Por: Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Colombia no tiene presidente, sino que su destino está en manos de un personaje que, valiéndose de la democracia para llegar a la presidencia, pretende ahora ser dictador, al estilo de Chávez, Maduro, Ortega, entre otros, como emerge de sus continúas actuaciones y discursos en los cuales, además de confesar que es el jefe natural de la primera línea que incendió el país en 2021, desconoce que es el mandatario de un país democrático, sistema que se caracteriza por la división de poderes, como principio político de la forma de gobierno, en el cual los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del Estado son ejercidos por distintos órganos de gobierno autónomos e independientes, que deben ejercer sus diversas funciones siempre en colaboración armónica, como lo prevé el artículo 113 de nuestra Constitución Política.
Así, los principios de división de poderes y colaboración armónica entre ellos tiene un fundamento analítico para el cumplimiento del plan constitucional que no es otra que la cooperación y la coordinación de los distintos órganos que conforman el aparato estatal con el objetivo de satisfacer la realización de los fines estatales, que no la subordinación y/o el irrespeto de uno de ellos respecto a otro, pues, tal contexto desfigura el equilibrio que debe reinar entre ellos y rompe el Estado Social de Derecho-
Y justamente ese juego de pesos y contrapesos que debe existir en la democracia es el que continuamente “entrampa” el primer mandatario pretendiendo que las otras ramas del poder público se sometan a su querer, concentrando en él todo el todo el poder y reprimiendo las libertades individuales, lo que se denomina dictadura.
En ese ámbito, a toda costa, buscó imponer su reforma a la salud. Sabido es que lo que mal comienza mal termina. El gobierno optó por tramitar dicha reforma como ley ordinaria y no como ley estatutaria que era lo debido por tratarse de un derecho fundamental.
Pese a ello, la reforma a la salud cumplió con los debates en la Cámara de Representantes y se le impartió aprobación. El siguiente paso era el de la discusión y estudio en la Comisión Séptima del Senado. Esta Comisión está integrada por 14 senadores de los cuales 9 anunciaron y firmaron que votarían negativamente la ponencia.
Se dio comienzo a todo tipo de presiones y maniobras para tratar de conseguir la aprobación.
El gobierno anunció una ponencia alterna intentando por ese medio llegar a la Plenaria y buscando, en la conciliación con la Cámara de Representantes, obtener la tan deseada aprobación. No le funcionó.
La víspera de la votación de la ponencia negativa ocurrió un hecho de inmensa gravedad. En forma precipitada, con una motivación cuestionable que podría llegar a tipificar un delito, el Superintendente de Salud, Dr. Luis Carlos Leal Angarita, mediante resolución 2024160000003002 del 2 de abril de 2024, ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención administrativa forzosa de la EPS SANITAS, separando a su representante legal y a su junta directiva. Es lo que en el común de las personas se ve como expropiación.
Esto fue, no se dude, una retaliación por lo que ocurría en la Comisión Séptima del Senado, una presión indebida con desmedro para la salud de los colombianos para así conseguir que no se hundiese la reforma.
Cuando quedó claro el naufragio del proyecto Wilson Arias Castillo, con fundamento en el artículo 166 de la ley 5 de 1992, interpuso recurso de apelación. Se trata de lograr que una Comisión accidental decida si lo admite y una Comisión constitucional lo falle.
Pero no solo se dio el recurso de apelación. También ocurrió que el cuestionable ministro de salud corrió a decir que la constituyente de hecho que el gobierno pretende hacer aprobaría la hundida reforma. En igual sentido se pronunció el presidente, lo cual es de gravedad suma.
Ante los hechos presentados y las irregularidades presuntamente cometidas en el curso de la toma de Sanitas, la Procuraduría General, como le corresponde, abrió investigación disciplinaria contra el superintendente. Efectuada la visita, se estableció que no hay expediente que soporte la intervención a Sanitas, situación que se dio a conocer al país y que por sus repercusiones lo atemoriza.
Más aún cuando también la NUEVA EPS fue intervenida y se especula que lo mismo ocurrirá con SURA. Por su parte COMPENSAR, mediante comunicado de abril 5, informó que solicitaba aprobación de la superintendencia para «retirar de manera total y voluntaria dicho programa, del Sistema de Seguridad Social en Salud”.
El deseo presidencial de colapsar el sistema de salud, dejando de lado la vida y salud de los pacientes, lo cumplió. En marzo de 2023 Petro había anticipado en entrevista a Cambio que las EPS caerían como fichas de dominó. Dio a conocer su pretensión de quedarse con los recursos de la salud y de las pensiones. ¿Qué pasó con EPS Salud Capital durante la administración Petro? Vale recordarlo.
Al contrario, la pandemia del 2020 demostró que el sistema de salud funcionaba. Pero lo que distingue la gestión de Petro es aniquilar todo lo que funcione y si no logró destruirlo con la reforma ya comenzó a hacerlo con intervenciones presuntamente al margen de la ley.
Esto nos deja un interrogante: ¿quién va a responder por las muertes que se van a producir?
Las entidades que intervenidas invariablemente desmejoran sus servicios y varias terminan en liquidación.
¿Qué hacer ante semejante panorama? Demandar, por supuesto. Y marchar.
Es clave que avance el juicio político que tiene desesperado a Petro porque es muy probable que se compruebe la violación de topes y se le imponga la pérdida del cargo por indignidad, en aplicación del artículo 109 de la Constitución.
