Una triple condena: sanitaria, judicial y ambiental
Por Luis Eduardo de la Hoz López
Candidato al Senado
La ciudad que huele a abandono.
Mientras Montería se vende al mundo como «la Villa Soñada», «la capital ganadera de Colombia» o «la ciudad de las golondrinas», sus habitantes de a pie—especialmente en los barrios de la Margen Izquierda y sectores como El Recreo y Castellana en la Margen Derecha—soportan una realidad bien distinta: el hedor nauseabundo de las aguas residuales que el viento arrastra sin piedad, las viviendas saturadas por olores que enferman, y las calles que, irónicamente, hoy lava VEOLIA después de años de contaminarlas con vertimientos fecales y coliformes.
Pero lo que parece una solución no es más que una cortina de humo. Detrás de esa limpieza superficial se esconde una madeja de incumplimientos, omisiones judiciales y presuntos actos de corrupción urbanística que tienen a Montería al borde del colapso sanitario y ambiental.
II. El fracaso del modelo VEOLIA: 10 años de promesas incumplidas
La empresa VEOLIA ESP, operadora del servicio de acueducto y alcantarillado, hoy lava calles y viviendas que ella misma contribuyó a contaminar. Limpia manjoles obstruidos y mitiga temporalmente los olores ofensivos, pero no ha explicado por qué, después de una década, no ha construido la Segunda Etapa de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales).
El OTRO (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) del 09 de 2014 establecía un cronograma claro. Diez años después, ese cronograma yace en el papel, incumplido. Y mientras tanto, la interventoría CONSULCOR, cuyo deber es vigilar que el contrato se ejecute, ha guardado silencio cómplice.
No es exagerado preguntarse: ¿dónde está el control? ¿Dónde están las multas? ¿O acaso el negocio es más rentable con el problema a medias que con la solución definitiva?
III. Los pecados de omisión: 25 años desacatando al Consejo de Estado
Si la crisis sanitaria es grave, la causa estructural de las inundaciones que azotan la Margen Izquierda es aún más escandalosa por su origen judicial.
En 1999, el Honorable Consejo de Estado profirió una sentencia clara e inapelable: ordenó romper los jarillones o diques construidos ilegalmente en los humedales de Monomacho, Leticia, Martinica, La Lorenza y Toyohil. La razón era técnica y ambiental: esos diques interceptan el curso normal de las aguas de la subcuenca Loma Verde, impidiendo que los humedales cumplan su función natural de amortiguadores y que sus aguas aporten al Caño Caimanera.
Han pasado 25 años. Y durante ese cuarto de siglo, los últimos seis alcaldes de Montería—sin importar su signo político—han cerrado los ojos, omitiendo dar cumplimiento a una orden judicial. ¿Cuántas inundaciones, cuántas familias damnificadas, cuánto patrimonio perdido podrían haberse evitado si se hubiera acatado la ley?
Esta no es una falla administrativa menor. Es un desacato continuado, una omisión que ha costado millones en pérdidas y, lo más grave, ha puesto en riesgo la vida y la salud de los monterianos más vulnerables.
IV. El saqueo silencioso del Humedal Berlín: el concierto urbanístico
Si los casos anteriores huelen a negligencia, lo que ocurre con el Humedal Berlín apesta a prevaricato y a concierto para delinquir.
Observemos la cronología de este presunto entramado:
1. 2012: La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CAR CVS) expide el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Humedal Berlín. Desde ese momento, es un área protegida, un ecosistema estratégico que debe ser conservado para la nación.
2. 2023: El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Montería lo incorpora, reconociendo su existencia y, en teoría, su protección.
3. Entre 2023 y 2025: La Secretaría de Planeación Municipal (Secreplaneacion) aprueba un Plan Parcial y un Reloteo para la Urbanización Vallejo. Las Curadurías Urbanas expiden licencias de construcción. ¿El problema? Todo esto ocurre en terrenos del Humedal Berlín, cobijados por el PMA de la CVS desde 2012.
La pregunta es obligada: ¿cómo es posible que un área protegida ambientalmente termine siendo urbanizada con el visto bueno de las mismas autoridades que deberían defenderla?
Esto no es un error de digitación. Esto es, en apariencia, una cadena consecutiva delictiva por omisión y acción:
· El Municipio (Secreplaneacion) aprueba lo que no debía aprobar.
· La Curaduría licencia lo que no podía licenciar.
· El Grupo Vallejo se beneficia de terrenos que, por mandato legal, pertenecen al sistema nacional de áreas protegidas.
¿Dónde está la CVS, que expidió el PMA pero permitió que se ignorara? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde están los controles?
V. La cadena delictiva: una mirada de conjunto
Lo que tenemos en Montería no son hechos aislados. Es un sistema de complicidades:
Primero: URRÁ no respeta los límites de la curva máxima roja de almacenamiento fijada por la ANLA en los últimos tres meses, agravando los riesgos de desbordamiento.
Segundo: Los últimos seis alcaldes incumplen la sentencia del Consejo de Estado de 1999, manteniendo los jarillones que deberían haber sido demolidos hace 25 años.
Tercero: La CAR CVS expide el PMA del Humedal Berlín en 2012, pero luego el Municipio, con el POT 2023, aprueba planes parciales que lo vulneran.
Cuarto: Secreplaneacion y las Curadurías expiden licencias en área protegida, legalizando de facto la invasión de un humedal.
Quinto: VEOLIA incumple el OTRO durante una década, y la interventoría CONSULCOR lo permite, mientras el Municipio, que debería sancionar, tapa el presunto peculado.
VI. Exigencia ciudadana: que los nombres se conozcan
La ciudadanía tiene derecho a saber:
· ¿Quién era el Secretario de Planeación que aprobó el Plan Parcial y el Reloteo de la Urbanización Vallejo en el Humedal Berlín?
· ¿Qué Curaduría Urbana expidió las licencias de construcción en esa área protegida?
· ¿Qué funcionarios de la CVS han permitido que su PMA de 2012 sea letra muerta?
No se trata de señalar sin pruebas. Se trata de exigir que los organismos de control—Procuraduría, Contraloría y Fiscalía—investiguen esta triple condena: la sanitaria (por el contrato fallido de VEOLIA), la judicial (por el desacato de los alcaldes) y la ecológica (por el concierto urbanístico en el Berlín).
VII. Conclusión: Montería no aguanta más
Montería no puede seguir siendo rehén de la omisión y la componenda. No podemos aceptar que mientras unos pocos hacen negocios con el suelo de protección ambiental, la mayoría de la ciudadanía soporte inundaciones, olores ofensivos y un sistema de salud pública al borde del colapso.
La ley existe. Las sentencias existen. Los planes de manejo existen. Lo que falta es voluntad política y control efectivo.
Que este artículo no sea una voz más en el desierto. Que sea el inicio de una exigencia colectiva: investigación, sanciones y, sobre todo, soluciones de fondo.
Porque Montería merece algo más que limpiezas superficiales. Merece justicia ambiental, sanitaria y urbanística.
Por una Montería que cumpla la ley, que respete sus humedales y que le cumpla a su gente.
