Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
Ningún oficio reviste mayor honor, dignidad, responsabilidad y autoridad, que el de un juez; su labor es esencial para el mantenimiento del orden, la libertad, y la seguridad jurídica y material de la sociedad, y su proceder, siempre en favor y defensa de la verdad, lo convierte en guardián de la justicia y garante de la equidad.
La tarea austera, silenciosa y prolija del juez, merece el mayor respeto, reconocimiento y admiración, y más aún, el acato de sus decisiones luego de agotados todos los recursos, no admite duda, y menos, dilación.
Los jueces encarnan la conciencia limpia, el alma pulcra y la mente encumbrada y esclarecida de las naciones; su trabajo es decisivo e inestimable para lograr y preservar la armonía social.
No en vano en las naciones más civilizadas, los jueces junto con los maestros y los soldados, son los ciudadanos más reconocidos, apreciados y respetados por la sociedad; en Colombia, deberíamos tener la misma percepción de ellos.
Si algo deben tener los jueces, es autonomía, independencia y neutralidad, así como solvente y sobresaliente conocimiento profesional, no siendo posible que, en el ejercicio de sus cargos, concurran impedimentos éticos. incompatibilidades legales o conflictos de interés. No siendo poco lo anterior, en sus actuaciones deben sentir y transmitir, aplomo, precisión, mesura y serenidad.
Cuando un juez advierte que su discernimiento puede verse afectado por alguna causa o razón, por mínima que sea, debe declararlo y abstenerse de actuar, y, de no hacerlo, incurre, quizás, en el mayor delito, como es el de administrar justicia de manera sesgada o imparcial.
Para prevenir y salvaguardar uno de los más caros derechos de los ciudadanos dentro de un Estado Democrático de Derecho, como es que los jueces sean absolutamente íntegros e imparciales, el ordenamiento legal consagra un régimen de Impedimentos y Recusaciones, siendo los primeros declarados por los jueces y, las segundas propuestas por los sujetos procesales cuando advierten que la actuación del juez no es o no pueda llegar a ser, independiente, simétrica y neutral.
La imparcialidad de un juez, no puede admitir reserva o duda, y de haberlas por ínfima que sean, constituye motivo suficiente para separarlos del proceso sometido a su conocimiento y decisión.
El régimen de Impedimentos y Recusaciones busca garantizar la imparcialidad del juez, de manera que no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos del juicio para poder declarar un resultado deseado.
Cuando el juez no se declara impedido, debiéndolo hacer, los sujetos procesales tienen derecho a recusarlo, de manera que se les ofrezca garantías suficientes para preservar el equilibrio y la imparcialidad en el juzgamiento.
En suma, los Impedimentos y Recusaciones buscan que el juez no se vea influenciado por circunstancias de índole personal definidas por la ley; o aquellas relacionadas con al ánimo de mantener la posición que se debe revisar y que el juez adoptó en instancia anterior dentro del mismo proceso, y; las que se refieran a conceptos personales que el juez antes haya emitido sobre el juicio sometido a su conocimiento.
Si bien la recusación de un juez se puede formular en cualquier momento del proceso, el problema surge cuando, la recusación que se formula no es aceptada por el juez y el afectado recurre a la acción de tutela y quien la decide, desestima la recusación, lo que hace que el proceso prosiga con el mismo juez, ahora más empoderado y sesgado, a menos que en una eventual revisión del amparo de tutela, finalmente se acepte la recusación.
Lo anterior es lo que viene ocurriendo en el proceso que se lleva contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en el que la nación ha advertido con extrañeza y asombro, la asimetría y desigualdad con que la señora Juez ha llevado el proceso, siendo evidente la vulneración de las normas que rigen los derechos fundamentales de presunción de inocencia, debido proceso, y acceso a la justicia, al observar en ella, una conducta negacionista frente a las garantías procesales que se le han reclamado, e inclusive, llegando a desestimar la práctica de pruebas determinantes, e intentado deslegitimar -de manera hostil y desconsiderada- la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe.
También la nación ha podido observar, el excesivo interés de la señora juez en darle celeridad al proceso en desmedro de las garantías procesales, poniendo en duda su imparcialidad, la que permanentemente devela, por la forma ruda y con marcado acento y entonación como se dirige al ex presidente Uribe y a su equipo de abogados cada vez que puede, para hacerles reproches o bruscas observaciones.
Pero lo más grave, es la manera irregular y por demás indebida, como la señora juez, fustigó al abogado principal del ex presidente, cuando interrogó el principal testigo del proceso y este no respondió, ante lo que la señora juez, no lo conminó a responder, sino que terminó reconviniendo al abogado. ¡Qué horror, la señora juez defendiendo a un criminal condenado!
Las irregularidades del proceso son inefables y extremadamente graves. La conducta y la aparente falta de ecuanimidad de la señora Juez y la señora Fiscal, resultan chocantes y repudiables; la de una de las supuestas víctimas, que antes era el victimario, abiertamente sucia e ilegal, y la de los abogados de ellas, más que inocua, desleal.
Lo que viene ocurriendo en esa sala de juzgamiento, es un sainete canalla, perverso y vergonzoso, en el que se están cometiendo más delitos que el que infructuosamente -por no haberse cometido- se intenta probar.
Este remedo de juicio, será mácula indeleble de desprestigio y repudio para las señoras que fungen de juez y fiscal, y para la administración de justicia que la ensombrece, así como motivo de vergüenza para la inmensa mayoría de fiscales, jueces, magistrados, conjueces y abogados, por ponerse en duda la integridad, la dignidad y la majestad del derecho y de toda la rama jurisdiccional.
Para poner fin a esta parodia, el delegado del Ministerio Público, como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, debería denunciar la vulneración de estos, así como las visibles irregularidades y fraudes que se viene cometiendo, y exhortar a la señora Juez que se aparte del proceso, dada la nulidad manifiesta de la que será objeto todo lo actuado.
Tal y como lo precisé hace varias columnas, El Proceso, obra cimera de Frank Kafka, es pálido, comparado con el que se le sigue al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, Presidente Eterno de Colombia y Estadista de las Américas.
La justicia no puede caer tan bajo a manos de quienes la deshonran.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Profesor de Derecho Constitucional, Comercial y Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
