Por: Germán Calderón España.
Como lo escribí hace 8 años en mi libro “La Inocencia en el Sepulcro, Una Historia de Falsos Positivos”, en las últimas décadas, esta nefasta práctica ha constituido, sin duda alguna, el capítulo criminal más escalofriante, absurdo y vergonzoso de nuestra historia, ni siquiera comparable con la maquinaria asesina de Pablo Escobar y las mafias del narcotráfico que asolaron al país en los 80 y los 90.
La realidad de los falsos positivos se desató en Colombia a partir del descubrimiento de fosas comunes con cadáveres de jóvenes de Soacha mostrados como bajas en combate entre el ejército nacional y la guerrilla de las FARC. En esa época se reportaron cifras escalofriantes incluidas en informes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual hacen parte el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la Nación: 7.763 desapariciones se reportaron en el año 2008, fecha en la que el ministro de defensa nacional era Juan Manuel Santos Calderón -desde julio de 2006 hasta mayo de 2009- y quien posteriormente llegara a la Presidencia de la República (2010-2018) en una campaña electoral fundada, aparentemente, en la continuación de la política de seguridad democrática que le dio resultados al presidente Álvaro Uribe Vélez.
Ese “aparentemente”, surge ahora cuando el ex ministro Santos confesó ante la Comisión de la Verdad que, en su ejercicio, sí se utilizó esa práctica macabra para mostrar resultados positivos en la lucha contra la insurgencia, dejando muchas dudas, entre ellas, la responsabilidad que se le podría encauzar ante los estrados judiciales por estos crímenes.
Santos ha sostenido, que, como lo cuenta la historia, esa perversa práctica provenía del mercado negro de seres humanos que engordaban el “body count” de ciertas brigadas del ejército vietnamita del sur. Estudiando sobre estas operaciones ilegales, los militares ejecutaban pobladores y los hacían pasar como enemigos muertos en combate. Tanto en Vietnam del Sur como en Colombia, entre mayor número de bajas dadas en combate los milicianos obtenían honores, recompensas pecuniarias y permisos. Aquí, lo hacían bajo la égida de una circular expedida por el Ministerio de Defensa Nacional que, a todas luces, de acuerdo con la afirmación categórica de Uribe, respecto a que ésta no hacía parte de la seguridad democrática, se trató de una interpretación errónea de la misma, por la cual han respondido muchos militares de rango medio.
El procedimiento aplicado consistió, como quedó plasmado en mi investigación “…en el reclutamiento de jóvenes inermes seleccionados del vasto ejército de desempleados marginados e indigentes, de aquellos que pululan por las calles de nuestros pueblos y ciudades en el que jugaba un papel importante una prostituta o un informante y quienes bajo engaño y una falsa promesa de una plaza laboral, los conducían a parajes rurales apartados y los acribillaban en masa por soldados que en últimas los presentaban como guerrilleros dados de baja en combate en un acto de barbarie y perversión sin límites, sin antecedente alguno en la turbulenta historia de nuestro país.”
Develada esta situación por el personero de Soacha de la época Fernando Escobar, sobrevino una purga en las filas del ejército colombiano, la cual, como lo sostiene Uribe, se dio inmediatamente cuando su ministro Santos le informó que 27 altos oficiales estaban incursos, presuntamente, en esos actos criminales. Así estalló el escándalo.
Ahora resulta extraño, que el ex ministro Santos diga ante la Comisión de la Verdad que no compartía la política de defensa del gobierno Uribe, pues, en la normalidad, es imposible trabajar con un jefe con el que no se alinean los diversos puntos de vista con los que se manejan los programas y las políticas públicas, máxime cuando su campaña política para la presidencia se soportó en ella misma, en el sostenimiento de una mano dura contra la guerrilla, especialmente contra el más fuerte grupo armado ilegal que operaba en todo el territorio nacional como era las FARC, a las que, él mismo, no dejaba de llamar “terroristas” y “narcotraficantes”.
El punto que advierto con énfasis y como el más insólito de la confesión de Santos, se desprende de la afirmación de Uribe respecto a que, su ministro, jamás le manifestó la inconformidad con sus políticas, porque si se hubiese constatado esa discordancia, con toda seguridad, Santos habría salido del ministerio y como consecuencia, no habría sido elegido presidente de la República, pues reitero que su campaña electoral se fundó en los resultados de la política de seguridad democrática de Uribe.
Otro aspecto que deja dudas en relación con las aseveraciones de Santos en su confesión, es el hecho de evidenciarse el mayor número de falsos positivos -ejecuciones extrajudiciales-mientas se desempeñó como ministro de defensa, a lo que Uribe, muy sutilmente, dice que él no eleva una denuncia contra su ministro, quedando en el aire que, por el contrario, si bien la denuncia no es formal, es pública.
Algo que es difícil de comprender, es la forma como una persona se desempeña en un gobierno con una política de seguridad, dentro de la cual, su principal alfil, es el ministro de defensa, que no la comparte y sin embargo, quien regentaba dicha posición, erigió su presidencia.
Queda en el ambiente, después de la confesión de Santos y la respuesta de Uribe, que el primero, le miente al país.
Muy triste, porque durante todo el proceso de paz fui defensor del mismo, pensando en lo que siempre me ha dicho un amigo: si el proceso impide una sola muerte, ya es necesario e importante.
