Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Colombia está de plácemes por el hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República. Aunque el resultado de las votaciones, tanto la electrónica como la manual, fue apretado: 49 votos por el No y 47 por el Si, lo cierto es que la negativa obtuvo la mayoría requerida y así se hundió la consulta en medio del júbilo de la nación.
Y no era para menos porque el pueblo estaba enterado por el primer mandatario (1 de mayo – Bogotá) y por el ministro del Interior (25 de abril – Yopal) que la consulta no tenía como propósito beneficiar a la clase trabajadora, aunque fuera la careta que se usaba, sino que su objetivo era anticipar el pulso electoral para las elecciones de 2026 y distraer la atención de los colombianos frente a los graves y continuos actos de corrupción del gobierno, rompiendo, de paso, el equilibrio entre pesos y contra pesos de la democracia.
Quizás, por ello, tras conocer el legal resultado de la votación inmediatamente se produjo una muy peligrosa reacción del ministro Benedetti, perdedor indiscutible de la jornada. En medio de gritos y amenazas intentó agredir físicamente al secretario del Senado, alegando un inexistente fraude. Ya más calmado chateó con Gustavo Petro, según reveló el periodista de Semana Guillermo Torres, indagando sobre quién debía convocar a una huelga general y a quién se le decía que lo hiciera.
La reacción de Petro abre un nuevo capítulo en la historia de las confrontaciones políticas. También expone al país a graves riesgos institucionales, sociales y de orden público. Desde China llamó absurdamente, entre otras, a organizar cabildos abiertos y movilizaciones populares, en todos los municipios.
Olvido el presidente que de conformidad con la Ley 1757 de 2015 el cabildo abierto es de origen popular, no de autoridad pública, y se trata de una reunión pública de ciudadanos para discutir asuntos de interés colectivo y que sean de competencia de la respectiva corporación: asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, así como juntas administradoras locales.
Entonces, deben interpretarse las palabras de Petro como un llamado a un nuevo ciclo de protestas masivas que pueden degenerar en confrontaciones violentas. El mandatario será directamente responsable de los desórdenes que se produzcan y no podrá excusarse diciendo que fue una reacción del pueblo.
La historia reciente, especialmente la del paro nacional de 2021, nos muestra que una movilización social sin una logística controlada ni canales institucionales puede derivar en caos urbano, bloqueos, vandalismo, enfrentamientos y destrucción. Ese es el probable escenario de su irresponsable llamado, el que ya comenzó.
Tratando de entender su reacción solo se puede pensar que enfureció (qué falta de autocontrol) al saber que su plataforma política, fincada en la consulta, murió. No la puede revivir por decreto ni es posible una nueva votación. No obstante, se conoció que el próximo lunes 19 pretende presentar nuevamente esta consulta valiéndose de un tema relacionado con la reforma a la salud.
Desde China, en una acción temeraria, carente de análisis y de información, denunció un presunto fraude. Lo comparó con el que se dice tuvo lugar el 19 de abril de 1970, fecha que marcó el nacimiento del movimiento M-19.
Y no paró. Acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de cerrar la votación mientras ingresaban votos favorables, impidiendo así la aprobación de la consulta.
En la Plenaria del senado estaban presentes 96 senadores y electrónicamente votaron 47 por el hundimiento y 45 por la aprobación. Así quedó registrado a las cuatro de la tarde. Más tarde se dio el voto manual anotado en una hoja amarilla por el secretario del Senado. Registró dos votos por el No y dos por el Sí. Total 96 votos, lo que corresponde a la integridad de los participantes.
En su precipitada alocución desde China Petro desconoció, nuevamente, la separación de poderes. Solicitó al Senado repetir la votación argumentando falta de garantías.
La consulta popular propuesta por Petro surgió tras el hundimiento de su reforma laboral en marzo. Aunque la consulta fue rechazada, el Senado, en una jugada maestra de la mesa directiva, en particular del Presidente, senador Efraín Cepeda, decidió revivir la reforma laboral, lo que plantea un nuevo escenario político.
La situación actual refleja una profunda polarización política en Colombia, con un mandatario presidencial incendiario que busca impulsar su agenda reformista mediante la movilización social y una oposición que cuestiona sus métodos y acusa al gobierno de intentar socavar las instituciones democráticas.
Mediante la firme decisión de 49 senadores Colombia evitó un gasto de más de 750 mil millones, dinero con el que no se cuenta y que, de estar disponible, debe servir para el sistema de salud que se encuentra en estado agónico, la educación, vivienda, etc., temas que sí mejoran la calidad de vida de las clases menos favorecidas, que no para con recursos públicos subsidiar los intereses del actual gobernante.
El hundimiento de la consulta representa un revés político para Petro. Esto ha provocado en él una reacción sin precedentes. El mandatario pretende convocar un paro nacional.
Esta decisión, lejos de ser un simple llamado ciudadano, podría constituir una grave extralimitación de funciones.
El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, debe garantizar el orden público y la estabilidad institucional. Convocar a un paro —una figura tradicionalmente usada por sectores sociales para presionar al Estado— podría ser interpretado como un acto de sedición o instigación a la alteración del orden público, lo cual pondría al mandatario en el terreno de un presunto delito.
