El sistema judicial colombiano se convirtió en el dolor de cabeza de los bancos y de las multinacionales, por no ofrecer la agilidad y seguridad jurídica suficiente para sus negocios. Sarmiento Angulo, uno de los banqueros más ricos del mundo, en el foro Colombia a los ojos de Wall Street: los desafíos económicos de la administración 2014-2018 manifestó que “entre los peores males que tiene Colombia, inclusive por encima del ‘feroz’ conflicto armado, es la justicia, que es inoperante”.
Atendiendo a sus reclamaciones y con el objetivo de favorecer el ambiente de los negocios del sistema financiero en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos y el Consejo Superior de la Judicatura, adoptaron al pie de la letra, las reformas al sistema judicial diseñadas por el Banco Mundial.
Así lo reveló el “Informe Nacional de competitividad 2013-2014” realizado por el Consejo de Privado de Competitividad, en donde se indica que para solucionar el problema de la congestión judicial en Colombia, es necesario adelantar reformas a la ley procesal (códigos) y una reforma a la institucionalidad de la Rama Judicial, que permitan solucionar el problema de eficiencia del sistema judicial.
A primera vista, cualquiera podría compartir la idea de que el sistema de justicia colombiano sea eficiente, sin embargo, cuando esa idea se persigue sobre la base de privilegiar los negocios del sistema financiero y no de garantizar los derechos de la gente, esa “eficiencia” resulta peligrosa. Así sucedió con las reformas a la salud, que se concibieron con la idea de “garantizar el acceso eficiente al sistema de salud”, sin embargo hoy somos testigos de cómo se privilegian los intereses de las EPS por encima de los derechos de los pacientes.
En Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura tiene listo un Proyecto de Acuerdo por medio del cual “se implementa la creación de los centros de servicios en los juzgados civiles y de familia de Bogotá”, que ataca a la tutela, pero cumple destacadamente los objetivos perseguidos por el sistema financiero.
El acuerdo propone sacar de los despachos judiciales la elaboración de los fallos de tutela, para entregarle dicha función a los centros de servicios que cumplen funciones administrativas y no jurídicas, lo que no tiene razón de ser dado que la sustanciación de las acciones constitucionales no es una función administrativa, sino exclusivamente judicial.
Con esta medida, los despachos judiciales se “descargarían” de la sustanciación de las tutelas para concentrarse exclusivamente en los procesos que se adelantan en los Juzgados Civiles, que en su mayoría son los del sistema financiero. Esta medida, obviamente agilizaría los procesos de los bancos, pero ¿Qué pasará con las tutelas?.
Aparentemente, dicha medida no tiene ninguna trascendencia, sin embargo, el hecho de que los encargados de elaborar los fallos judiciales, no estén bajo la subordinación y dirección del juez, sino bajo las órdenes de la nueva gerencia de la Rama Judicial, trae consecuencias altamente perjudiciales para los ciudadanos.
En la actualidad, los Juzgados Civiles están integrados por 7 trabajadores: un Juez, dos Oficiales Mayores (sustanciadores), un Secretario, dos escribientes y un notificador., quienes están subordinados al Juez. El proyecto de acuerdo, propone reducir la planta de personal del Juzgado a un Juez y dos sustanciadores y la creación de un “centro de servicios”, en donde estarán los escribientes, secretarios y notificadores que cumplirán las labores de Secretaría conjunta para varios juzgados.
En esos Centros de Servicios, los fallos serán proyectados por un grupo de Secretarios para varios Juzgados, que serán elegidos, supervisados y por ende, subordinados a la gerencia de la Rama Judicial. Esto, junto al aumento sostenido del número de tutelas, permite concluir que por la premura del tiempo y al no tener a su disposición el expediente, el Juez verá disminuidas las posibilidades de devolver el proyecto de fallo cuando considere que deba ser cambiado o hacerle correcciones.
Así las cosas, el papel de los jueces de tutela seguramente se reducirá a firmar los proyectos que envíen desde los centros de servicios, donde sin duda alguna, se trazaran criterios administrativos para la resolución de la acciones constitucionales, situación que viola la garantía constitucional de los ciudadanos de poder contar con un Juez autónomo e independiente, que no tenga hipotecado su cargo a cuestiones políticas o económicas.
Vea el documento completo sobre el Proyecto del Consejo Superior de la Judicatura sobre la Tutela
Por Karola Enriquez Arias
Abogada e investigadora
@KarolaEnriquez
