Por Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
El país ha retrocedido alarmantemente en Salud Pública debido a una crisis multifactorial, cuyo principal componente corresponde al “vuelco” que este gobierno le ha venido implementando al sistema de salud existente que, si bien no era perfecto, gozaba de gran aceptación en la población de Colombia y aún en el exterior. Ahora, se vienen perdiendo los avances obtenidos en las últimas décadas, como lo revela el aumento de peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela por el derecho a la salud referidos todos a problemas respecto al acceso a ese servicio, deficiente atención, falta de entrega de medicamentos e incremento del gasto personal, esto es, por fuera del esquema de aseguramiento.
Dicha crisis ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los diferentes actores involucrados. Se ha recordado en los medios de comunicación lo dicho por Petro en punto a que las EPS están en un “dominó” por lo que el sistema podría caerse “No es sino esperar” “y entonces chu, chu, chu”, pues bien, ya se conoce el significado de su creativa expresión, no transferir oportunamente los recursos al sistema de salud, desfinanciarlo, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, y terminarlo, en perjuicio de los pacientes.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) también ha señalado al gobierno del presidente Gustavo Petro como el principal responsable, argumentando que una deuda acumulada de aproximadamente $4 billones, con una mora superior a 600 días, ha afectado gravemente el flujo de caja necesario para la adquisición de medicamentos. La falta de liquidez siempre desemboca en la quiebra del sector afectado.
No obstante estar debidamente documentada esta situación y día a día oír los reclamos de los usuarios, en una intervención durante la ilegal transmisión del consejo de ministros, realizada antes del partido de la Selección Colombia contra la de Paraguay, el presidente Petro acusó a los gestores farmacéuticos de acaparar medicamentos y elevar los precios, e incluso amenazó con allanar dispensarios. Su tono ha sido cada vez más agresivo y hostil, acompañado de constantes acusaciones y amenazas. En uno de sus discursos denunció a la empresa Audifarma por la supuesta retención de medicamentos para la diabetes, cuando en realidad se trataba de Levotiroxina Sódica, utilizada para tratar otra condición médica. A pesar de su error, en lugar de rectificar, culpó a otros funcionarios de su gobierno, evadiendo cualquier responsabilidad.
Más lo cierto es que los operadores farmacéuticos, de naturaleza privada, están actuando legalmente, porque al ser distribuidores nacionales de medicinas tienen que acopiarlas, y entregarlas a quien las paga. El Estado es quien tiene el mayor control sobre las EPS, por las intervenciones que ha ordenado, y no gira los recursos para cancelar el valor de los medicamentos, luego la responsabilidad recae en el gobierno, a más que también es el culpable del desabastecimiento de medicamentos.
Hace unos años resultaba aterrador ver en Venezuela largas filas de gente que intentaba conseguir medicamentos. Se creía que eso no ocurriría en Colombia. Desafortunadamente hoy tenemos, en las principales ciudades, ese mismo desfile de personas esperando cubrir la fórmula médica,
El desmantelamiento del sistema de salud no es un accidente ni una consecuencia imprevista de la reforma impulsada por el gobierno de Petro. Se trata de una estrategia deliberada y persistente, como lo advierte José Darío Salazar Cruz. Ignorando las advertencias del Congreso y las órdenes de la Corte Constitucional, el gobierno obcecadamente ha priorizado una visión ideológica sobre la salud, sin considerar las realidades operativas y financieras del sistema. La insistencia en la reforma ya rechazada por el Senado y que probablemente vuelva a ser archivada, demuestra que el objetivo no es mejorar el acceso a la salud, sino concentrar el control de los recursos en el Estado, eliminando a las EPS sin definir con claridad quién asumirá esa responsabilidad
Sin embargo, en lugar de buscar soluciones concretas, el presidente Petro ha optado por la confrontación, acusando a los distribuidores de acaparamiento y ordenando acciones legales injustificadas contra empresas como Audifarma, que opera bajo mecanismos de distribución legales.
El caso de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) es otro ejemplo del enfoque improvisado del gobierno. La propuesta de reemplazar a las EPS por pequeñas unidades estatales administradas con recursos públicos, pero bajo normas de contratación privada, es un caldo de cultivo para acrecentar la corrupción, además de ser inviable en el corto plazo. Implementar una red de CAPS capaz de gestionar la salud de toda la población requiere de planeación, tiempo, recursos y experiencia, elementos que el Estado no ha demostrado tener; por el contrario, presenciando esas absurdas sesiones del consejo de ministros se ve la mediocridad de muchos de ellos. El ministro Guillermo Jaramillo, el director de la ADRES Félix Martínez y el superintendente Giovanny Rubiano expusieron su visión sobre la reforma y el sistema de salud, incurriendo en errores como el de las cifras de pacientes atendidos, lo que evidenció una preocupante falta de preparación y rigor técnico.
No cabe duda de que la crisis del sistema de salud colombiano, que se agrava día a día, es un problema complejo que requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de todos los actores involucrados. La asignación de culpas sin una estrategia clara para abordar las causas estructurales solo profundiza el problema. Es imperativo que el gobierno, los gremios y las entidades del sector trabajen conjuntamente para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. La gente está exigiendo soluciones inmediatas.
Aunque la Corte Constitucional ha exigido el pago de los recursos adeudados, el Ministerio de Salud ha hecho caso omiso. Su inacción es deliberada y debería ser objeto de acciones judiciales, pues su conducta podría constituir un presunto fraude a resolución judicial.
La vida es el bien más preciado que poseemos, y perder la salud por falta de medicamentos o atención médica es inadmisible. El deterioro del sector salud en Colombia, que en su momento fue admirado y reconocido internacionalmente, ha alcanzado niveles alarmantes. Ante el incremento de fallecimientos por causas evitables, será necesario recurrir a organismos internacionales para denunciar esta situación como una crisis provocada.
La pregunta es: ¿hasta cuándo el país seguirá permitiendo que se juegue con la vida de los ciudadanos en nombre de una reforma mal concebida e irresponsablemente ejecutada?
