Por: José Félix Lafaurie Rivera.
“La guerra se acaba cuando se transforman los territorios y la vida de las comunidades”. Con esta frase, Juliette de Rivero, representante de la ONU para los Derechos Humanos, terminó la presentación de su informe sobre Colombia durante 2023.
Con la salvedad de que no sufrimos una “guerra”, sino una condición endémica de violencia narcoterrorista, la frase es una versión “contracara” del reclamo reiterado del gremio ganadero: “La paz pasa por la recuperación del campo”, que ahora llaman “los territorios”.
En ese contexto, en lugar de acercarnos, nos alejamos de la paz, porque en lugar de la presencia creciente del Estado en los territorios —una obvia recomendación—, el informe señala que “continúa la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales…”.
En 2023, la ONU identificó 206 municipios donde la violencia impactó los derechos de la población; un fenómeno que se extiende a las ciudades: Cali está entre cuarto de impacto “crítico” y Bogotá entre las de impacto “Muy Alto”.
Esta es, sin embargo, una versión conservadora de la realidad. En 2023, la Defensoría identificó que, por cuenta de grupos ilegales, 113 municipios estaban en riesgo extremo y 286 en riesgo alto de hechos de violencia y del ejercicio libre del sufragio.
Las cifras de esta alerta son un mapa del control territorial. El Clan del Golfo (AGC) está en 331 municipios, el ELN en 231, las disidencias FARC – EMC en 234, Segunda Marquetalia en 65, Comandos de Frontera en 24 y otras en 34; además de grupos sin identificar en 24 y herederos de las AUC y EPL en 187, precisando que en cada municipio pueden estar uno o más grupos.
Vuelvo a la presentación del informe ONU, porque su conclusión es contundente: “La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población”.
No obstante, a pesar de la “dureza” del informe, la ONU no abandona sus sesgos. Se cuentan los asesinatos de líderes sociales, ex Farc y ejecuciones extrajudiciales, pero no aparecen los derechos humanos de los policías y militares asesinados.
Se insiste en cumplir el Acuerdo con las Farc y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como aporte a la paz en los territorios, pero a la ONU, aparte de tímidas alusiones a “fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población en los territorios” parece producirle urticaria hablar del fortalecimiento de la seguridad y de la Fuerza Pública.
Es grande la preocupación porque los grupos armados ejercen control sobre juntas de acción comunal y organizaciones de base, pero ninguna por el ataque a la producción agropecuaria, generadora de empleo y soporte de la sustitución de economías ilícitas.
Se recomienda fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales para hacer “estado en sus territorios”, pero no se habla de la cooptación de las autoridades locales del Estado colombiano por parte de los grupos ilegales.
Se considera “esencial” empoderar las organizaciones con “medidas de protección colectivas para resistir a la presión de los grupos armados en sus territorios”; pero la ONU nunca recomendaría empoderar a los gremios agropecuarios con “medidas de protección colectivas” como los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz de FEDEGÁN, también “para resistir la presión de los grupos armados”.
Comparto el diagnóstico: La gobernabilidad de Colombia está en riesgo, pero rechazo sesgos omisivos e insisto en dos cosas: la urgencia de quitarle el territorio a los bandidos y el derecho de los productores agropecuarios a colaborar pacíficamente con las autoridades para su seguridad.
@jflafaurie
