Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
El ego ha sustituido lo trascendente en la gobernanza de Colombia. Olvidada está por el presidente la interacción entre el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial para unir esfuerzos en pro del bien común, como también lo están los territorios que presentan serios y humanitarios conflictos en el país, entre otros, los departamentos del Cauca, Chocó, Huila y Norte de Santander (Catatumbo), ni qué decir de la financiación a las Fuerzas Militares y a la Policía.
La aspiración de Petro, en cambio, consistió en convertirse en líder mundial, para lo cual quiso posicionar su imagen en los foros internacionales y regionales, lo que no consiguió. Y esa realidad quedó en evidencia ante el vacío para su discurso en la Asamblea de la ONU. La ira que ha dejado conocer por no lograr figuración internacional, la que se vio particularmente acrecentada por el reciente otorgamiento del Nobel de Paz a María Corina Machado y por el éxito del plan de paz de Gaza del presidente Donald Trump.
A la firma del cese al fuego entre Israel y Gaza Petro no fue convocado, lo que era apenas previsible, no sólo por los continuos ataques a los gobernantes de Israel y de Estados Unidos, sino porque su posición no fue la de buscar la paz en esos territorios, como surge de su propuesta para que desde Naciones Unidades se conformara un ejército para ir a luchar en defensa de Palestina, invitando a voluntarios colombianos que quisieran enlistarse para “luchar por la liberación de Gaza”, y expresando que él mismo estaba dispuesto a combatir. Todo su deseo decayó con la suscripción del acuerdo en Egipto.
Más para mantener su protagonismo “global” Gustavo Petro expresó el 13 de octubre desde su cuenta de X: «Colombia presentará resolución a Naciones Unidas para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza. De inmediato, la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos». Se equivoca cuando cree que puede disponer del oro incautado como si fuese “propiedad discrecional».
La instrucción que da es una expresión de la más pura demagogia y autoritarismo. Traspasa claramente los límites legales y pone en riesgo la institucionalidad. Constituye otro esfuerzo vacío del Presidente, quien no deja de emplear a los palestinos para robustecer su insustancial discurso, pero que muy poco ha materializado para asegurar la paz en el Oriente Medio.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se creó para que fuera la administradora técnica de los bienes sometidos a extinción de dominio o a medidas cautelares, que no para ser instrumento de decisiones discrecionales sobre su destino político o diplomático.
La Ley 1708 de 2014 —que regula el régimen de extinción de dominio— establece con nitidez qué debe hacerse con esos bienes, y a quiénes deben, sin posible discusión, ir los recursos, lo cual no encaja con la idea de “distribuirlos” según decisión unilateral del Presidente.
Así, el artículo 90 de la Ley 1708 confiere a la SAE la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), es decir, la entidad encargada de manejar esos bienes para fines jurídicos, sociales y de política pública.
El artículo 91 de la misma ley dispone la distribución: 25% a la Rama Judicial, otro 25% a la Fiscalía General de la Nación, 10% a la Policía Judicial de la Policía Nacional para el fortalecimiento de su función investigativa, un 5% para la Defensoría del Pueblo para el fortalecimiento de la defensa pública en los procesos de extinción de dominio y (35%) restante para el Gobierno nacional, teniendo como prioridad la reparación de las víctimas.
Y son las propias entidades Fiscalía General y Rama Judicial quienes poseen la facultad para decidir la destinación de los bienes incautados, en este caso el oro.
De mantenerse la instrucción presidencial se incurriría en ostensibles violaciones al principio de legalidad ya que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Igualmente se desfinanciaría la justicia socavando así a la institución que justamente debe perseguir los delitos que dieron origen a la incautación.
La Sociedad de Activos Especiales, administradora legal del FRISCO, no está facultada para cumplir instrucciones que vayan contra la Constitución o la ley superior. Quienes contraríen la normatividad pueden incurrir en presunto delito.
Ahora Gustavo Petro incurre en otra irregularidad al ordenar públicamente que el Batallón Colombia No. 3, destacado en el Sinaí, “se prepare para reconstruir Gaza y garantizar la paz”.
Esa instrucción es ilegal. Dicho batallón hace parte de la Fuerza Multinacional y de Observadores (MFO), creada en 1982 tras los Acuerdos de Camp David para verificar el tratado de paz entre Egipto e Israel. Su misión es estrictamente militar y de observación, no humanitaria ni política. Cualquier cambio de misión o teatro de operaciones requiere autorización expresa del Congreso de la República (artículos 173 y 189 de la Constitución), además de un tratado internacional ratificado que modifique el mandato actual.
Pretender desplazar tropas hacia Gaza violaría, además, la Ley 137 de 1994, que limita las facultades presidenciales incluso en estados de excepción, y vulneraría el principio de neutralidad activa consagrado en el Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra y la Carta de las Naciones Unidas.
Por último, es un aporte irrisorio al esquema planteado en el plan estadounidense de paz de Gaza: el presidente Trump ya había sugerido el retiro progresivo de las Fuerzas de Defensa de Israel en favor de una Fuerza Internacional de Estabilización, integrada por socios árabes e internacionales. Bajo nuestra gestión internacional previa, era previsible que Colombia hiciera parte de esa coalición, pero la parcialidad y proselitismo político de Gustavo Petro no augura la posible inclusión de nuestras FFMM.
