Por: Rafael Rodríguez-Jaraba*
La ineptitud, la incapacidad y la torpeza de Gustavo Petro es proverbial, y sumada a sus ocurrencias y dislocados desvaríos, es directamente proporcional a la desilusión, la frustración y el desengaño que hoy experimentan la mayoría de los ciudadanos que ilusionados creyeron en su perorata de cambio, y quienes, cada día, advierten que Petro es un auténtico remedo de presidente.
Para lo único que Petro ha servido, es para destruir, para disociar y para dividir, así como para intentar pervertir el Estado Democrático de Derecho y sus instituciones republicanas.
Su ruinoso cuatrienio, por fortuna, empieza a terminar y el balance de su gestión es más que paupérrimo. La gobernabilidad territorial se ha perdido; el imperio del narcotráfico, fortalecido; la delincuencia, acrecentado; los cultivos ilícitos, ampliado; la fabricación de narcóticos, masificado; el déficit fiscal, agudizado; la deuda externa, aumentado; la salud, arruinado; la educación, reducido; la economía replegado; la inversión, contraído; y, el gasto superfluo, suntuario y abusivo, multiplicado.
La desvergonzada corrupción en su parodia de gobierno campea, y su codicia y voracidad es insaciable. Si bien Colombia ha padecido este cáncer desde tiempos inmemoriales, durante el gobierno Petro, se volvió insuperable.
Su perversa “Paz Total”, no ha hecho nada distinto a promover y aumentar la criminalidad y la villanía. Gracias a esta obtusa ocurrencia, la nación está asolada por la barbarie, asediada por grupos narco terroristas y sitiada por la delincuencia. Pareciera que a Petro le conviene entronizar la anarquía, como estrategia para intentar perpetuarse en el poder o para cederlo a uno de sus obsecuentes y dóciles alfiles.
En suma, nunca antes como ahora, la democracia había estado tan amenazada; de ahí la superlativa importancia de elegir bien al próximo presidente. La nación desde ahora, debe prepararse para salvar el Estado de Derecho, recomponer las instituciones republicanas, restituir la seguridad, imponer el orden y redimir la economía.
Si bien la política hastía, y produce escozor y desconfianza, y, además, a muchos nos asquea y repugna, la grave situación que vive la nación, exige que todos los demócratas nos interesemos en ella con ánimo patriótico, cívico y democrático, independientemente de nuestras inclinaciones ideológicas, políticas, doctrinarias o partidistas. La continuidad de la democracia está en juego, y no podemos permitir que Petro y su banda la destruyan, y conviertan a Colombia en una narcocracia, en cueva de criminales y en templo de impunidad.
Es momento de confluir hacia un frente democrático leal y amplio, desprovisto de ambiciones personales, trampas y artimañas, y de integrarnos en torno a la defensa del Estado de Derecho para decidir, entre libertad y democracia, o anarquía y comunismo.
El próximo presidente, cualquiera que sea, y ojalá fuera una mujer, estará abocado a reconstruir la democracia y recomponer la economía, y para lograrlo, deberá, ante todo, imponer el orden, la seguridad y la autoridad en todo el territorio nacional, al tiempo que deberá diseñar y ejecutar reformas estructurales que corrijan las desigualdades sociales.
Además, deberá ser implacable en la lucha contra la corrupción, solvente en economía, acendrado en administración, efecto a la planeación, obcecado por la educación, paladín del orden y respetuoso de la ley y la justicia, sin cejar en la guerra frontal contra el terrorismo y el narcotráfico, y menos en la lucha contra la pobreza y la exclusión.
Para acortar el camino hacia el desarrollo, deberá renunciar al conformismo que depara la evolución previsible de un modelo económico conservador, incapaz de modificar la realidad del mercado y tan solo bueno para atacar los efectos y no el origen de la causa de los problemas.
La meta cimera de su mandato deberá ser, la construcción de un nuevo modelo económico audaz y sostenible, capaz de: ensanchar la industrialización y la producción; dinamizar la generación de empleo; resolver las necesidades básicas de la población vulnerable; ampliar y mejorar la salud; universalizar y despolitizar la educación pública; promover la investigación; fomentar el emprendimiento, y; fortalecer la justicia, para así poder alcanzar y mantener la paz que asegura la gobernabilidad.
Respetando con celo los derechos a la libre asociación, a la iniciativa y a la propiedad privada, deberá detener la concentración de la riqueza de algunos sectores abusivos, y propender por la redistribución de ella, pero solo a partir del trabajo, la productividad y la competitividad, y solo así, logrará consolidar la democracia y desterrar la demagogia populista que asola el hemisferio.
Cerrar la brecha entre pobres y ricos es urgente y no da espera; pero hacerlo, otorgando subsidios y ayudas paternalistas que aumenten el déficit y el endeudamiento, es engañoso y peligroso por insostenible.
La política fiscal en Colombia es amorfa, repentista e irracional, causa desigualdad, obstruye el crecimiento, desalienta el empleo, castiga el consumo y otorga injustos beneficios a sectores solventes.
Para promover inversión, reducir pobreza, aumentar demanda y alentar la inversión, es prerrequisito abolir todos los impuestos directos e indirectos al empleo, al consumo y a la adquisición de bienes de capital, así como los tributos a los combustibles y alentar la producción ambientalmente sostenible de ellos.
El nuevo, o mejor, la nueva presidente, tendrá que acometer una reforma fiscal inspirada en equidad, no para aumentar sino para disminuir tributos, en la que los impuestos sean proporcionados y progresivos al ingreso y exonerados de ellos la canasta familiar, la salud, la educación, la vivienda, el transporte, los bienes de capital y todos los servicios públicos domiciliarios, al tiempo que deberá ser implacable contra la elusión y la evasión. De hacerlo, mejorará la calidad de vida de la población, así como la disciplina y el recaudo fiscal.
También deberá restituir la competencia en el mercado financiero, racionalizar las tasas de intermediación, acabar los abusivos cobros de los servicios bancarios y detener la escalada de precios concertada por sectores protegidos que abusan de su posición dominante.
Una tarea tan ingente, compleja y exigente, demanda carácter y formidables capacidades, cualidades y virtudes, de ahí la necesidad de elegir una persona que las aúne y que, en lo posible, sea un estadista y no un político, y que su gobierno sea de unidad nacional en el que converjan las mejores y más esclarecidas y encumbradas inteligencias del país.
Por mi parte, considero que el próximo presidente de Colombia, debería ser una mujer; una mujer íntegra y con carácter, preparada para gobernar y capaz de hacernos sentir gobernados. Le llegó el tiempo a la mujer de gobernar, pero sin improvisar.
Como bien lo dijo el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, “en el 2026 tendremos que hacer un estallido democrático en las urnas”, yo diría, “Un Estallido cívico y democrático en las urnas, que nos devuelva al sendero de la democracia, la libertad, la seguridad, el orden y el desarrollo”.
¡Manos a la obra, porque Colombia es nuestro bien superior!
P.D. Feliz Semana Santa para mis pacientes lectores.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Profesor de Derecho Constitucional, Comercial y Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
