció su inexperiencia, falta de preparación y trato inadecuado hacia empleados, operadores y usuarios.
Desde la otra arista, a TAIS ROMERO se le sumaron RODRIGO DAZA (aliado de Astrid Cáceres), MARGARITA DCOFF (quien trabajo con la cuestionada y denunciada Gloria Brito y quien reemplazó en la coordinación técnica a Sibil Rodríguez), YOSBELI VEGA, y el esposo de Romero, CHEO – LEONIDES FORERO, quien tiene aspiraciones políticas en Fonseca y busca beneficios para su jefe político PEDRO MAJARRÉS».
