“Nunca vayas a una cárcel”


 

Hay una crisis humanitaria en las cárceles del país a la que nadie quiere atender.

 “No existe una crisis carcelaria; hay una política de estado ajena al respeto de los derechos humanos de la población reclusa y debe modificarse”. Esta frase, que llama la atención a primera vista, corresponde al título de una carta que Hernando Tangarife Soaza, líder del Movimiento Nacional Carcelario de La Dorada (Caldas), envía a la sociedad colombiana. En ella hace alusión a su cruda realidad. Mensajes y llamadas telefónicas se reciben a diario en las organizaciones de derechos humanos con la pretensión de expresar su desesperación, angustia y hasta, irónicamente, como lo hace Hernando, llamar la atención y la solidaridad de quienes se encuentran extramuros.

 

 

 

Entre el abandono y el hacinamiento

En el último año se han desarrollado huelgas de hambre y manifestaciones pacíficas que personas privadas de la libertad por delitos comunes, detenidas políticas y de guerra, han adelantado para llamar la atención sobre esta situación en las cárceles. El 4 de febrero de 2013, los presos del patio tres de la cárcel Palogordo en Girón (Santander) adelantaron una jornada de desobediencia en la cual exigían al gobierno nacional y al Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) cumplir con lo exigido por los estándares internacionales, las cuales se venían violando.

Frente a la situación interna, afirmaban: “Este patio solo cuenta con cinco duchas, (…) el agua solo la ponen una hora en la mañana, una hora al medio día y media hora en la tarde; o sea, para que 187 internos puedan bañarse, nos toca hacer 37 turnos de cinco internos, lo que indica que más o menos por interno, nos toca solo un minuto veinticinco segundos de agua, aclarando que si el servicio es de media hora de agua nos corresponde de a 50 segundos por interno para el baño”.

El hacinamiento, pese a las denuncias, sigue en aumento. Cárceles cuyas celdas han sido diseñadas para dos reclusos hoy cuentan con tres o más, sin importar las condiciones climáticas. Situación que en el caso de Palogordo se expresa en: “Le toca a un interno dormir tirado en el suelo, la celda no cuenta con el servicio de agua toda la noche para poder realizar nuestras necesidades básicas y fisiológicas, quedando obligados a realizar las deposiciones en una bolsa y sin ninguna privacidad”.

Prohibido enfermarse

Los tratados y acuerdos internacionales que optan por garantizar los derechos de las personas detenidas, como el derecho a la vida y a una atención médica oportuna, no se cumplen.

El pasado 14 de marzo, el Movimiento Nacional Carcelario (MNC), que se creó con el fin de exigir el cumplimiento de los derechos de los reclusos, denunció que en lo transcurrido de este año, solo en el complejo penitenciario de Cúcuta: “Han muerto cuatro compañeros, el último caso se trató de nuestra compañera Gladis Callejas Naranjo”. Afirman: “Nos están sometimiento a la pena de muerte”.

El caso de Gladis fue denunciado con antelación en la personería municipal, en el Ministerio Público, el Inpec y Caprecom con el objetivo de exigir un tratamiento inmediato, pero nunca hubo respuesta. Sus compañeras de celda tuvieron que anunciar una huelga de hambre indefinida con el fin de llamar la atención y que Gladis pudiera ser atendida por un médico. Este anuncio funcionó. Gladis fue trasladada en pésimas condiciones y esposada a los calabozos del Palacio de Justicia, donde esperó la hora de su cita médica. Por su gravedad ella estuvo hospitalizada varios días. Sin embargo, sin realizarse un diagnóstico completo de su enfermedad, fue trasladada nuevamente a su celda. A las ocho horas de estar allí, “no aguantó más y se durmió para siempre”.

El hacinamiento carcelario hace parte de la crisis humanitaria en todos los penales de Colombia.

 

 

“La cárcel sigue siendo para los de ruana”

Así lo definen los presos políticos y la campaña Yo Te Nombro Libertad argumenta: “Durante el gobierno de Juan Manuel Santos y bajo el mandato del fiscal Eduardo Montealegre Linett, se han incrementado las detenciones en contra de los líderes sociales y políticos, argumentando que son auxiliadores de la insurgencia. Las pruebas son testigos encubiertos, y los famosos computadores de los comandantes guerrilleros que han muerto en los bombardeos, en donde sorprendentemente han resistido a las toneladas de explosivos que se lanzan desde la aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea”.

Estas llamadas “pruebas” han sido rechazadas por defensores de derechos humanos, dado el procedimiento legal mediante el cual se recaudaron y la cadena de custodia en el momento de incautar los computadores.

La Ley de Seguridad Ciudadana también ha sido un viacrucis para los líderes sociales. Durante el paro agrario de junio de 2013, miles de labriegos que se movilizaron, denunciaron la arbitrariedad de la Fuerza Pública. En cifras se habla de 660 casos de violaciones de derechos humanos, de los cuales 262 fueron detenciones arbitrarias.

Por otra parte, quienes ingresan a prisión en condición de presos políticos o de guerra padecen de tortura psicológica, aislamientos, negación de las visitas, el no traslado a sus audiencias por parte del Inpec, y en la mayoría de las ocasiones el traslado a cárceles lejos de su región, donde amigos y la familia, en la mayoría de los casos familias humildes, no cuentan con los recursos necesarios para visitarlos.

El pasado mes de marzo se realizó en Bogotá el Segundo Encuentro Nacional e Internacional por la Libertad y el Trato Digno de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”. Allí se denunció que en Colombia hay cerca de 9.500 prisioneros políticos. En este encuentro los detenidos tuvieron la palabra y acogieron la solidaridad internacional.

El encuentro también asumió en sus conclusiones elementos importantes, tales como:

Hacer veeduría a la Jornada Nacional de Protesta que el MNC inicia el 20 de abril en las prisiones del país. Sumarse a la campaña “Tramacúa Nunca Más” por el cierre de la Penitenciaria de Alta y Máxima Seguridad de Valledupar (Cesar), denunciada por los prisioneros como el Guantánamo de Colombia.

Abogar por la repatriación de los prisioneros políticos extraditados, especialmente de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, como gesto de fortalecimiento a los diálogos de La Habana. Se rechazó la extradición de colombianos, especialmente a los Estados Unidos.

Se exige al Estado colombiano la liberación inmediata de los prisioneros políticos de la tercera edad y con graves problemas de salud cuya situación es incompatible con la vida en reclusión. Se hace un llamado a la Mesa de La Habana sobre la necesidad de reconocer la condición de víctima de los prisioneros políticos, víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se exige recuperar la noción de delito político en el marco jurídico penal colombiano. La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de los prisioneros políticos, muchos de ellos víctimas de detención arbitraria y montajes judiciales.

Por Carolina Tejada

Tomado de Agencia de Prensa Rural

 

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