El togado Luis Vergara, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, suspendió él sólo la sentencia que anulaba la elección del mandatario local, cuando la ley dice que eso debe hacerlo junto con otros togados de su Sección. Vergara también fallará una tutela con la que el alcalde Víctor Hernández piensa volver a su cargo. Coincidencialmente, este magistrado es de Sucre, al igual que el Conjuez Acuña Arrieta.
Como es de público conocimiento, el pasado 12 de mayo de 2016, los magistrados de la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre anularon, en un fallo de única instancia, la elección del alcalde del prospero municipio de Sampués, Víctor Ubaldo Hernández Montes.
El Tribunal demostró que Hernández Montes, quien ganó los sufragios regionales al obtener 11.214 votos, estaba incurso en doble militancia política. Aunque los abogados del alcalde interpusieron los recursos jurídicos de ley contra dicha sentencia, el citado Tribunal mantuvo su decisión.
Los magistrados de esa Sala tuvieron en cuenta la Demanda presentada por los ciudadanos Gustavo Tafur Márquez y Rodolfo Atencia Gil y desestimaron los argumentos de la defensa del dirigente regional, a cargo del abogado Iván Acuña Arrieta, en el sentido de que cuando este se inscribió en 2011 al Partido de La U, automáticamente quedó desvinculado del Partido Liberal.
Pues bien, la defensa del Alcalde de Sampués para prolongar el litigio interpuso una tutela ante el Consejo de Estado, como segunda instancia, para devolverlo al cargo lo más pronto posible, lo cual es un derecho que tiene el político local, pero lo que sí es cuestionable, es que dicha actuación, viola todos los principios éticos y podría estar enmarcada en un posible acto de corrupción. Esto se debe a que uno de los conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado es Jorge Iván Acuña Arrieta, el mismo abogado del alcalde Hernández Montes, actor de la tutela que está por fallar en dicha Sección Segunda.
El Conjuez Acuña es el abogado del Alcalde
La prueba fehaciente de ello, son las propias declaraciones públicas de Acuña Arrieta en varios medios de comunicación reconocidos del país, en los que descalifica a la justicia de Sucre por procesar a su amigo y defendido.
En una publicación del portal las2orillas del pasado 16 de junio de 2015 afirma: «El abogado Iván Acuña, defensor del Alcalde, solicitó a los magistrados del Tribunal de Sucre que declaren la nulidad absoluta de la sentencia, porque esta se soporta en una falsedad producida por el mismo Tribunal, que va en contravía de los estatutos del Partido Liberal, y viola los derechos fundamentales de los casi 12 mil electores y del alcalde electo».
En esta misma publicación el propio Acuña puntualizó: “Esta decisión es contraria a otras de las altas cortes en donde se han fallado casos idénticos en sentido diferente, creándose unos precedentes que no pueden ser desconocidos por los magistrados de Sucre. Esto, según la Corte Constitucional, es un delito de prevaricato”.
En el diario El Meridiano.co, el pasado 3 de junio, el mismo Acuña también defiende a Hernández Montes y pide que se reconsidere el fallo en su contra: «El Tribunal no tuvo en cuenta el artículo séptimo de los estatutos del Partido Liberal, que dice que cuando uno de sus militantes se inscribe en otro partido político, de manera automática pierde la condición de militante».
De la misma forma, Acuña afirma que el Tribunal regional omitió las peticiones interpuestas cuando se contestó la demanda.
«Se le pidió que oyeran en declaración al secretario general del Partido Liberal y al director del Partido de la U en Sucre, pero los magistrados se rehusaron a decretar esa prueba. Además el Tribunal no respetó los precedentes jurisprudenciales», reiteró Acuña, en defensa de su poderdante.
Por su parte el propio, alcalde de Sampués, confirmó en dicha publicación que Acuña era su abogado
«Mi abogado, el doctor Iván Acuña, ha presentado todos los recursos pertinentes de ley, y las aclaraciones necesarias para que el Tribunal reconsidere y vuelva a la normalidad el tema de la credencial», ratificó Hernández Montes.
Cómo llegó Acuña a ser Conjuez
Según fuentes del Consejo de Estado, la postulación de Iván Acuña Arrieta, como Conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la hizo el magistrado de dicha Sección en esa alta corte, Luis Rafael Vergara Quintero, quien coincidencialmente es natural de Sincelejo, y su familia tuvo intereses en Sampués, pues su padre tenía vínculos patrimoniales allí, ya que era dueño de una finca en la zona rural indígena del corregimiento de Huertas Chicas- Sampués. Vea Aquí LA TUTELA.
Sospechosas coincidencias
Se observan sospechosas coincidencias en el trámite de dicha tutela. La Primera, la acción le correspondió a la Sección Segunda del Consejo de Estado, en donde Acuña Arrieta ahora es Conjuez, pero este es reconocido como el abogado del Alcalde de Sampués, Víctor Hernández Montes. La Segunda, de los 23 magistrados que integran el Consejo de Estado, en el reparto, la tutela le tocó a un magistrado de dicha Sección Segunda que es natural de Sucre, Luis Rafael Vergara, quien a su vez, es coterráneo del Conjuez, pues este es natural de Sampués, en donde tiene su familia y sus bienes.
Estas coincidencias ubican al juez- magistrado y al Conjuez en circunstancias No Éticas, acercándolos moralmente a un presunto «Conflicto de Intereses».
Lo anterior es una clara demostración de la corrupción que se predica en todas las ramas del poder público en Colombia.
La extraña medida cautelar del magistrado
La tutela busca validar presuntamente los Derechos Fundamentales, que supuestamente le fueron vulnerados al mandatario Hernández Montes por parte del Tribunal de Sucre, pero fuentes cercanas al burgomaestre local, le dijeron a nuestro medio que fue él, quien engañó a la ciudadanía sampuesana al postularse como candidato a la Alcaldía, sin renunciar al Partido Liberal. Movimiento político que en el pasado lo avaló y por el cual salió elegido como alcalde de Sampués. Por consiguiente, según la sentencia que anula su elección, sí incurrió en doble militancia.
No obstante, el magistrado Vergara Quintero aceptó de inmediato la tutela y en tiempo récord decretó una medida provisional o cautelar a favor de Hernández Montes, la cual dejó sin efectos el fallo del Tribunal Administrativo de Sucre, mientras se falla la acción de fondo.
De acuerdo con el ciudadano Gustavo Tafur Márquez, el citado magistrado del Consejo de Estado no podía él solo decretar la suspensión de la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre contra el Alcalde de Sampués, ya que esa es una decisión que tendría que tomar con los miembros de su Sección, luego un estudio consensuado del caso, pero lo hizo.
Por lo cual, habría violado el mandato consagrado en el Artículo 125 de la Ley 1437 de 2011 o (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en cuanto concierne a la integración de la Sala de decisión para el evento de decretar una medida cautelar, siendo de imperativo cumplimiento ya que, “…en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este código serán de Sala…” . Vea los argumentos de Tafur AQUÍ.
Denuncia ante el Consejo de Estado
Una denuncia sobre este caso ya le fue enviada al propio magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Luis Rafael Vargara, por Gustavo Tafur Márquez y Rodolfo Atencia Gil, quienes fueron los mismos que con una demanda ante el Tribunal Administrativo de Sucre lograron la Anulación de la elección del alcalde Víctor Hernández Montes.
Los dos ciudadanos le reiteran en un memorial, por sí acaso no lo sabía, al magistrado Vergara Quintero que el abogado Iván Acuña Arrieta, a quien él nombró como Conjuez de la Sección Segunda, es el mismo defensor del alcalde de Sampués y lo que es más delicado aún, es que este mencionado jurista habría sido quien le realizó la tutela que llegó ante el Consejo de Estado para restituir en el cargo al burgomaestre Hernández Montes, pero la acción fue presentada por un abogado llamado Luis Alfredo Macías Meza. Esa es la misma acción en la cual decretó medidas cautelares con rapidez inusual. Sin embargo, Tafur y Atencia están esperando un pronunciamiento del honorable togado Vergara Quintero al respecto, pero dejaron en claro que hay algo raro en este tema. Las aspiraciones es que el fallo que se produzca se transparente.
La decisión está en manos del magistrado Vergara Quintero, a quien uno de los Sujetos Procesales en el caso le solicitó, según la ley, separarse del proceso, pues presuntamente funge como Juez y Parte.
Como quien dice Acuña Arrieta es el abogado de cabecera del ex alcalde Hernández Montes, él le prepara la defensa mediante una tutela para restituirlo en el puesto, pero después el magistrado quien fallará la tutela, es su padrino, quien ungió como Conjuez al abogado Acuña Arrieta en dicha Sección. Claro ejemplo de juez y parte.
Así fue la nulidad del Alcalde Hernández
Los togados del Tribunal Administrativo, con sede en Sincelejo, capital de Sucre, decidieron por unanimidad que Hernández Montes incurrió en doble militancia, porque aspiró a la Alcaldía de Sampués por el Partido de La U, sin renunciar al liberalismo ya que salió electo Alcalde de Sampués, período 1995-97, cuando también era miembro o hacía parte del Partido Liberal. Luego de la decisión de este Tribunal local, de decretar nula la elección de Hernández Montes, el municipio de Sampués deberá elegirá un nuevo Alcalde para el período 2016-2019, si se confirma el fallo.
Pero los amigos del burgomaestre local están dispuestos a mantenerlo en el puesto. “Estamos preparando una acción de tutela que es lo que tendría lugar ante estos procesos que son de única instancia, obviamente pediremos la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos que votaron por Hernández Montes y en ese orden de ideas hasta que no se defina esta medida seguramente la autoridad electoral no convocará a elecciones”, explicó Nicolás Guerrero, representante de Sucre por La U, anunciando la acción que iban a tomar para restablecer a su ficha política en la zona.
La tutela efectivamente se presentó y la Sección Segunda del Consejo de Estado, de la cual es integrante el magistrado Vergara Quintero y el Conjuez Acuña Arrieta está presta a tomar una decisión al respecto.
Solo basta hacer una pregunta: ¿Será que los otros cinco magistrados del Consejo de Estado, compañeros del togado Luis Rafael Vergara, conocen de este singular caso que involucra a su colega y a un Conjuez de ese organismo, en un presunto acto de corrupción?
La justicia colombiana no puede tolerar casos aberrantes como este, que ponen por el piso su buen nombre y entierran cada día su prestigio.