En el polvoriento y olvidado departamento de Córdoba, donde el sol abraza con fuerza la tierra y la indiferencia estatal es una sombra larga, cientos de familias libran una batalla callada. Es una guerra que no se pelea con armas, sino con esperanza; no en campos abiertos, sino en salas de terapia que ya no existen. Es la lucha de padres y madres que vieron cómo una mano, la de la IPS Funtierra Rehabilitación S.A.S., les ayudaba a sostener el futuro de sus hijos con discapacidad, y cómo después esa mano fue soltada abruptamente, dejándolos a la deriva en un mar de incertidumbre y trámites burocráticos.
Durante años, Funtierra no fue solo un nombre en un contrato o una razón social en los fríos informes de la Gobernación. Para esas familias, fue el andamio que sostenía la posibilidad de un mañana mejor para sus niños. Fue la terapeuta que, con paciencia infinita, guiaba la mano temblorosa de un niño con parálisis cerebral para que pudiera agarrar un lápiz. Fue el fonoaudiólogo que, sesión tras sesión, lograba que un adolescente con autismo articulara sus primeras palabras. Fue, en esencia, la diferencia entre el avance y el retroceso, entre la esperanza y la resignación.
La historia oficial, esa que se escribe en los despachos de los gobernadores y los tribunales, habla de litigios, de facturaciones millonarias, de procesos fiscales. Pero detrás de cada expediente hay una historia humana. La sentencia T-563 de 2019 es un ejemplo claro: un laberinto jurídico donde se ventilan tutelas, derechos y obligaciones, pero cuyo trasfondo real es la angustia de más de 500 niños que quedaron sin terapias.
A pesar de la persecución institucional y política, todas las tutelas promovidas por los usuarios y defendidas por el equipo jurídico de Funtierra en cabeza del abogado Eduardo Padilla, fueron falladas en firme a su favor. Sin embargo, el abogado de la entidad quien se convirtió en el rostro visible de una batalla desigual contra la corrupción enquistada en Córdoba.
Desde 2016, ese jurídico libró una lucha titánica contra la maquinaria de poder local, denunciando ante los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a los gobernadores Edwin Besaile, Alejandro Lyons y Orlando Benítez, entre otros, por presuntos actos de corrupción y persecución institucional. Mientras tanto, los niños esperaban. Esperaban terapias que nunca llegaron, esperaban justicia que aún no se materializa.
El verdadero daño no fue económico. Fue humano. Las terapias de neurodesarrollo no son un lujo, son una urgencia. Cada sesión cancelada significó un retroceso. Cada día sin atención, una pérdida de progreso. El silencio de la rehabilitación se volvió ensordecedor en los hogares donde un niño dejó de pronunciar palabras que ya había conquistado o una niña perdió el equilibrio que tanto le costó ganar.
El conflicto escaló incluso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se denuncia la vulneración sistemática de los derechos de los menores con discapacidad en Córdoba. Y mientras las instituciones intercambian oficios y comunicados, los padres siguen cargando con la desesperanza.
La pregunta que flota en el aire caliente de Montería no es quién tuvo la razón jurídica en el pleito, sino quién responde por los años perdidos en el desarrollo de esos niños. No hay sentencia, fallo ni acta de control que pueda devolverles el tiempo.
El caso Funtierra dejó al descubierto una verdad dolorosa: en medio de las disputas por el poder y los recursos, los más vulnerables los niños con discapacidad son los primeros en ser sacrificados. La tecnocracia discute cifras, mientras la humanidad se evapora.
El legado de Funtierra no fue solo un modelo de atención integral, fue una demostración de que en Córdoba sí había quienes luchaban por los derechos de los más débiles, incluso cuando hacerlo implicaba enfrentarse al poder político. Hoy, su ausencia es más que un vacío institucional: es el eco de un grito silenciado, el de cientos de niños que perdieron su voz cuando el sistema les dio la espalda.
