Por Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
Se denomina coherencia a la unidad que existe entre lo que se piensa, se dice y se hace, lo contrario es la incoherencia, dislate éste que no puede ni debe rodear a un buen gobierno, porque es la coherencia la esencia del pacto social entre gobernantes y gobernados. Cuando el gobernante rompe o destruye esa conexión se produce un fraude o engaño a la sociedad, lo que consecuencialmente conduce a la pérdida de autoridad, de forma tal que aunque siga al frente del cargo no está legitimado para continuar dirigiendo la sociedad que lo eligió.
Los habitantes de Bogotá aún recordamos las promesas de campaña de la actual alcaldesa quien, entre otras cosas, aseguró enfáticamente que no habría transmilenio por la carrera séptima y que el Esmad sería «el último de los recursos en las manifestaciones”. Pero calló que utilizaría ese recurso contra protestas pacíficas.
Sabido es que siempre que se pretenda adelantar una obra pública de impacto es claro, por expreso mandato de la ley, que hay que socializar el proyecto y no hacerlo a espaldas de la comunidad. La mandataria y su equipo han sido inconsecuentes con sus iniciales planteamientos y con el cumplimiento de la ley. Desde los inicios de la pandemia, en el 2020, la Alcaldía se apoderó de varias vías de la ciudad y las convirtió en ciclo rutas. Nunca tuvo en cuenta a los propietarios de vehículos que pagan el impuesto de rodamiento. Ese fue el primer grito de guerra contra el uso del automóvil particular.
Persecución que se ha vuelto un continúo en su administración, entre otras, por ejemplo, la reducción de la séptima de norte a sur y el arbitrario pico y placa impuesto recientemente. En ese contexto, los residentes de El Chicó, agrupados en la Corporación que lleva ese nombre, fueron quienes se dieron a la tarea de informar sobre el proyecto “Corredor verde de la séptima», que conocieran con ocasión de la mal llamada «Co-creación ciudadana». Se supo que se pretende ejecutar el «corredor» en tres tramos, a saber: de la calle 26 a la calle 32 , de la calle 32A a la calle 93 y de la calle 93A a la calle 200, lo que conlleva al aislamiento de una gran población.
En tanto, pomposamente dice la alcaldía: “Un corredor verde es un eje de transformación urbana donde la movilidad sostenible, la ecología y la historia de la ciudad confluyen y sientan las bases de un desarrollo a futuro. Es un lugar que conecta a los ciudadanos con sus raíces y el resto de la ciudad creando experiencias seguras, inclusivas, diversas y en equilibrio con la vida urbana”.
Frases rimbombantes, quizás poéticas, pero alejadas del entorno que debe soportar la ciudadanía y que, por supuesto, cada día torna más invivible a Bogotá.
Lo que sí lograron fue manipular a desprevenidos ciudadanos con el uso de la palabra «verde» y sus connotaciones ambientales. La realidad, después de conocer las exposiciones de expertos en movilidad, es que este proyecto ocasionaría un caos sin precedente y la tala de más de 2000 árboles con sus nefastas consecuencias. Los supuestos defensores del medio ambiente causarían un arboricidio sin precedentes.
Además, no obstante que afirman que el proyecto fue socializado, es lo cierto que la gran mayoría de la gente ubicada sobre la carrera séptima entre las calles 26 y la 200 no fue tenida en cuenta. El corazón financiero y de servicios de la ciudad, situado en la calle 72 con la carrera séptima y su área de influencia, hasta donde se tiene información, no fue invitado a opinar sobre el proyecto.
Entonces, la comunidad del Chicó y sus alrededores, preocupada, convocó para el 21 de febrero a los habitantes del sector y de los barrios comprometidos a una jornada pedagógica tendiente a demostrar, a través de los análisis de expertos, las graves consecuencias que tendría para la ciudad el llamado «corredor verde».
Temprano, la ciudadanía concurrió al encuentro en la sede del museo del Chicó. Entre los asistentes se encontraba un gran número de adultos mayores y se consiguió algo impensable, reunir a concejales de diferentes partidos.
Pasadas las 8 de la mañana, cuando ya se había cumplido la actividad pedagógica que en la práctica mostró el caos vehicular que se tendría en la ciudad, sin mediar intervención alguna de los gestores de convivencia de la alcaldía, se presentó el Esmad a arrojar gas y bombas aturdidoras para disolver la pacífica protesta.
La autoridad distrital utilizó “el último recurso” contra una comunidad cero violenta, que legítimamente ejercía su derecho a protestar pacíficamente. Muy mal! Quedó en evidencia que imparte un trato muy diferente al dado a la primera línea y a manifestantes agresivos.
Pero, los participantes tuvieron su recompensa. Esta desmedida intervención del Esmad frente a medios radiales, televisivos y escritos que estaban presentes, publicitó el inconveniente proyecto de una manera que no se habría logrado sin ellos. Por fin todos los capitalinos quedaron informados de lo que sucede.
La calle será el escenario de confrontaciones futuras. Podemos ahora decir que la alcaldesa se dio un tiro en el pie al enviar al Esmad contra adultos mayores.
También envió el Esmad para disolver el paro de taxistas en la capital, contrariando lo que expuso con ocasión de las protestas, bloqueos, desmanes del 2021, que no quería a la policía y menos al Esmad en las protestas sociales. La incoherencia de la mandataria le resta toda legitimidad para seguir administrando la ciudad y pone de manifiesto su estulticia e incapacidad para gobernar.
Pildorita: Recientemente se conoció un proyecto de acto legislativo que permitiría expedir una ley para el funcionamiento del juicio nacional anticorrupción y del cual tomó distancia el Instituto Anticorrupción. Esta ley crearía una nueva sala en la Corte Suprema, con más magistrados, y abriría la posibilidad de una comisión anticorrupción de la Onu, como la que presidió en Guatemala Iván Velásquez. Muy inconveniente por donde se lo mire. Cacería de brujas.
