Semanas atrás la Red Colombiana de Veedurías había denunciado las irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Guajira, que hoy tienen en vilo la atención de 163.283 menores, según lo denunció la Representante a la Cámara Carolina Arbeláez.
Según la parlamentaría no se han ejecutado más de 371 mil millones de pesos que estaban disponibles desde enero para la seccional del ICBF; no obstante, ello no se materializó en la atención para prevenir el reclutamiento de los menores por parte de grupos armados ilegales, así como los riesgos propios de la drogadicción, embarazo adolescente, falta de alimento, imposibilidad de acceder a la educación y diversas formas de violencia que afectan a los niños y adolescentes del departamento del norte.
Es claro entonces que los problemas de la Guajira no obedecen a falta de recursos sino a falta de voluntad política, la cual se mezcla, indiscutiblemente, con la idoneidad de las profesionales que están al frente de la dirección general y regional. Numerosos han sido los cuestionamientos de Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora general, y Tais Elena Romero Borrego, directora de la regional Guajira, por su falta de pericia y sus intenciones reales para la toma de decisiones efectiva que les corresponde en sus roles.
El recorte de los cupos de los operadores y la búsqueda de la recisión de sus contratos, fue ampliamente denunciada bajo el comunicado que se consolidó como crónica de una hambruna anunciada. La corrupción que corroe al departamento y, ciertamente a toda la institucionalidad del país, hoy pone una vez más en riesgo a la mancillada población guajira.
Es impensable que, existiendo los recursos, se les niegue la protección de los derechos fundamentales a quienes han creído ciegamente en un cambio bajo la nueva administración nacional y regional. Pareciese ser que este departamento, que es el que paradójicamente reporta uno de los índices de mayor pobreza multidimensional (42,9% de la población), es el que reporta menor ejecución del presupuesto aprobado para este año.
¿Cuál es la justificación? ¿Qué traba administrativa puede explicar tan mayúsculo despropósito? Indiscutiblemente, las cabezas visibles son las que deben asumir la responsabilidad de lo que ocurre o no en las entidades que dirigen y, particularmente, Tais Romero es quien debe estar bajo la lupa de la ciudadanía y los entes de control, pues este impactante resultado de su gestión es indicativo de problemáticas de fondo, como su idoneidad para asumir el cargo y su genuina vocación de servicio.
Dos variables esenciales caracterizan a un buen funcionario público: la preparación específica, ardua e integral y el ánimo altruista de servir a los demás. Infortunadamente en este país acostumbramos a endiosar personajes que no han pasado por las aulas en las que se preparan a politólogos, abogados, internacionalistas, administradores públicos y todos aquellos que dedican toda la vida a estudiar cómo hacer las cosas bien para administrar lo público.
Muchas de esas mentes brillantes son opacadas por las maquinarias corruptas que envían a la sociedad el mensaje erróneo que cualquiera puede hacer política y que cualquiera puede ocupar altas dignidades. A ello se suma la mezquindad de quienes acceden al poder, incluso en las más mínimas cuotas, olvidando que se deben a todo un pueblo y no solo a sus intereses personales, o a los de aquellos que manejan los hilos de la corrupción en este país y más específicamente, en el golpeado departamento de la Guajira.
Este es un llamado de auxilio para 163.283 menores desprotegidos en la Guajira. ¡NO, no es falta de recursos, es falta de voluntad, de destreza y de transparencia!
