Los parientes incómodos (I)


 

Con la captura en el barrio Bocagrande de Cartagena (Bolívar) de Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, acusado de supuesto narcotráfico, se abre nuevamente en el país el episodio de los parientes incómodos.

La detención la hicieron hombres de la Dirección de Articulación de Policía Judicial  (Dijín), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional de Cartagena y la DEA por orden de un juez del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), a través de circular Roja de Interpol, donde se vincula a este personaje con cargos relacionados con supuesto tráfico de drogas.

Rafael de Jesús Ricaurte Gómez y José Toro Naranjo, detenidos al tener circular roja de la Interpol por el delito de narcotráfico y requeridos en la Corte de Nueva York.

 

Ricaurte está a disposición de la  Fiscalía General de la Nación, que revisará el requerimiento judicial que existe en su contra por los delitos federales, y luego la justicia definirá si debe afrontar un proceso de extradición a EE.UU.

Rafael de Jesús, es hermano del magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de Justicia, entidad que ahora podría decidir  la extradición de su pariente.

El jurista Ricaurte es recordado en el país al generar una gran polémica en meses pasados, porque cuando terminó su periodo de ocho años como magistrado en la Corte Suprema, en una hábil jugada, saltó al Consejo Superior de la Judicatura (clara maniobra de “puerta giratoria”)  y se hizo nombrar Presidente de esa entidad, cargo que no quería abandonar a pesar de varias decisiones en contra, pero cuya elección fue finalmente anulada por el Consejo de Estado.

 

Ex magistrado Francisco Javier Ricaurte

 

El ex togado Ricaurte, en un comunicado, expresó su desconcierto y tristeza por el caso de su hermano, con quien dice no tenía cercanía desde hace muchos años. Además indicó que “cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos de manera independiente ante la justicia, cuyas decisiones respaldo plenamente”.

Según Francisco Javier Ricaurte, “ esta dolorosa situación por la que han atravesado muchas familias no puede utilizarse fuera de contexto para afectar a sus integrantes, en particular a los que sirven y han servido al país como funcionarios públicos”.

Aclaremos que cada persona responde por sus acciones  ante la ley y no se debe vincular legalmente a ningún funcionario o personaje público con los hechos que cometan sus familiares. Sin embargo, la opinión colombiana es ese aspecto muchas veces le cobra caro en cuestión de imagen o aceptación a las personalidades cuyos parientes resultan involucrados en actos ilícitos.

Pero no es la primera vez que un pariente incómodo le causa dolor y escarnio público a un funcionario en Colombia, especialmente a personalidades con altas dignidades como combatir la delincuencia, administrar justicia, investigar y adelantar procesos penales o hacer leyes. Recordemos sólo algunos casos.

Caso Gómez Méndez

En marzo de 2009 el reconocido ex Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, fue sorprendido con la noticia de que su hermano, Enrique Gómez Méndez, había sido capturado, sindicado de haber cometido presuntamente los delitos de concusión y extorsión.

El Cuerpo Técnico de  Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó  en Chaparral, (sur del Tolima) a Enrique Gómez Méndez, quien se desempeñaba como secretario de la Procuraduría Provincial de  esa ciudad, y al parecer le pidió dinero a los familiares del señor Javier Yate Devia, que se encontraba preso en la cárcel de Chaparral condenado a 100 meses de prisión, a cambio de conseguir su libertad (Ver El Tiempo)

Paradójicamente, el CTI que estuvo durante años al servicio de su hermano, el otrora Fiscal General, fue el encargado de apresarlo y causarle esa deshonra a sus seres queridos.

 

Enrique Gómez Méndez

 

Según las autoridades,  una de las parientes del presidiario denunció a Gómez Méndez ante la Fiscalía, lo que produjo su detención y posterior enjuiciamiento. De acuerdo con la investigación Enrique Gómez habría dicho a los familiares del reo que era amigo de un magistrado del Tribunal Superior y que haría revocar la sentencia contra Yate Devia, por esta razón, la esposa del condenado llamada Jackeline Vera Cerón le entregó varios millones de pesos por que hiciera “la supuesta vuelta”, lo que tendría soporte probatorio en varios documentos entre ellos, consignaciones bancarias.

El jurista Alfonso Gómez, que era precandidato presidencial liberal en ese momento desafortunado de la detención de su pariente, en el 2009, envió un comunicado lamentando el doloroso hecho que lo empañaba a él y a su familia. Además pidió a la justicia ser inflexible con su hermano.

Enrique Gómez fue condenado en 2011 por  el Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué, Eliseo Osorio Caviedes, a 96 meses (ocho años) de prisión. Este jurista luego de la decisión fue movido varias veces de su cargo. Primero fue trasladado a Purificación, en el suroriente tolimense y luego a un juzgado penal especializado en Ibagué.

 El ex secretario de la Procuraduría local comenzó a pagar su pena con detención domiciliaria por problemas cardíacos, pero luego de una serie de hechos coincidenciales, según la prensa regional  (Ver alaluzpublica.com), al final recobró su libertad. Su caso pasó en segunda instancia al Tribunal Superior, que lo absolvió en 2014, época en la que su hermano Alfonso Gómez Méndez se desempeñaba como Ministro de Justicia del gobierno de Juan Manuel Santos.

 El magistrado ponente para su absolución fue su paisano Ivanov Arteaga Guzmán, también oriundo de Chaparral, y quien fue fiscal delgado durante el mandato en la Fiscalía de Alfonso Gómez.

Caso Córdoba Triviño

 La Fiscalía Seccional de Bogotá sorprendió al país, el 17 de octubre de 1998, con la captura en la Capital de la República de Roberto Córdoba Triviño, hermano del entonces mediático vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, el segundo alto funcionario en la lucha contra el crimen en Colombia.

Roberto Córdoba fue investigado por haber incurrido supuestamente en el delito de fraude procesal.  (Ver El Tiempo) El implicado se había desempeñado como bibliotecario en la sede de la Fiscalía General de la Nación, pero durante la gestión de Alfonso Valdivieso Sarmiento, recordado por iniciar el llamado Proceso 8.000 que investigaba los dineros del Cartel de Cali que entraron a la campaña política del ex presidente liberal Ernesto Samper.

 Córdoba duró detenido varios días en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y su caso se mantuvo en reserva por los agentes, mientras se le resolvía su situación judicial. Luego la entidad resolvió  que su caso  tenía méritos y le dictó medida de aseguramiento por los hechos el 31 de octubre del mismo año. Por esto, fue recluido en la casa fiscal de la Penitenciaría Central de Colombia La Picota, mientras duraba la apelación que hicieron sus abogados de la citada medida. Su proceso no fue divulgado por la prensa, que al parecer, aceptó un clamor de consideración de las altas directivas del ente acusador en ese momento. Al final, el comprometido quedó en libertad.

En la época del suceso de su hermano, Jaime Córdoba era un hombre muy célebre por su buen desempeño en el ente investigador y acusador, que tenía una cifra récord de detenciones contra la delincuencia. Pero esa vez, su pariente fue el encausado, generándole una gran incomodidad ante la opinión pública. Jaime Córdoba después ingresó a las altas cortes (al igual que Francisco J. Ricaurte), pero como magistrado de la Corte Constitucional.

  Caso Socha Salamanca

 

El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Enrique Socha Salamanca, también vio empañado su apellido por los actos de su hermano, el general Gustavo Socha Salamanca, ex comandante de la Policía Antinarcóticos, y hasta recibió más de una RECUSACIÓN  por las acciones del oficial, como la del proceso por la masacre de Mapiripán (Meta).

El general Socha pidió su retiro de la institución armada  (Ver El Tiempo)  en mayo del 2002 en medio del escándalo  que vivió el país por la presunta malversación de 2 millones de dólares que donó Estados Unidos  a través de la NAS a la Policía Antinarcóticos, bajo su mando, y que ocasionó la suspensión de la ayuda estadounidense para la lucha antidrogas.

La intención del gobierno americano era mandar los dineros a Colombia para que la Antinarcóticos, a cargo de Gustavo Socha, y demás autoridades, destruyeran los cultivos ilícitos y capturaran a los narcotraficantes solicitados por la justicia de USA. Como se sabe la Corte Suprema, donde estaba el magistrado Luis Socha, es la encargada de dar el aval para extraditar los a narcos colombianos a suelo estadounidense. Esto completaba la cadena en el apoyo de EE.UU. a la lucha antidrogas en nuestro país.

Por el tema del despilfarro de los aportes gringos, Socha había sido relevado de su cargo en la Dirección de Antinarcóticos y había sido nombrado como director de Servicios Especiales de la Policía, por decisión del entonces Director General de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert. El tema le generó el retiro a 11 oficiales de la Policía: 1 coronel, 2 tenientes coronel, 4 mayores, 1 capitán, 2 tenientes, y 1 subteniente.

 

General Gustavo Socha Salamanca

 

La Procuraduría General de la Nación, encontró culpable disciplinariamente al general Socha y lo sancionó con destitución e inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos “por incumplir sus deberes en la administración de los dineros donados por el gobierno de USA”. Con esto, Socha fue puesto en el ojo de la opinión pública como un policía supuestamente vinculado a un gran caso de corrupción en Colombia. El ex oficial siempre se declaró inocente y demandó su caso en el Concejo de Estado (Ver Caracol).

 Caso Simón Trinidad y Jorge 40

En Valledupar (Cesar) conviven dos familias distinguidas que tienen temas vetados para hablar en público  y que les causan dolor.

A doña Leonor Palmera de Castro, hermana del jefe guerrillero de la Sierra Nevada,  Ricardo Palmera conocido como Simón Trinidad, (célebre en las canciones vallenatas de Diomedes Díaz y reputado ex gerente de banco, hoy extraditado a EE.UU. por narcotráfico) le tocó vivir el drama de la guerra, por las acciones de su familiar.

 

Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad

 

La señora Leonor, se desempeñaba como subdirectora del Instituto de Cultura y Turismo del Cesar, cuando fue secuestrada por los paramilitares en 1996 (Ver El Tiempo). Esta dama y su familia  sufrieron el cuestionamiento local cuando las Farc, el grupo en el que militaba su ser querido, sumieron de violencia y secuestros, especialmente contra los ganaderos, a la Costa Caribe.

A su turno, a la distinguida familia Pupo de la capital cesarense también le ha tocado padecer el escarnio público por las cruentas acciones de su familiar, el temible jefe del Bloque Norte de las Autodefensa Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 también extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

 

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40

 

Los Pupo, muy vinculados a la élite vallenata, vivieron con dolor y repudio las acciones, especialmente las masacres  en los pueblos más deprimidos de la región contra gente inerme, que cometían los paramilitares al mando de su pariente Jorge 40.

Como resultado de la guerra que creó Jorge 40, bandas criminales asesinaron, al parecer por venganza (Ver Eje21.com.co),  a Sergio Tovar, un hermano del extraditado líder paramilitar, quien no tenía vínculos con actos delincuenciales.

Caso Alfonso Cano

Roberto Sáenz Vargas, hermano del fallecido jefe de las Farc, Guillermo León Sáenz Vargas,  alias Alfonso Cano, tuvo que cargar con el lastre de sanguinario pariente.

Roberto es un hombre que ha trabajado en cargos importantes con varias alcaldías de izquierda que han gobernado a Bogotá,  como las de “Lucho” Garzón y Samuel Moreno.  Ahora Roberto es concejal de la capital de la República por Polo Democrático Alternativo.

Este funcionario público nunca ha justificado la lucha armada que lideró durante años su hermano rebelde y que llevó a cabo desbastando poblaciones con cilindros bombas, sacrificando a inocentes mujeres, ancianos y niños.

 

Guillermo Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano

 

Según Roberto Sáenz, ‘la guerra es un ‘holocausto inútil’ y ‘la lucha armada no tiene sentido’  (Ver Terra.com) y por eso siempre estuvo lejos de su ser querido. No obstante, el ahora concejal también vivió el rigor de la guerra cuando fue secuestrado en un mes de julio a finales de los años 90 por los paramilitares, en retaliación por las acciones de su hermano, quien siempre fue el segundón eterno del fundador de la Farc,  “Manuel Marulanda” o “Tirofijo” y con la muerte de este se convirtió en jefe del grupo ilegal.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en estos casos de los parientes incómodos, porque dependiendo el personaje la noticia cobra relevancia o no. Por ejemplo, si el implicado es familiar de alguien que tiene la gracia de la prensa, se saca la versión del funcionario adolorido y expresando que está pasando una dura situación por ese desafortunado suceso.

Pero si el complicado es pariente de alguien reconocido que ha sido cuestionado por cualquier circunstancia, los titulares de la prensa se repiten vinculado el parentesco entre las dos personas,  y cuando se va hablar del implicado, siempre se toma como referencia al funcionario  reconocido o personaje público.

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