Por Eduardo Padilla Hernández.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, se fue hasta Montería (Córdoba) para supervisar como estaban los avances en materia de lucha contra la corrupción, pero al parecer sus auditores o el contralor delegado que maneja los temas locales, le vendieron un caso sobre las terapias que tiene algunas impresiciones, para que diera una rueda de prensa.
Mediante el Boletín de Prensa 042 , la Contraloría dijo que adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades evidenciadas en «pagos por prestaciones de servicios de salud, consistentes en paquetes integrales de neurorrehabilitación a pacientes considerados como pertenecientes a la población pobre por parte de algunas IPS como Funtierrra Rehabilitación, lo cual se encontraban dentro del Plan Obligatorio de Salud, cubiertos en el POS, sin embargo, la Gobernación de Córdoba realizó el pago de los servicios prestados en salud, ocasionando de esta manera un detrimento patrimonial, que afectó los intereses del departamento costeño».
Resulta que la misma Contraloría le había certificado por escrito recientemente a la Representate Legal de Funtierra, Tania Otero, que en el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal (SIREF) no se registraba en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, actuación alguna relacionada con Funtierra, ni en su contra.
Esta es la certificación del organismo de control…
Pero, supuestamente, los auditores le dijeron otra cosa al Contralor Rodríguez y, al parecer, sin conocer el fondo del caso, este avaló un comunciado de prensa y a su delegado para que dijera públicamente este 31 de marzo de 2023 en Montería que Funtierra estaba involucrado en un caso de corrupción por malos manejos de la Gobernación de Córdoba en épocas pasadas con el pago de las terapias que constituían, presuntamente, un detrimento patrimonal cercano a los 15 mil millones de pesos.
A raiz de esto, la señora Otero sintió que se vio afectado su buen nombre y el de empresa y de inmediato denunció penalmente al Contralor Rodríguez por presunta injuria y calumnia.
Otero argumenta que «a pesar que el proceso culminó a favor de la empresa que represento (Funtierra), desde el mes de enero del año 2023 el actual Contralor General de la República, el denunciado CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA, a través de la entidad que representa, presuntamente ha omitido comunicar a los medios de comunicación que todo proceso de responsabilidad fiscal contra Funtierra fue debidamente archivada, y en su lugar, a pesar de que no existe proceso formal en contra de dicha persona jurídica, presuntamente ha desplegado actuaciones en contra del good will de la empresa al mencionar en diferentes escenarios que se adelantan investigaciones en el que se indaga su honorabilidad, buen nombre y reputación».
Así las cosas, al Contralor parece que lo engañaron en Córdoba, pero también hay que decir que la firma Funtierra ya había demandado civilmente a la Contraloría en la administración pasada por más de 79 mil millones de pesos por daños y perjuicios en este mismo caso. Litigios que la justicia dirimirá.
