Por Duberney Galvis Cardona. De entrada la contribución por valorización en Colombia está estipulada como un tributo más. No discrimina con acierto entre poseedores de viviendas como negocio -principalmente grandes negocios- y como bien de uso, para vivir allí. No consulta la capacidad de pago. Se ensaña contra los hogares y el pequeño comercio pero es blandengue con los principales beneficiarios de las obras, los que detentan la tierra urbana como negocio.
Quienes decretan el “mayor valor” de las propiedades consideran justo cualquier monto. Valor que aplica para vender pero también para comprar. No cuentan como variable el riesgo sobre los ingresos que puede generar el valor cobrado. Ahora bien, ¿quién dijo que la posesión de propiedad automáticamente significa solvencia económica?. Es pues una contribución arbitraria que embiste principios constitucionales como la equidad y progresividad. En últimas el decretado aumento de valor esconde el interés del pescador que engorda al pez.
No obstante existen otras fuentes tributarias, como el impuesto de plusvalía. Aplicable a predios negociados con el respectivo aumento o que cambian su uso inicial por uno más rentable. Allí podrían buscar recursos para financiar el desarrollo urbano, cobrable a edificaciones para vivienda suntuaria, complejos comerciales; a los especuladores del suelo socios del capital financiero, pues son los que a la larga podrían recuperar el pago efectuado; sin embargo este recaudo es esquivado dolosamente. En Pereira, donde están disparadas las construcciones y operaciones inmobiliarias, el marco fiscal muestra que en 2013 y 2014 el plan financiero reporta cero pesos por plusvalía. Luego ¿cuánto pagaron las constructoras por el cambio del uso del suelo de las zonas agrícolas del Parque Industrial, Cuba o el Poblado? ¿Pagan las que esperan agazapadas la “expropiación del cementerio Prados de Paz y el Zoológico”? ¿Es cierto qué quienes hacen el cálculo carga-beneficios lo igualan eludiendo así el impuesto?.
Finalmente el lío arrastra aspectos nacionales, pero en lo local sigue el ritmo propio de la alcaldía de Enrique Vásquez y la anterior, el del desbarajuste. Varias obras intentan solucionar problemas ocasionados por el trazado del Megabús, introducido en una ciudad monocéntrica con medio millón de habitantes. Hay que decir también que ésta alcaldía apenas estima 83 mil millones de “recaudo efectivo” del predial, 54% del total, quedarían sin recaudar 71 mil millones equivalentes al 83% del estimado por valorización y al costo total de las obras. Esto, sumado a otros ingresos por los que aún no responden (ver: pereiranos.org) ordenaría las finanzas y evitaría el actual cobro; pero quieren que el ciudadano pague la ineficiencia política de las administraciones. He ahí la cuestión.
