Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Sun Tzu expresó: “El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir”. Parodiando a diversos politólogos esa frase puede aplicarse a lo que actualmente se denomina guerra política, que se refiere a una lucha en la cual se utilizan diversos elementos para imponer la voluntad sobre un adversario. Para ello se acude a una campaña que involucra variadas actividades como, por ejemplo, desinformación a través de plataformas de redes sociales, coerción económica y operaciones de influencia sobre empresas de interés, universidades y otras organizaciones que puedan servir para lograr ese propósito.
Paul A Smith Jr. en su libro “Sobre la guerra política” demuestra que el uso de medios políticos posibilita presionar, constreñir, a un oponente a someterse a esa voluntad, en una articulación política donde las relaciones entre pueblos y gobierno afectan la supervivencia nacional combinando violencia, coerción económica, subversión, diplomacia, propaganda y guerra psicológica.
En ese espectro se encuentra el país. Con el recuerdo aún vivo de los terribles hechos del 6 y el 7 de noviembre de 1985 cuando una horda de guerrilleros del M – 19 irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia y en una verdadera orgía de sangre acabó con las vidas de 101 personas, entre ellas 11 magistrados, el presidente convocó a “la máxima movilización popular por la decencia”.
Aunque la respuesta esperada no la obtuvo de parte de la sociedad civil, el 8 de febrero del año en curso se produjo una manifestación en la plaza de Bolívar. Rápidamente derivó en asonada y los accesos al Palacio fueron bloqueados. Se trataba de activistas de extrema izquierda, entre ellos, Fecode y un grupo de indígenas, también hizo presencia personal de establecimientos públicos y funcionarios públicos. Se vio por allí a la ministra de Trabajo y a Cielo Rusinque, en las esquinas del Palacio. ¿Qué hacían allí ? Y al frente de la asonada, José Cuesta, antiguo miembro del M – 19 y actual concejal de Bogotá.
Como apartar de la memoria los hechos trágicos vividos en el Palacio de Justicia si los manifestantes portaban banderas del M- 19. ¿Qué interpretación dar a esto? ¿Se trataba de una advertencia a los magistrados y empleados del Palacio de Justicia sobre lo que les podría ocurrir? ¿O era una forma de revictimizar a la justicia de nuestro país y a cuantos sufrieron el atroz crimen del 6 de noviembre de 1985?
Esas expresiones de quienes no han desarmado sus corazones suscitaron gran zozobra entre Magistrados y el personal que labora en el Palacio de Justicia y temor en la población civil.
Lo cierto es que desde los albores de su gobierno (desgobierno) Petro ha estado haciendo llamados a diversos grupos para que salgan a la calle. En uno de sus primeros discursos quería que salieran los hombres, las mujeres y aún los niños a las calles y plazas como «ríos» de gente. En ninguna parte del discurso explicaba el objetivo de eso.
Posteriormente lo intentó con las enfermeras. Quería que salieran a las 5 de la tarde a las calles frente a los hospitales para debatir la propuesta reforma a la salud. Nunca dijo qué pasaría con los pacientes.
En otra ocasión vimos llegar en «chivas» a una gran cantidad de indígenas que se alojaron en carpas en el parque Tercer Milenio. Venían a marchar en apoyo de las reformas propuestas por Petro.
Ahora, el 2 de febrero de 2024, el presidente convocó a la movilización social y advirtió a los organismos internacionales que contra su gobierno se gestaba un golpe de Estado desde el ente acusador. “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular”, dijo Petro.
Mientras los simpatizantes del presidente gritaban arengas y bloqueaban el Palacio de Justicia, todos los magistrados de la Corte Suprema cumplían con su deber, sesionar para elegir a quien debe dirigir los destinos de la Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte, ante la risible versión sobre el supuesto intento de desestabilización del gobierno, la CIDH abusivamente intervino en los asuntos internos de Colombia, y el presidente procedió a las 10.37 am del 13 de febrero de 2024 desde su cuenta de X a indicar: “Se pronuncia la CIDH sobre la terna de fiscal y la Corte https://oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/031.as
Similar actuación tuvo al día siguiente la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su representante Juliette de Rivero, por lo cual Gustavo Petro desde su cuenta de X, el 14 de febrero a las 10.17 am, expresó: “La representación del consejo de Derechos Humanos de la ONU pide la elección de la nueva fiscal. Ya no es el pueblo de Colombia solo, que es el verdadero soberano, ahora es el mundo. Se trata de cumplir con la Constitución y con la decencia”.
Las actuaciones de la CIDH y la ONU no están dentro de sus competencias por cuanto la elección de Fiscal General de la Nación en ningún momento ha supuesto violación a los derechos humanos de nadie. Ha estado ajustada a las normas y procedimientos previstos en la Constitución y en las leyes vigentes.
Estos organismos se han confundido con los relatos que la extrema izquierda extendió a la CIDH. En el caso de la oposición, representada por el Centro Democrático, el presidente se despachó contra ella en inadmisibles y calumniosos términos: “Nosotros somos miembros del sistema interamericano y del sistema de naciones unidas, firmamos tratados que hacen parte de nuestra constitución. Quieren que nos aislemos del mundo y rompamos nuestra constitución porque quieren continuar el genocidio contra el pueblo, el narcotráfico y la corrupción.”
No, presidente Petro, no intente confundir, no cambie la verdad que se impone por los hechos. No mienta.
El presidente está atrapado en los graves problemas de su campaña, tanto por sus familiares, quienes están siendo investigados, como por la ya demostrada violación a los topes de la campaña. Quiere distraer con esas presiones que rayan en chantaje. Eso no es de recibo, de ahí su afán por la elección de quien debe suceder al fiscal Barbosa.
Las Altas Cortes están rodeando a la Corte Suprema y esta deberá suspender esa elección hasta tanto el gobierno le proporcione seguridad, garantías, protección. La sociedad civil reclama respeto por la independencia de la Rama Judicial.
Pildorita. La constante amenaza de los indígenas y ahora con un “batallón» llamado Jaime Bateman Cayón, es otro intento de meter miedo a la sociedad civil. Esto es claramente apología del delito. Nuestra Constitución deja claro que sólo hay unas únicas FFMM en Colombia.
