El representante de la Procuraduría General de la Nación sorprendió en el juicio que se le sigue a la ex senadora del Partido de la U, Piedad Zuccardi, al advertir ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que a la política sucreña se le está violando su derecho a la defensa porque se pretende utilizar como prueba en su contra, un diálogo privado de ella con su abogado.
Zuccardi es procesada en la Sala de Casación Penal de la Corte por haber cometido, presuntamente, el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos armados al margen de la ley, es decir porque supuestamente patrocinó a grupos paramilitares en su zona de influencia política en el departamento de Bolívar, Costa Caribe de Colombia.
Según la acusación de la Corte, Zuccardi habría participado en reuniones secretas con paramilitares de su región para pactar arreglos electorales a su favor. Lo anterior siempre ha sido desmentido por la propia ex parlamentaria y por varios informantes, hombres del Bloque Norte de la Autodefensas quienes se encuentran en el programa de Justicia y Paz, que ha utilizado el alto tribunal como testigos.
La Sala Penal del alto tribunal, que adelanta el expediente, la conforman nueve togados: José Leonidas Bustos Martínez, Fernando Alberto Castro Caballero, Eugenio Fernández Carlier, María del Rosario González Muñoz, Gustavo Enrique Malo Fernández, Luis Guillermo Salazar Otero y José Luis Barceló Camacho.
Una de las pruebas clave en el juicio es la interceptación de conversaciones telefónicas entre Zuccardi y su abogado William Adán Rodríguez, realizadas entre agosto de 2011 y junio de 2013. Según la Corte, Piedad del Socorro Zuccardi de García se “confabuló” con sus abogados para crear “una estrategia defensiva” a su favor, aprovechando que diferentes testigos habían perdido credibilidad en otros procesos.
En las llamadas, la ex senadora habla con sus abogados y cita las supuestas presiones que hicieron dos investigadoras del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, al servicio de la Corte, contra dos testigos de las Autodefensas, para que relacionaran el nombre de la líder costeña con los paramilitares.
El alto tribunal, especialmente, tiene en cuenta la siguiente frase que le dice Zuccardi a su apoderado: “Aaaah porque lo de estas señoras hay que articularlo completo creo yo… eeh y definitivamente presentar la denuncia, metiendo inclusive lo de los señores anteriores”.
Para la Corte, esto es un claro «complot» contra ese organismo; pero para su defensor, el señor Rodríguez, «es su derecho a la legítima defensa, porque todo procesado tiene por ley que defenderse en los procesos penales y para eso debe hablar con su abogado, preparar su defensa y consultarle temas» y «esas conversaciones son privadas y no pueden hacer parte de los procesos».
En el juicio, el Procurador Delegado ante la Corte Suprema, Jairo Salgado Quintero, quien asistió en calidad de garante de los Derechos Humanos en el caso, afirmó ante los magistrados que «las transcripciones, entre los diálogos referidos únicamente a los aspectos de la defensa entre el defensor y la implicada, deben ser excluidos material y formalmente y desde luego, previo pronunciamiento en aras a preservar los principios de seguridad jurídica y de lealtad de las partes».
Esta singular petición del representante del Ministerio Público no fue registrada por los medios nacionales que cubren los procesos en la Corte.
Escuche la intervención del jurista en este archivo entre los minutos 23:15 y 40:51 de una diligencia que duró 2 horas y 39 minutos:
«Son los mismos funcionarios de Policía Judicial (el CTI) quienes detectan que se tratan de estrategias defensivas y jurídicas y lo dicen en sus informes, a título de ejemplo el informe 0793 en su página décima, abro comillas, dice lo siguiente: “ PZ y William, refiriéndose a la Senadora Piedad Zuccardi y a William Adán, el abogado de la Senadora, hablan sobre una estrategia dentro de la defensa para reiterar un documento al que hacen alusión”, continúa Salgado Quintero.
En su larga intervención el Procuradora Delegado afirma que en el tema «juega papel fundamental la vulneración al derecho a la intimidad, al del deber profesional, donde debe haber una confianza muy estrecha entre cliente y abogado, y también se toca el derecho a recaudar prueba…».
Al final, el jurista es abordado por un magistrado quien le enfatiza que está siendo muy reiterativo en su exposición del caso y le solicita que aclare su posición, por lo que Salgado Quintero reitera: «Considero que hay que excluirlo formal y materialmente, ya lo dije previo pronunciamiento en aras de preservar esos principios tan importantes de la seguridad jurídica y del principio de lealtad pero sobre todo, porque se trata del organismo de cierre y estas decisiones pues van a ser acogidas, jerárquicamente, por los demás funcionarios judiciales. Se trata de un principio constitucional establecido en el artículo 15 en el que establece esa inviolabilidad, eso es algo así como la inviolabilidad al voto de los congresistas, es decir esa comunicación es inviolable».
Zuccardi está privada de la libertad desde febrero de 2013, por lo que lleva dos años detenida en una guarnición policial en el norte de Bogotá, dentro del marco de la investigación penal radicada con el No.34099, sin que la Corte Suprema tome una decisión de fondo en su caso.
Por Samir Alberto Pérez
