Por: Rafael Rodríguez-Jaraba
Mientras tenga vida, no olvidaré, perdonaré, ni dejaré de repudiar, el horrendo crimen cometido por la banda terrorista M-19 contra el Palacio de Justicia, y el vil asesinado de un centenar de ciudadanos, entre ellos, de 11 Magistrados.
Sí, y es que no hay peor error que ignorar u olvidar la historia, y peor aún, si, por ser reciente y adversa, permite evitar que se cometan los mismos despropósitos y yerros que en ella se narran.
Se cumplen 39 años del Día de la Infamia; la sangrienta toma del Palacio de Justicia a manos de la banda criminal M-19, la que, auspiciada por el Cartel de Medellín, pretendió tomarse el poder, así como el control del máximo foro de la justicia colombiana para destruir los expedientes de los narcotraficantes que en aquel momento iban a ser extraditados.
Los colombianos vivimos 2 días y noches de vigilia, espanto y terror, en los que fueron vilmente asesinados cerca de un centenar de ciudadanos, entre ellos, los magistrados más esclarecidos que recuerde la nación, así como soldados de la patria, trabajadores de la rama judicial, abogados litigantes y visitantes ocasionales. La pérdida para la Justicia fue inestimable e irreparable, al punto que, desde ese nefasto momento, no ha podido recuperar su brillo y majestad.
Lo ocurrido no fue un hecho episódico o incidental; fue la consumación de un acto criminal de lesa humanidad, concebido, premeditado y articulado por un puñado de mentes perturbadas, cegadas por anacrónicas ideas comunistas y fletadas por el narcotráfico para perpetrar la más repugnante y execrable barbarie.
Sobrecoge admitir que, el Holocausto del Palacio de Justicia y la inmolación de las mentes jurídicas más lúcidas y encumbradas del país, es otra evidencia de la impunidad que campea en Colombia, y muy similar, a la cínica y desvergonzada que impuso Juan Manuel Santos, desconociendo la voluntad mayoritaria de la nación con la complacencia de un Congreso fletado y una Corte Constitucional politizada, así como a la que Petro pretende entronizar, mediante la mal llamada «paz total«, la que premia la violencia, remunera la delincuencia, estimula el narcotráfico y empodera la criminalidad.
Al final de tan doloroso pasaje de nuestra historia republicana, los criminales del M-19 fueron indultados y gratificados, las víctimas burladas, el Estado responsable de repararlas, y los militares cuestionados y condenados por defender el Templo de la Justicia.
No siendo suficiente tanto desvarío, quienes cometieron tan aleve atrocidad, nunca han demostrado el menor asomo de vergüenza, arrepentimiento o enmienda, y, al contrario, tanto ellos como algunos de sus hijos, hoy gozan de prebendas y privilegios, y se han valido de tamaños desmanes para concentrar poder y acumular fortunas a costa del expolio del erario.
Qué bueno fuera, que con la misma intensidad y sentimiento con que los colombianos celebramos los triunfos episódicos y efímeros del combinado nacional de futbol, manifestáramos nuestro duelo, luto y repudio ante semejante barbarie. Pero no, el país carece de sensibilidad y de memoria colectiva, y, como dicen algunos “lo que no fue en tu año no fue en tu daño”.
Es evidente que la nación se mantiene sumida en una profunda amnesia y difícil será que recupere la sensatez y el buen juicio; no obstante, es bueno rememorar algunos hechos ciertos, así tan solo sirva para recuperar de manera temporal la memoria.
La falta de un ideario mínimo de valores hace de Colombia, una nación en la que, a tumbos, se repite y repite su desventurada historia, y, en donde, la pasión vence a la razón, los principios pierden con la conveniencia, a los valores los derrota el utilitarismo, el despropósito aniquila la cordura, y, la honestidad es apabullada por la villanía. Es triste reconocer que, en Colombia, solo mejora lo físico y aparente, más no lo fundamental y esencial, como es la educación, la seguridad, el orden y la justicia.
Cómo me hubiera gustado vivir en otra época y en una nación, donde la sinrazón no fuera la razón, y en la que, para discutir no se maltratara, para discrepar no se irrespetara, para protestar no se destruyera y para marchar no se vandalizara; pero aquí nací y no me resigno a la violencia, a la indiferencia, a la indolencia, y a la tolerancia frente al delito, y menos, a la neutralidad cómplice ante la felonía.
Perdón por soñar con una patria educada, culta y civilizada, y con una democracia sólida con instituciones pulcras, respetables y respetadas, de manera que nunca llegue a ser gobernada por un puñado de narco criminales como los que hoy orondos frecuentan el Congreso de la República y reciben los favores de la justicia espuria y politizada que administra la mal llamada JEP, la que se nutre y sustancia de la perniciosa, dislocada y parcializada Comisión de la Verdad.
Qué horror, que quien hoy ocupa la primera magistratura del Estado, haya sido y, al parecer, siga siendo, miembro de la banda criminal M-19, tal y como lo demostró en su posesión, al celebrar un acto criminal como lo fue el robo de la espada de Bolívar, y quien, cínica y desvergonzadamente, lo sigue demostrando con sus diarias ocurrencias que hacen apología del delito.
Solo, con la adopción de un sistema de educación fundamental integral, inmune a ideologías enajenadas y regresivas, y fundido sobre principios y valores democráticos y republicanos, podremos modificar la triste realidad que padecemos y a la que peligrosamente nos hemos ido acostumbrando.
Honor a la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia, paz en sus tumbas, y, rechazo, rechazo, repudio y condena a los criminales del M-19 que vilmente las inmolaron.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mag. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
