Por: José Félix Lafaurie Rivera.
Hermoso municipio quindiano y también legendario cacique pijao, a quien un bandido narcoterrorista le robó el nombre como su alias en el mundo criminal.
En 2024 fue detenido en un vehículo de la UNP, porque el gobierno lo había designado “gestor de paz”, como “Aldinever”, presunto determinador del asesinato de Miguel Uribe, o “Samir”, presunto culpable del helicóptero derribado y la muerte de 13 soldados, y otros tantos que hacen la guerra y hoy dizque gestionan la paz.
En el operativo incautaron armas, ¡en un carro de la UNP!, pero, como explicó la fiscal General, fue dejado en libertad porque “no estaba cometiendo delitos de lesa humanidad”. Curiosa explicación, o peor, curiosa legislación la que permite a un bandido gestor de paz cometer delitos como el porte ilegal de armas, con pena mínima de prisión de 9 años para cualquier vecino, sin que las autoridades puedan detenerlo. ¿También podría cometer homicidio simple, me pregunto, que tampoco es de lesa humanidad?
Le confiscaron además computadores que estuvieron engavetados en la DIJÍN, como reconoció la fiscal, lo cual resultó gravísimo, porque un año después, no la DIJÍN ni la Fiscalía, sino un medio de comunicación destapa el hallazgo de unas grabaciones que comprometen a un alto oficial del ejército, a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y a la vicepresidenta de la República, en relaciones “non sanctas” con el bandido de marras para facilitarle sus acciones delictivas.
Surge entonces la pregunta de todos los escándalos, como el de la UNGRD, que amenaza con cárcel a los exministros Velasco y Bonilla; o el de las explosivas acusaciones entre Benedetti y Laura, premiadas con altos cargos, o el del robo de unas maletas millonarias, el acoso ilegal a una niñera indefensa y el triste desenlace de un oficial que -dicen- se suicidó, pero también se rumora que “lo suicidaron”. Súmenle el reciente fallo del CNE, de financiación prohibida de la campaña Petro, que compromete la legitimidad de su presidencia y tiene sancionado y con investigación penal encima a Ricardo Roa, el gerente de Ecopetrol anclado a su cargo a pesar de su desastrosa administración…, y lo que falta.
¿Todo esto a espaldas del jefe de los mencionados?, es la pregunta, porque el escándalo ha sido la impronta del gobierno Petro, pero más parece una estrategia para atornillarse en el poder, pues lo que para unos es escándalo, para el “pueblo petrista”, alimentado con discursos de odio y promesas populistas que se cuentan en votos, son mentiras de la oligarquía y el imperialismo.
Porque el “perdón social” del “Pacto de la Picota”, la “paz total”, los “gestores”, los “tarimazos”, la reincorporación de oficiales cuestionados, la aparición de un oscuro licenciado en una posición estratégica de la inteligencia del Estado, la secuencia de sus también oscuros directores, uno de ellos prófugo con ayuda de la Cancillería, así como el ocultamiento de la SIJIN y la Fiscalía sin que nada pase, y la estrategia de deslegitimar a la oposición, de la cual la injusta condena a Santiago Uribe, con testimonios que la defensa desbarató con pruebas que la justicia ignoró, es solo una muestra…; todo ello y algo más, son piezas del mismo rompecabezas: el de garantizar la permanencia de la izquierda en el poder, con recursos del Estado y apoyo del narcoterrorismo.
Calarcá es un símbolo de coyuntura. Detrás están Mordisco, las disidencias atomizadas, los elenos, el Clan del Golfo en diálogos socio-jurídicos en Doha; en fin, centenares de bandas y más de 25.000 bandidos amenazando a 52 millones de colombianos. Como ha insistido María Fernanda Cabal, detrás está… “la democracia en peligro”.
@jflafaurie
