Las cooperativas Cooperamos y Coopservicios recibieron en tres años, a dedo, casi medio billón de pesos en contratos de Caprecom; defraudaron a más de 3 mil empleados a quienes les adeudan miles de millones por sus ahorros, pero ahora le cobran $35 mil millones al Estado colombiano, porque la entidad estatal no les pagó 16 mil millones por sus servicios. Los dueños de estas firmas han evadido asistir a la Fiscalía.
Luego de más de un año de que La Otra Cara destapó públicamente uno de los casos de corrupción más grandes de Colombia: el cartel de las cooperativas de Caprecom, extrañamente el tema no se mueve en la justicia.
El caso trata sobre dos cooperativas de trabajo asociado llamadas Cooperamos CTA y Coopservicios CTA, que fueron contratadas por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), cuya misión u objeto era hacer las veces de bolsas de empleos y manejarles todos los trabajadores a la citada entidad prestadora de salud del Estado. O sea, era un servicio de tercerización.
Según una auditoría forense de la firma la JAHV McGregor S.A., ambas cooperativas recibieron en solo tres años, entre 2010 y 2012, en forma directa, sin requisitos, a dedo, contratos de Caprecom por más de 496 mil millones de pesos.
Además, Caprecom les hizo adiciones periódicas por 84.000 millones de pesos a estas empresas, entre el mismo período 2010 y 2012. Vea todos los contratos AQUÍ.
No obstante, los jugosos negocios que Caprecom le adjudicó a estas firmas, de casi medio billón de pesos, tanto Cooperamos como Coopservicios, anunciaron que entraron en liquidación, afectando a más de 3.000 empleados de la entidad estatal y a sus familias, quienes habían depositado sus aportes en dichas cooperativas como ahorro voluntario, con el fin de buscar unos beneficios, entre ellos, intereses y toda clase de préstamos.
Las deudas de estas empresas con sus afiliados es de miles de millones de pesos. El promedio de los aportes de cada empleado, era un mínimo de 70 mil pesos mensuales, para los que menos ahorraban, y aumentaban dependiendo el salario del trabajador. Recordemos que los afiliados comenzaron sus nexos con esas cooperativas desde el 2002, cuando estas llegaron a Caprecom, hasta el 2012.
Las compañías entraron en liquidación y se evadieron con la excusa de que Caprecom les debía 16 mil millones de pesos de facturas por su servicio de bolsa de empleo. Es decir, aprovecharon que la entidad del Estado se retrasó en ese pago y acabaron su relación contractual, perjudicando a los empleados. No obstante, no tuvieron en cuenta que Caprecom les habían facturado ingresos por cerca de 500 mil millones entre 2010 y 2012.
Esta información del fraude a los empleados no está recogida en la Auditoría, pero los damnificados están dispuestos a llevar el caso a instancias legales para recuperar sus ahorros, según le contaron a nuestro medio varios de ellos.
La reclamación de los Aristizábal Giraldo
Los multimillonarios contratos de Caprecom fueron a parar, principalmente, a las manos del señor César Augusto Aristizábal Giraldo, que es el dueño y fundador de Cooperamos, y de su primo Juan Carlos Giraldo Bernal, el dueño y fundador de Coopservicios. Ambos son de Manizales, Caldas.
Los señores Aristizábal y Giraldo, cuyas firmas están acusadas de defraudar a sus afiliados, ahora le reclaman a Caprecom, es decir al Estado colombiano, por el supuesto incumplimiento de la entidad oficial por el pago de sus servicios, unas sorprendentes sumas como compensación.
Cooperamos, con NIT 810005979, de Manizales, le pide al Gobierno Nacional por sentencias judiciales en firme, costas y agencias de derecho, más de 24.446 millones de pesos.
Coopservicios, NIT 900155730, de Manizales, le pide al Gobierno por sentencias judiciales en firme, costas y agencias de derecho, más de 10.870 millones de pesos.
Lo cual significa que entre las dos cooperativas le reclaman a la Nación más de 35 mil millones de pesos, producto de una deuda inicial de 16 mil millones. Es decir, un incremento del doble de lo adeudado.
Las diferentes publicaciones de nuestro portal sobre este y varios temas de corrupción en Caprecom, llevaron a la renuncia de la directora general de la entidad, Luisa Fernanda Tovar Pulecio, quien no aguantó la presión por sus malos manejos y ahora es investigada por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en algunos casos irregulares. El Gobierno no tuvo otra opción que comenzar la liquidación de esa EPS pública, proceso en el que se encuentra actualmente.
Los primos Aristizábal Giraldo han sido citados a la Fiscalía para que entreguen su versión sobre estos hechos, luego de varias denuncias que han llegado a esa entidad, pero los empresarios caldenses han evadido el llamado del el Ente Investigador en varias oportunidades.
¿Cuál es el gran poder de los dueños de dichas cooperativas y de otras personas, presuntamente implicadas en casos de corrupción en Caprecom, que la justicia no opera contra ellos? ¿En qué estado está la denuncia en la Fiscalía?
Que las autoridades les respondan a los principales damnificados, que son todos los colombianos.
