La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del actual Gobernador del Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por el pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, en su departamento, cuando se desempeñó como mandatario regional entre el 2004 y 2007.
El Ente Acusador tiene en su poder 10 carpetas dentro de la investigación contra el gobernador Gaviria por presuntas irregularidades en el contrato de la Troncal de la Paz, firmado el 22 de diciembre de 2005 y cuya ejecución inició el 14 de febrero de 2006.
Además del contrato público, la Fiscalía analizó otros documentos recopilados en un allanamiento realizado a la Secretaría de Infraestructura de Antioquia en el segundo semestre de 2019, en plena campaña política en la que Gaviria fue elegido gobernador de Antioquia 2020 – 2023.
#ATENCIÓN Un fiscal delegado ante la @CorteSupremaJ resolvió la situación jurídica del gobernador de #Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, por presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador en 2004-2007. pic.twitter.com/xa1qww6jAQ
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 5, 2020
EL POLÉMICO CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES IRREGULARES
El contrato por el que investigan a Gaviria tuvo por objeto “el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz en el tramo La Cruzada – Caucasia, en el sector Nuevo Oriente – Escarralao”, en el Bajo Cauca antioqueño. Dicho contrato se firmó por $ 41.633.432.778, con un plazo de 26 meses. Es decir, hasta julio de 2008.
Para este contrato se realizó una licitación pública que se cerró con seis oferentes. Entre quienes se postularon para mejorar y pavimentar esta troncal se creó el consorcio Troncal de la Paz, al que al final se le adjudicó la obra y que es propiedad de Carlos Alberto Solarte, con el 51 % de la participación, y su hermano Héctor Solarte, con el 49 %. Recordemos que Carlos Solarte está involucrado el primero en el escándalo de Odebrecht.
Según la Fiscalía, cuando Gaviria fue gobernador de Antioquia entre los años 2004 y 2007, “incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.
Los investigadores del caso afirman que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia, suscrito en el año 2005 por $41.663’432.778, “se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”.
“Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia. Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual”, una omisión que llevó a que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos, sostiene el ente investigador.
LOS OTROSÍ DEL CUESTIONADO CONTRATO
La Fiscalía encontró que después del inicio del contrato, el 12 de septiembre de 2007, se firmó un primer ‘otrosí’ por $3.995.000.000 para obras adicionales al mismo contrato. El 12 de diciembre de 2007, tres meses después del primer ‘otrosí’, se realizó la segunda adición, que es la que prácticamente llevó a la cárcel al gobernador Gaviria.
Este ‘otrosí’ fue por $16.334.778.700 y “adiciona la cláusula 4 del contrato con el diseño y construcción del puente sobre el río Nechí en el sitio Palizadas que sirve para conectar la cabecera municipal de El Bagre con la Troncal de la Paz”.
GAVIRIA NO FIRMÓ EL CONTRATO, PERO ES RESPONSABLE
Sin embargo, la Fiscalía deja claro que el contrato y las adiciones no fueron firmadas directamente por el mandatario Aníbal Gaviria, sino por su secretaria de Infraestructura Física de la época, Margarita María Ángel. Pero, la entidad sostiene que el gobernador era el ordenador del gasto y por ello debe responder en el proceso.
Gaviria había expidió en abril pasado el siguiente comunicado sobre la investigación en su contra…
Ahora, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, tiene cinco días hábiles para apartar a Gaviria del cargo y nombrarle un reemplazo en la Gobernación de Antioquia, mientras este tiene que reponder ante la justicia.
