Por Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
Ya es común que al primer mandatario del país se le olvide que es el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. De manera que traspasa sus responsabilidades a funcionarios de menor nivel. Así, si Colombia ya no ocupa el segundo lugar en exportación de café, obedece al manejo de la ministra de agricultura. Si hoy importantes zonas del país están siendo devoradas por las llamas es por falta de previsión de las autoridades, departamentales y municipales. No repara en que el fenómeno del Niño, ampliamente anunciado, exigía adoptar las medidas adecuadas para contener los incendios que muy probablemente ocurrirían.
Más no obstante su obsesión por “discursear” sobre el cambio climático y el medio ambiente, la conducta seguida fue disminuir el presupuesto para los bomberos y para las Fuerzas Militares en 2024, razón por la cual carecen de los elementos y recursos necesarios para hacer frente a la emergencia que se presenta. Son, precisamente, ellos quienes están arriesgando aún su vida para salvaguardar la de otros y detener el fuego, el que ha destruido hectáreas de bosques que necesitarán años para recuperarse.
Ocurre que en todo gobierno hay cargos técnicos y cargos políticos, pero es esencial no politizar nunca los primeros.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es una importantísima entidad esencialmente técnica creada en 1983 con ocasión del terremoto que destruyó Popayán. Años después tuvo ocasión de mostrar toda su capacidad de respuesta cuando otro evento sísmico afectó al Eje Cafetero.
Esta entidad coordina el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, el que en la actual crisis ha brillado por su ausencia.
Infortunadamente, durante este gobierno que lleva apenas 17 meses de gestión, la UNGRD ha tenido tres directores.
Inicialmente Gustavo Petro nombró a Javier Pava Sánchez, ingeniero geológico de amplia experiencia. Estuvo solo 8 meses en el cargo pues tuvo serias discrepancias con el presidente quien le exigió la renuncia.
Le sucedió, por encargo temporal, Luis Fernando Velazco, quien duró un mes escaso al frente de la entidad.
Se designó, entonces, al economista Olmedo López quien en su hoja de vida solo registra experiencia política, aunque desde Antioquia se dejó saber que también la tenía en gestión ambiental, riesgo de desastre, cambio climático, transición energética. Nada de esto se ha visto. Hoy, por decisión de la Contraloría General de la República se encuentra suspendido como consecuencia de su falta de respuestas sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa, en Putumayo, y Piojó, en Atlántico.
Es tanta la falta de previsión y planificación que Petro ordenó activar los protocolos de ayuda internacional y Perú, Chile, Estados Unidos y Canadá atendieron el llamado a cooperar en las tareas de contención y erradicación del fuego.
De acuerdo con el reporte de la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD se reportan 25 incendios forestales en el territorio del país. Están distribuidos así : 12 en Cundinamarca, 4 en Boyacá, 2 en Antioquia, 2 en Norte de Santander, 2 en Bogotá, 1 en Cesar, 1 en La Guajira y 2 en Santander. No incluyeron el que se desató en Puerto Gaitán cerca de la bocatoma del acueducto.
Las mayores destrucciones suelen ser causadas por el agua o el fuego. Acaban con todo a su paso. El color rojo que tienen en las noches los cerros orientales es señal de la gran tragedia que está ocurriendo. Petro, fiel a su costumbre de gobernar desde X, parece acabar de descubrir los efectos del Niño. Citando al “Ideam en cuanto que los efectos de la crisis por calentamiento se extenderá a todo febrero y parte de marzo”. Por ello dispuso acudir a los protocolos de ayuda internacional.
Le sería muy útil leer las denuncias del concejal Daniel Briceño quien en X acaba de demostrar que la UNGRD se gastó en 2023 $ 58.382.256 827 millones únicamente en contratos de prestación de servicios. Y qué hay de los equipos?
La ley 1575 de 2012 establece que la gestión integral del riesgo contra incendio, entre otros, constituye “un servicio público esencial a cargo del Estado” y en su artículo 3º señala que “Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la planeación, las regulaciones generales y la cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y la atención de rescates en todas sus modalidades (…)”, luego, si bien a los departamentos se les asignan las funciones de coordinación y complementariedad de la acción de los municipios y de intermediación de éstos ante la Nación, es lo cierto que es el Estado el llamado a satisfacer las necesidades de este servicio público, lo que de haberse cumplido habría evitado que el país ardiera.
Bogotá no escapa al abandono en que se encuentran los bomberos. Más de la mitad del parque automotor está fuera de servicio. La anterior alcaldesa no se preocupó por su dotación y no hizo caso de los señalamientos de corrupción en el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.
Está en curso una contratación por 14.000 millones para adquisición de automotores de extinción de incendios. Se anticiparon 6000 millones y se ha sabido que uno de los proponentes no puede continuar.
La corrupción es tan o más grave que un incendio.
Hoy vemos como los bomberos de Bogotá, asistidos por los soldados de la Patria, la Fac e integrantes de la Defensa Civil, tratan de contener el incendio de los cerros orientales, al igual que en el resto del país.
Es un terreno abrupto, escarpado, sembrado de abismos, extremadamente peligroso.
La sociedad civil ha mostrado su solidaridad con nuestros héroes. Ellos son admirables desde todo punto de vista. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor que ejecutan.
Dios los proteja.
