Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
¡Colombianos, reaccionen y pa´lante!. Llegó el momento de legítimamente y por la vía constitucional demostrar nuestra inconformidad y desacuerdo con las políticas del actual gobierno. Los jóvenes, promesa de un futuro mejor, ya empezaron con la transformación. Según reciente encuesta realizada por la Universidad del Rosario y la encuestadora Cifras y Conceptos, con apoyo de la Fundación Alemana Han Seidel la juventud del país evoluciona filosóficamente, y políticamente tiende a identificarse en mayor porcentaje con la ideología de derecha. El resultado entusiasma por la oportunidad que se tiene de fortalecer los valores y principios democráticos de la sociedad y derrotar el populismo. La misma encuesta señala que el 65% afirma no sentirse representado por el hoy existente poder ejecutivo.
Entonces, es este 29 de octubre, cuando Colombia enfrentará unas elecciones regionales absolutamente cruciales que todos unidos en el rescate de nuestra patria, masivamente, debemos ejercer el derecho al voto para vencer a la izquierda radical y al Pacto Histórico, particularmente, en las principales ciudades. Este debate electoral será en la práctica un referendo en cuanto a la gestión del gobierno Petro, quien en escasos 15 meses sólo ha provocado graves crisis, cambios destructivos. Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, serán definitivas para sacudirnos del dominio de la izquierda y “encuadernar” el país.
Y para que el principio de legitimidad democrática funcione debe el gobierno garantizar que en todo el territorio los ciudadanos puedan votar libremente. Así lo ordena el artículo 258 de la Constitución Política al disponer que “(…) El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción (…)”, empero, dadas las advertencias de la Defensoría del Pueblo, sumadas a las de la Procuraduría General de la Nación, a las graves observaciones del expresidente Andrés Pastrana y al noveno informe de la MOE (Misión de Observación Electoral), y no se diga de las de la Fiscalía General, ese compromiso no se satisface a plenitud, de donde se infiere que estas elecciones están seriamente amenazadas, poniendo en serio riesgo la democracia.
Las elecciones regionales están expuestas en cerca de 200 municipios. Los que están en riesgo medio pasaron de 27 a 31, los de riesgo alto pasaron de 56 a 66 y los de riesgo extremo de 83 a 104. Solo 5 municipios pasaron de registrar riesgo medio a no presentar ninguno.
Se suma que faltando solo un día para la jornada electoral no fue posible conocer la lista de los candidatos inhabilitados en forma definitiva por el CNE. Los que se encuentren en esta situación aparecerán en los tarjetones sin poder participar en la elección. ¿Qué sucederá con los votos que se depositen por ellos? La respuesta es que se deben tener por votos no marcados que son distintos a los votos nulos.
Y, en punto a la transparencia del proceso, son muy preocupantes los hechos que impidieron el uso del software de la Registraduría para escoger los jurados de votación. Se adoptó una solución temporal, una plataforma de contingencia que no cuenta con funcionalidad de veeduría sobre el cargue y sorteo de los jurados. Circunstancia sospechosa que genera serias dudas, sin que hasta el momento alguien responda.
Además, los partidos no han hecho bien su tarea. Apenas han comenzado a entregar las credenciales a los testigos de mesa y con todas las fallas del software es probable que se arme un gran desorden frente a la acreditación en tiempo de estos testigos, con repercusiones adversas respecto a la credibilidad de los resultados.
Si bien los primeros llamados a vigilar el proceso son los propios candidatos es también claro que los partidos y movimientos deben conseguir oportunamente los abogados para los procesos de escrutinio, una vez se cierre la elección. Los testigos tienen un papel clave en la mesa pero es en el escrutinio donde finalmente se defiende a fondo la decisión del pueblo y se tramitan las objeciones.
Tampoco se tiene la totalidad de la información sobre el financiamiento y gastos de las campañas. No se aprende, no se aplican las experiencias de elecciones pasadas. Por cierto, recordemos que aún no se tiene un informe final de la elección presidencial de 2022.
Es importante señalar que los afiliados a Fecode, que tradicionalmente han sido jurados, no pueden seguirlo siendo debido a su apoyo económico a la campaña de Petro, el que se conoció hace poco tiempo.
Más aún. Perturbadora resulta la noticia de que el Gobierno y la Registraduría pidieron permiso a las Farc de Mordisco para llevar el material electoral a 21 municipios. Insólito. Tamaña situación jamás se había presentado, ni los colombianos entendemos a que “honduras” nos está llevando esta administración. En definitiva, ¡estamos peor que nunca!
Un reciente comunicado de la Mesa de Diálogos de Paz informa que, por invitación de las autoridades electorales, estará presente «en pleno» en el acto protocolario de apertura de las votaciones, el cual se realizará el 29 de octubre en Popayán. Sin embargo, poco después de conocerse esta información las autoridades se lavaron las manos.
Las desgracias que nos aquejan hoy por el mal gobierno de Petro y la corrupción que lo envuelve nos imponen el deber moral y la responsabilidad de votar como única posibilidad de enderezar el rumbo. Nuestra misión es reducir al máximo la abstención. Hay que estudiar las hojas de vida de los candidatos y votar a consciencia. Colombia nos necesita. Llegó la hora de defenderla con nuestro voto.
Petro se juega su gobernabilidad a futuro. Nosotros nos jugamos el futuro de nuestra nación. A votar, entonces, el 29 de octubre de 2023.
