Por: Eduardo Padilla Hernández, abogado, profesor de derecho ambiental.
La minería es una actividad económica que se encarga de la extracción y explotación de los minerales que se encuentran en el suelo y el subsuelo, siendo esencial para la vida de toda sociedad y junto con la agricultura son las faenas más antiguas de la humanidad.
La expansión de la industria minera en Colombia, se ha llevado a cabo en el marco de sus entornos rurales, los cuales son altamente propicios para la ejecución de dicha labor debido a sus características en cuanto a distanciamiento de la sociedad civil y riqueza natural, situación que ha desencadenado un conjunto de modificaciones en cuanto al dinamismo social, cultural y territorial de este tipo de zonas debido a las modificaciones «impuestas» en la mayoría de los casos no sólo por parte del Estado por medio de la titulación de áreas mineras, sino también de parte de actores armados al margen de la ley, quienes a su vez, han visto en esta actividad una opción rentable y beneficiosa en cuanto al recaudo de ingresos para su sostenimiento.
La incursión de la industria minera está relacionada con la expansión de los grupos armados al margen de la ley en territorios rurales.
Teniendo como principal resultado el desplazamiento forzado, la pérdida de tierras, detrimento cultural, la expropiación de derechos y patrimonio de las comunidades rurales que viven en zonas de interés extractivo.
Los mineros colombianos están atrapados dentro de un triángulo formado por el medio ambiente, los grupos al margen de la ley y la corrupción estatal.
Ojalá el proyecto de ley que pretende reformar el código minero, que actualmente cursa en la Cámara de Representantes, no vaya a quedar en la letra muerta, sino que sea orientado hacia la vida y solucione definitivamente el problema triangular que enfrenta el sector minero que le ha tocado vivir en el centro del huracán.
Rafael Ramírez es un médico y líder social que trabaja con las comunidades mineras, el cual está promocionando un evento denominado Primer foro regional, para evaluar el inicio de la ruta hacia la formalización minera en la subregión del bajo cauca y alto san Jorge.
Por su parte, el alcalde del municipio de Caucasia, Antioquia, Jhoan Oderis Montes Cortez, y el gremio de mineros del Bajo Cauca, también están convocando al mismo evento, que se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024, entre las 10 am y 3 pm, en Caucasia, con el objetivo de estudiar la problemática de la minería ilegal y su impacto en las esferas social, económica, ambiental y de seguridad en la región del Bajo Cauca y alto San Jorge.
Muchas personas optan por desarrollar la actividad minera debido a la escasez de empleo formal en la región.
La minería se presenta como alternativa para que la juventud no vea atractivo el hecho de delinquir o pertenecer a grupos al margen de la ley.
La mayoría de los moradores de la región ven en la minería una tabla de salvación y el único vehículo posible para realizar sus sueños.
Pero la felicidad y el bienestar económico contrasta con la zozobra y el riesgo de estar en el centro del huracán donde son extorsionados, obligados a aportar al conflicto armado y a bandas delincuenciales.
La familia minera vive en constante riesgo de perderlo todo por un operativo del gobierno en donde se incendien y dinamiten sus activos productivos, además de, en algunos casos, perder la libertad.
La actividad minera es un medio de generación de bienestar para grupos de mujeres cabeza de familia que han perdido a sus cónyuges.
La minería es una fuente de ingresos para padres e hijos mayores que no ha hallado oportunidad en otros renglones de la economía.
Esta labor les da a las comunidades con minorías étnicas un aliciente para sobrellevar la problemática de discriminación y dificultades en otros entornos laborales.
El Estado no debe limitarse sólo a proponer hacia el tema minero del país un enfoque meramente punitivo en donde se verifique únicamente si el minero cumple o no con los criterios de legalidad de manera total.
El Poder Central no debe restringir el proyecto únicamente a evaluar si los mineros están en un proceso o están a la espera de la decisión de alguna autoridad para cumplir con el total de requisitos.
Hay que poner al servicio de ese sector a una universidad pública que tenga énfasis en la minería y demás entidades de apoyo y asesoría al minero, más allá de algunas indicaciones someras a la voluntad de algunos funcionarios que se sensibilizan con la angustia y apremio de los mineros.
No usar lenguaje técnico especializado difícil de entender; ni recomendaciones de profesionales privados que pueden asistir al minero, con precios desbordados y sin garantía de éxito.
Se debe incluir en el proyecto al Banco Agrario, para que apoye las actividades financieras del gremio minero.
De esta manera, se le estará dando un duro golpe a la ilegalidad al margen de la ley, a la corrupción estatal y se estará trabajando a favor del medio ambiente.
Necesitamos que el proyecto sea integral, que no sólo se oriente a la solución económica del gremio, sino que también elimine los impactos negativos de la minería, como son: la contaminación del agua y del aire, la inestabilidad de los terrenos, la afectación del paisaje, el abandono de las actividades económicas tradicionales y el desplazamiento de animales y plantas en vía de extinción, de su hábitat natural.
